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A fin de impedir que la capital se convierta en “la ciudad del turismo médico del aborto”, el diputado local panista Orlando Anaya impulsa una iniciativa en la Asamblea Legislativa de Distrito Federal (ALDF) que pone como requisito a las mujeres embarazadas contar con una residencia efectiva de tres años, al día de presentar su solicitud, si es originaria del Distrito Federal o de cinco años ininterrumpidos, para las nacidas en otra entidad.

Son aproximadamente cuatro las mujeres —procedentes de diferentes estados del país— que llegan diariamente, en promedio, al Distrito Federal para interrumpir su embarazo, pues sólo en la capital pueden hacer esto sin que sean llevadas a la cárcel.

Sin embargo, el legislador blanquiazul —quien el pasado 10 de octubre presentó una iniciativa que para reformar el artículo 58 de la Ley de Salud del DF— señala que, según sus cálculos, basados en tarifas de clínicas particulares, el gobierno local gasta entre 55 y 85 millones de pesos anuales para atender a mujeres que no viven en la capital, en lugar de usar ese dinero para comprar, por ejemplo, 50 mil 440 sillas de ruedas.

“Si el aborto no es legal en Baja California, Oaxaca, Chiapas o en cualquier otro estado tiene su razón de ser; tienen un Congreso que para eso debe legislar, y el que aquí en el Distrito Federal sea legal yo creo que no es un argumento suficiente para que el número de mujeres que sea se practiquen un aborto”, expone.

Según la base de datos de todos los egresos médicos en hospitales públicos capitalinos, entre enero de 2010 y diciembre de 2012 en el DF se han interrumpido 29 mil 396 embarazos voluntaria o involuntariamente. De este total de abortos realizados en tres años, cerca de 15% correspondió a mujeres que viven en el Estado de México.

Así viajaron a la capital 4 mil 540 mujeres embarazadas en tres años: mil 651, en 2010; mil 530, en 2011, y mil 359, en 2012.

De acuerdo con Regina Tamés, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), entre 2007 y 2012, 151 mujeres en el país han enfrentado un proceso penal por abortar y 127 han sido sentenciadas y enviadas a prisión.

Fondo de apoyo

Para ayudar a embarazadas migrantes, dos activistas mexicanas y una estadounidense crearon en 2009 el Fondo MARIA (Mujeres, Aborto, Reproducción, Información y Acompañamiento), que paga los gastos de quienes viajan al DF para abortar.

Con cerca de 250 mil pesos cada año —recaudados principalmente en donativos de instituciones y ciudadanos a través de ferias, rifas y hasta conciertos—, ayudan a 400 mujeres de todas las entidades.

Oriana López, coordinadora de este fondo, opina sobre la propuesta del diputado Orlando Anaya: “La iniciativa está mal porque el costo de un aborto en una clínica de gobierno es menor a lo que el diputado asegura. Aunque estuviera correcto (el cálculo), es una injusticia decirle a alguien: ‘como tú no eres de aquí, no te doy un servicio de salud’”.