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La exhibición mediática de presuntos delincuentes como José Jorge Balderas Garza, El JJ, y el que se permita a la televisión entrevistarlos antes de consignarlos viola el debido proceso y el derecho de presunción de inocencia, y debilita la credibilidad de las autoridades, afirmaron juristas.

También la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una sentencia reciente contra Perú, estableció que la exhibición de un inculpado ante los medios, cuando aún no ha sido legalmente procesado y condenado, afecta irremediablemente el principio de presunción de inocencia.

El investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Miguel Carbonell, y el penalista Raúl Cárdenas Rioseco cuestionaron la pretensión de las autoridades de establecer responsabilidades penales a través de los medios y no mediante juicios en los tribunales establecidos.

“Estamos creando tribunales mediáticos, una justicia para la televisión, pero esto no se corresponde ni con el debido proceso ni con el resultado que los eventuales juicios puedan tener al concluir”, dijo Miguel Carbonell.

Como ejemplo, recordó que en su cuarto informe de gobierno el presidente Calderón dijo que del 1 de enero de 2007 al 30 de junio de 2010 fueron detenidas por actividades vinculadas con el narco 113 mil personas, pero en el mismo documento se indica que la población carcelaria aumentó, en el mismo periodo, en sólo 12 mil personas.

“Esto significa que hay más de 100 mil personas que el Presidente dice que detuvieron y no están en la cárcel. O sea que los juicios se les caen: los detienen pero no son consignados, o no se abre el juicio o no son capaces de mantenerlos en la cárcel, lo que demuestra que es una justicia de fachada, mediática, sin un verdadero compromiso con la determinación de responsabilidades”.

Cárdenas Rioseco sostuvo que el otorgar entrevistas con los presuntos delincuentes a los medios de comunicación, antes de consignarlos y enjuiciarlos, viola el debido proceso, el principio de presunción de inocencia, al hacer, en este caso, que El JJ se declare culpable en una entrevista televisiva.

“Las autoridades encargadas de perseguir el delito están compartiendo lo que debía ser una investigación estrictamente ministerial, que debe tener secrecía con los medios electrónicos, y eso puede tener consecuencias como en el caso de Florence Cassez, cuya defensa ha argumentado la poca seriedad de las indagatorias en México”.

Consideró que las autoridades podrían informar de las detenciones mediante un comunicado, pero hacen las presentaciones ante los medios “por vanidad, para lograr un impacto mediático, pues lo que quieren es hacer un show, no una investigación”.

Javier Angulo Nobara, especialista del Instituto de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), consideró además que en este caso se viola el principio de imparcialidad del juez, que ya no podrá ver al inculpado como uno más siéste se confesó culpable ante los medios, aun cuando esas declaraciones carezcan de validez jurídica.