carlos.aviles@eluniversal.com.mxluz.gonzalez@eluniversal.com.mx

El procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, promovió un juicio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que anule las recientes reformas que permiten en el Distrito Federal que las personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio y adoptar niños.

El procurador ejerció la facultad que tiene para impugnar leyes y normas que considere son violatorias de la Constitución. Se trata de una atribución que su antecesor, Eduardo Medina Mora, también utilizó para impugnar, sin éxito, la despenalización del aborto antes de las 12 primeras semanas de embarazo en la capital del país.

Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos le han pedido que ejerza esa misma atribución para que impugne las reformas aprobadas en la mayoría de estados del país que protegen la vida desde la concepción y prohiben los abortos, pero no lo ha hecho.

La demanda del procurador fue recibida en la oficilía de partes del máximo tribunal, y en el transcurso de hoy se le turnará a un ministro para que decida si la admite o la desecha, aunque de antemano se prevé que el juicio sea admitido a trámite.

Sólo que durante el tiempo que tarde en resolverse el juicio, que se prevé sea de alrededor de un año, las reformas que aprobó la Asamblea Legislativa se mantendrán vigentes y, por ello, en ese lapso no se interrumpirán las bodas entre personas del mismo sexo ni las adopciones.

En su demanda, Chávez Chávez argumentó que la reforma al artículo 146 del Código Civil capitalino contraviene el principio de legalidad, pues “se aparta del fin constitucional de protección de la familia concebida expresamente por el Poder Constituyente Permanente en 1974”.

En opinión del procurador, difundida por la PGR, “la reforma parte de la tesis de que no existía protección legal del ejercicio de los derechos de las parejas integradas por personas del mismo sexo y que desean fundar una familia. Ello no es exacto, pues en el DF existe, desde 2006, la institución jurídica de la sociedad de convivencia, que tutela prácticamente los mismos derechos que el matrimonio, salvo los relacionados con la procreación y la descendencia".

En el caso de las adopciones por los matrimonios gay, las medidas adoptadas en el Distrito Federal, aseguró, se alejan del deber estatal de salvaguardar el interés superior del niño, cuya supremacía ordena la Constitución Federal y cuyos alcances establecen los tratados internacionales y han interpretado los propios tribunales mexicanos.

Lucha por 22 firmas

Confusión y enfrentamiento entre legisladores del PAN y PRI en la Asamblea Legislativa provocó ayer la recolección de las 22 firmas necesarias para presentar la acción de inconstitucionalidad ante la Corte.

Al vencerse hoy el plazo legal para presentar el recurso, los legisladores no lograban reunir las firmas y tendrán hasta hoy al mediodía para entregarlas. Los legisladores del PAN todavía no tienen la certidumbre de reunirlas, ya que ayer desde temprana hora Israel Betanzos, coordinador del PRI en la ALDF, dejó en claro que su bancada no apoyará este recurso porque no existen elementos jurídicos sustentables para promoverlo, sobre todo en materia de adopción.

Hizo un llamado al líder nacional del PAN, César Nava, a salir del “clóset” y definir con claridad sus objetivos, ya que por un lado le pide ayuda a los priístas para enfrentar a los perredistas del DF ante la Corte, y por otro, defiende las aberrantes coaliciones electorales. El panista Juan Carlos Zárraga aseguró, en conferencia, que cuenta con 21 firmas: 15 del PAN, tres del PVEM y tres del PRI.

Hasta el cierre de esta edición, PRI y PAN continuaban discutiendo, ya que hubo dos versiones de la demanda de inconstitucionalidad, una impugnando los matrimonios entre personas del mismo sexo y su derecho a adoptar, y otra solo con el caso de adopción. (Con información de Ella Grajeda)