De manera frecuente cuestionamos la forma de gastar de las instituciones gubernamentales porque da la impresión de que lo hacen mal: desde el inicio, parece que asignan los recursos de manera discrecional, su ejecución tampoco parece racional y, por último, no encontramos la manera de justificar el gasto. Sin embargo, hay que tener en cuenta una obviedad: el gasto en inversión, salarios, inmuebles, contrataciones de personal y de servicios, etc., es necesario para que las instituciones funcionen, para que provean los servicios públicos y desempeñen los roles para los que fueron creadas.

Pero la desconfianza y el desconocimiento sobre el gasto público no es únicamente un problema de percepción o de desinterés, sino que tiene fundamento material en la falta de transparencia y de información con la que se toman algunas decisiones, sobre las que luego no se rinden cuentas.

En el caso de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el artículo 17 de su Ley Orgánica establece como derecho de las y los diputados ‘contar con los apoyos administrativos y de asesoría… que les permitan desempeñar con eficacia y dignidad su encargo…’. La función del Poder Legislativo, a nivel federal o local, no se limita a la elaboración de leyes. Además de eso, también es responsable de representar y encauzar los intereses y preocupaciones de sus electores, nombrar o ratificar funcionarios, y vigilar y controlar el desempeño del Poder Ejecutivo, por lo que se puede entender que este espectro amplio de responsabilidades y obligaciones hace indispensable contar con un equipo de colaboración con capacidades y preparación suficientes para cumplir con su mandato.

Esto implica, no obstante, que se debe proveer de información suficiente, oportuna y detallada, sobre el personal que labora en el órgano legislativo local. Transparentar la información del personal y los recursos en la ALDF es un elemento primordial de su política de rendición de cuentas: si no se conocen las motivaciones para ejercer los recursos, para hacer contrataciones y contar con más personal, ¿cómo puede entenderse y justificarse la decisión que implica ese gasto? ¿Cuáles son los parámetros para hacerlo?

En 2013, la Asamblea estableció dos procesos de colaboración para mejorar sus políticas de transparencia y acceso a la información, con Transparencia Mexicana, por un lado y, por el otro, con las Mesas de Diálogo por la Transparencia que organiza el InfoDF con organizaciones de la sociedad civil. En estas mesas, a partir de un diagnóstico que elaboró Fundar, Centro de Análisis e Investigación, se definieron tres grandes rubros para dar seguimiento a los hallazgos del análisis: proceso parlamentario; administración y presupuesto, y participación ciudadana. Entre ellas, se recomendó publicar de manera puntual la información sobre el personal de asesoría y colaboradores que ayudan a las y los diputados locales a realizar su trabajo. Este parece un buen momento para retomar el objetivo y seguir con los trabajos.

Cada decisión de gasto debe acompañarse de su explicación, no sólo porque se trata de los recursos de todas y todos, sino porque, de esa forma, se limitan las discrecionalidades y arbitrariedades con que se ejercen las funciones públicas.

Investigador del proyecto Ciudadanía y Parlamento Abierto en Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C.