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El Senado aprobó la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) que otorga más atribuciones y facultades para combatir delitos como el narcomenudeo, de competencia federal.

La ley da al procurador capitalino la atribución exclusiva para solicitar ante la autoridad judicial federal cualquier intervención de comunicaciones privadas. Y es el único funcionario con la facultad de recibir los datos conservados que generan las concesionarias de redes públicas de telecomunicaciones.

Se agregó un artículo para especificar que los agentes que den cumplimiento a una intervención de comunicaciones están obligados a someterse a los exámenes de control de confianza.

Y se ordena además la creación de la Dirección Especializada de Atención a Mujeres, Víctimas en Delitos Sexuales con la finalidad de que la PGJDF cuente con un área especializada en atención a las mujeres y, concretamente, cuando sean víctimas de delitos sexuales.

Además, se crea la Policía Investigadora, la cual sustituirá a la Policía Judicial no sólo en nombre sino en prácticas y métodos de actuación. Esta policía, que será de carácter civil, realizará citaciones, cateos, notificaciones, detenciones y presentaciones. También ejecutará las órdenes de aprehensión y otros mandamientos que emitan los órganos jurisdiccionales.

La minuta fue aprobada vía fast track, por unanimidad y sin modificaciones.

El presidente de la Mesa Directiva, Francisco Arroyo Vieyra, indicó que “se dispensa” la dictaminación de la minuta enviada la víspera por la Cámara de Diputados, para discutirla en el pleno.

El senador del PT, Ricardo Monreal, aceptó que la minuta pasara directamente al pleno senatorial pues el tema ya fue discutido ampliamente por el Senado, que incluso realizó foros en los que estuvo el titular de la PGJDF, Miguel Ángel Mancera.

En conferencia de prensa, el subprocurador de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, José Ramón Amieva, explicó que una vez que la ley sea publicada en el Diario Oficial de la Federación, sólo el procurador tendrá la facultad de solicitar a un juez federal la intervención de comunicaciones privadas.

Amieva señaló que dicha solicitud se relaciona con los casos de delincuencia organizada, sobre todo de secuestros en la ciudad de México.

“Los argumentos que tuvieron las señoras y señores diputados es establecer como facultad exclusiva por parte del señor procurador de solicitar ante la autoridad judicial federal la intervención de comunicaciones privadas; obviamente esto se relaciona en casos de delincuencia organizada”, dijo.

Abundó que en la nueva ley se precisó que quien recibiría toda la información sobre esa intervención de comunicaciones será el procurador.

En la minuta aprobada en el Senado se establece que la Procuraduría podrá perseguir el delito de narcomenudeo a partir de agosto de 2012.

Por el momento, detalló Amieva, será la Procuraduría General de la República quien continuará atendiendo los casos de venta de drogas.

Según los cálculos que en la Procuraduría han hecho, señaló que se requieren 50 millones de pesos para la construcción de cuatro Centros de Operación Estratégica (COE), los cuales sustituirán a las Unidades Mixta de Atención al Narcomenudeo (UMAN).

Será este mes cuando esté listo el primer COE, que será atendido por la PGR, y la PGJDF sólo coadyuvará en las investigaciones y puestas a disposición de los presuntos responsables.