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La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) endureció las penas contra quien cometa los delitos de homicidio, robo, lesiones y daño a propiedad ajena durante una marcha o movilización.

Con 38 votos a favor, seis en contra y una abstención, la Asamblea Legislativa aprobó modificar los artículos 123, 130, 224 y 241 del Código Penal, a fin de garantizar la paz pública y castigar conductas violentas hacia las autoridades durante una marcha.

El artículo 130 del Código Penal establece que quien cause lesión a otra persona se le impondrá una pena de seis meses a ocho años de prisión y ésta se elevará en una mitad, cuando el delito se registre en contra de las fuerzas públicas.

De acuerdo con la fracción X, que fue adicionada al artículo 224 del Código, quien cometa un robo “bajo el amparo de marchas, concertaciones o manifestaciones” se hará acreedor a una pena de dos a seis años de prisión. A esta sanción se sumarán las que establece el artículo 220, que van de seis meses a 10 años de prisión y multas de 60 a 600 días de salario mínimo.

Por daño a propiedad ajena, delito sancionado por el artículo 239 del Código Penal con multas de 20 a 600 días de salario mínimo y cárcel hasta por siete años, se adicionó el artículo 241 Bis, que contempla elevar las penas hasta en una mitad.

De acuerdo con el documento aprobado, el artículo 123 —que considera una pena de ocho a 20 años de prisión para quien cometa un homicidio— fue modificado.

“Cuando el delito se cometa dolosamente contra de elementos de instituciones policiales en ejercicio de sus funciones, durante el desarrollo de marchas, concentraciones, manifestaciones o cualquier evento público de esparcimiento, deportivo o recreativo, las penas previstas se incrementarán en una mitad”, establece.

Se dividen perredistas

La aprobación de estas reformas enfrentó a diputados del PRD en torno a la supuesta criminalización que se haría contra las manifestaciones.

El diputado Arturo Santana (PRD) dijo que las reformas responden a las demandas de la ciudadanía que han exigido se castigue a quienes se aprovechan de una marcha para alterar el orden.

“Esto lo hicimos para responder a una demanda ciudadana, (registrada) en particular, a partir del 1 de diciembre del 2012, cuando en algunas marchas se registraron hechos de violencia que se han prolongado”, dijo.

Alejandro Ojeda (PRD) afirmó que, bajo el argumento de protección a policías, se pretendía maquillar el dictamen para “criminalizar y ponerle un bozal a la movilización social”, e hizo referencia al enfrentamiento de ayer entre maestros y granaderos.

“En el Monumento a la Revolución, cuando maestros de Veracruz se pretendían instalar fueron reprimidos por granaderos. Quisiera ser enfático en que la movilización es un derecho”, dijo.

Eduardo Santillán (PRD) dijo que será “muy difícil” que un juez penal pueda aplicar las nuevas sanciones debido a su generalidad.

En tanto, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) manifestó su preocupación por el endurecimiento de las penas por delitos cometidos durante las manifestaciones en el DF y dijo que se mantendrá atenta a la evolución del tema. (Con información de Claudia Bolaños)