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El consorcio constructor de la Línea 12, integrado por ICA, Carso y Alstom, y el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, se lanzaron acusaciones entre sí por las fallas detectadas en la Línea Dorada, cuyo servicio fue suspendido en su tramo elevado el pasado 12 de marzo.

El STC consideró poco serio e “irresponsable” afirmar que la suspensión del servicio era innecesaria y que las reparaciones se podían realizar en unos días o semanas, como indicó el consorcio constructor en un desplegado difundido el 19 de marzo pasado.

Por la mañana, el presidente de ICA, Bernardo Quintana, consideró que el cierre parcial de la Línea Dorada “mandó un mensaje muy claro de tipo político” y responde a una “cosa de cambio de gobierno”.

El empresario lanzó una pregunta: “¿No habrá una decisión, fin ulterior, de afectar una relación política?, ¡yo no afirmo ni digo nada, sólo pregunto!”.

Quintana insistió que durante cuatro meses (de abril a julio de 2013), el STC limitó su acceso para dar mantenimiento a las vías, ya que en ese periodo se realizaron las pruebas de los trenes que rentaron a Construcciones y Auxiliares de Ferrocarriles (CAF).

Según unos oficios del Metro en poder de EL UNIVERSAL, las empresas tuvieron acceso a las instalaciones para dar mantenimiento hasta agosto de 2013, como marca el contrato signado.

Por su parte, el director general de ICA, Alonso Quintana, dijo que su empresa tiene interés en colaborar con las autoridades porque la constructora ha trabajado durante 60 años con la administración local.

Prevén reactivar demanda

En entrevista con EL UNIVERSAL, el director general de Relaciones Institucionales, Gabriel Ibarra, advirtió que el consorcio reactivará la demanda en contra del Gobierno del Distrito Federal por alrededor de 4 mil 500 millones de pesos por obras adicionales al proyecto original, y que dio a conocer este diario en su edición impresa del 20 de febrero de 2013.

La firma retiró la pugna para entrar en un proceso de conciliación en la Contraloría General del DF, pero el tema no ha presentado avances importantes.

“El monto que estamos reclamando es poco menos de 4 mil millones de pesos. Sí, vamos a seguir con el proceso. El aspecto legal se está detallando. Sí, se sobresee la demanda que presentamos, se nos pidió que siguiéramos el proceso. Estamos trabajando. Vamos a insistir en nuestro reclamo”, dijo.

El Metro explicó —a través de un comunicado— que tanto la Contraloría General como la Consejería Jurídica están revisando este asunto para determinar, en su debido momento, las diversas responsabilidades a que pudiera haber lugar.

En este contexto, el procurador capitalino, Rodolfo Ríos Garza, informó que aún no hay denuncia penal por el incidente ocurrido en la Línea 12 del Metro.

El funcionario aclaró que una vez que la Contraloría capitalina concluya las indagatorias al respecto, las autoridades ministeriales participarán en la investigación.

“Hay que esperar los dictámenes por parte de la Contraloría y en su caso, deslindar las responsabilidades respectivas, aún no tenemos denuncia alguna en relación a este tema”, precisó el procurador.

Crisis se expande

La crisis por la Línea 12 escaló a nivel federal, ya que la Comisión del Distrito Federal del Senado de la República aprobó un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informen sobre las auditorías practicadas y sus resultados a la Línea 12 del Metro.

Y además aprobó solicitar al titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, investigue de oficio las irregularidades en la Línea Dorada. Este punto de acuerdo tiene que ser sometido a votación del pleno del Senado.

(Con información de Alberto Morales)