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Un total de 441 asesores laboran en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), cifra que supera casi siete veces a los 66 diputados que la integran.

De acuerdo con información pública, para atender el pago de salarios del ‘ejército’ de asesores, el Legislativo local desembolsa cada mes un total de 6 millones 170 mil 13.50 pesos, recursos que se encuentran contemplados dentro de su presupuesto anual.

La cifra de asesores es prácticamente la misma que el número de asesores adscritos a los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados, donde laboran 477 personas con esta función, de acuerdo con datos publicados por EL UNIVERSAL el 6 de febrero de este año.

Según datos de la Oficialía Mayor de la Asamblea Legislativa del DF, actualizados hasta el 31 de diciembre de 2013, el equipo de asesores está contratado por honorarios y laboran en dos áreas.

En las comisiones y comités que integran al Legislativo local se desempeñan 178 personas, mientras que en los módulos de atención ciudadana de los diputados hay 263.

Los sueldos brutos (es decir, antes de la reducción de impuestos) de quienes apoyan el trabajo legislativo, van de los 3 mil 797 pesos hasta más de 60 mil pesos mensuales.

El último tabulador de la Oficialía Mayor no reporta las remuneraciones con nombre y monto. Pero el reporte anterior, con fecha del 30 de septiembre de 2013, registraba que las asesoras en comisiones Fabiola Correa y Bibiana Cruz ganaban al mes 65 mil 100 pesos, y sin impuestos su sueldo mensual era de 49 mil 249 pesos. La primera se dio de baja el 31 de diciembre de 2013; mientras que la segunda permanece en activo con el mismo nivel, en la Comisión de Preservación del Medio Ambiente y Protección Ecológica, que preside Jesús Sesma del Partido Verde Ecologista.

La dieta bruta de un diputado local asciende a 68 mil 893 pesos, cifra que tras la reducción de impuestos alcanza los 51 mil 904 pesos mensuales. Los asesores con nivel HD19 en la Asamblea ganan apenas tres mil pesos menos que un asambleísta.

Falta transparencia

El número de asesores con que cuenta cada diputado depende de si preside o no una comisión o comité, aunque no existe alguna normatividad que lo regule.

Únicamente el artículo 30 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa hace referencia a la labor de los asesores, sin precisar cuál es su función o perfil que deben cumplir.

El artículo precisa que cada una de las comisiones contará con una Secretaría Técnica, “la que apoyará los trabajos de la comisión y coordinará el trabajo de los asesores que tenga asignados la misma”.

Para el especialista en temas políticos y legislativos, Gerson Hernández Mecalco, hace falta transparentar la información referente a los asesores, pues no se tiene claro cuál es el perfil que deben cumplir, cuáles son las labores que realizan y tampoco el número con el que cuenta cada diputado.

Comentó que el trabajo de los asesores es uno de los más importantes al interior del Legislativo, pues son ellos quienes se encargan de elaborar las iniciativas y propuestas que habrán de determinar el marco jurídico de la ciudad.

“El tema complicado es que hay poca transparencia en la designación del número de asesores que podría tener cada uno de los legisladores y que podríamos justificarlo, porque hay muchos casos en los que son los propios asesores quienes hacen las funciones de los diputados”, afirmó el especialista.

Hernández Mecalco dijo que esta falta de normatividad provoca que en ocasiones quienes ocupan estos cargos respondan a cuotas políticas e incluso se dediquen a labores de comunicación o de asistentes.

Destacó que de acuerdo con el desempeño que ha tenido la Sexta Legislatura, la cual responde a las coyunturas y no cuenta con una agenda definida, “no es justificable el número de asesores con el que cuenta”.

Precisó que a diferencia del Legislativo local, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, sus reglamentos internos precisan las funciones de los asesores e incluso señalan algunos de los requisitos escolares y de experiencia que deben cumplir.

Y crece el gasto…

Además de este ‘ejército’, los diputados de la ALDF cuentan con el apoyo de los llamados colaboradores, que en la Sexta Legislatura ascienden a 448. En esta tabla, el salario más bajo es de 2 mil 264 pesos y el más alto alcanza los 48 mil 929 pesos mensuales.

En total, cada mes se realiza un pago total de 7 millones 952 mil 272 pesos, recursos que se obtienen de las prerrogativas que reciben cada uno de los diputados a través de sus grupos parlamentarios, así como de los cerca de 100 mil pesos que reciben los legisladores que presiden alguna comisión.

De acuerdo con la Consultoría Integralia, los recursos económicos que reciben los grupos parlamentarios por asambleísta se dividen en tres rubros: 80 mil pesos para servicios extraordinarios, 79 mil 940 pesos para trabajo legislativo y 36 mil 861, destinados a apoyos extraordinarios de asesoría: “Lo que representa que de manera mensual se entregan 13 millones de pesos a los grupos parlamentarios”.

Huecos en la normatividad

El politólogo Khemvirg Puente coincidió con Hernández en que existe un “hueco” en la normatividad de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que regule la contratación de los asesores: se verifique si cumplen con el perfil requerido, establezca evaluaciones y delimite funciones.

“Se requiere de un mecanismo de selección del personal en el que no se contrate a discreción a cualquier persona, sino a los más capacitados. Ese es el vacío que no abona a la profesionalización de la actividad parlamentaria. Si no hay mecanismo de evaluación lo que se está fomentando es el clientelismo”, explicó el politólogo.

Sobre el número de asesores con que cuenta el Legislativo local, Khemvirg Puente aseguró que no se trata de cantidad, sino que estos respondan a la productividad de los diputados. “No es que ganen mucho o poco, lo importante es que el tabulador corresponda a sus competencias y aptitudes”, precisó.

El especialista comentó que en el país existen otros ejemplos en donde el número de asesores en los congresos locales es elevado, tal es el caso del estado de Jalisco, donde creció el número de colaboradores sin criterio alguno, lo que ocasionó problemas presupuestales.