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La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó por unanimidad el Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, que entre otras cosas establece que cualquier persona acusada de un delito será inocente hasta que se demuestre lo contrario y con pruebas científicas.

Estas disposiciones entrarán en vigor hasta el 2015.

Los planteamientos contenidos en la propuesta avalada por 55 votos permitirán solucionar conflictos con una mediación entre las partes sin que sea necesario llegar a un juicio.

Además, todos los procesos y pruebas deberán presentarse de forma oral; los jueces estarán presentes durante el proceso y se estima que los casos sean resueltos en menos tiempo. También se prevé que algunos procesos puedan llevarse en libertad.

El nuevo código contempla la figura de “cadena de custodia”, que tiene como finalidad garantizar la existencia de pruebas científicas que acrediten la comisión de un delito.

El Código señala que habrá transparencia y los juicios podrán ser públicos, pero mantiene la posibilidad de que un juez restrinja el acceso a las audiencias.

“Los jueces o magistrados podrán restringir la publicidad o limitar la difusión por los medios de comunicación masiva, cuando se pueda afectar el normal desarrollo del proceso, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores de edad o se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos”, puntualiza el artículo 5.

El diputado Jorge Gaviño, del Partido Nueva Alianza, criticó esa disposición ya que, dijo, “es violatoria de las garantías de libertad de expresión que marca la Constitución. Un juez que dicte una medida a los medios de comunicación para que se deje de sacar alguna información a mi juicio es inconstitucional y podría intentarse una ley mordaza, y es contrario a la ley”.

El diputado Antonio Padierna Luna (PRD), presidente de la Comisión de Procuración de Justicia, aseguró que la restricción se justifica, pues pretende garantizar la seguridad de las partes en un juicio.

Asimismo, explicó que la aprobación de este Código es punto de partida para la instalación del sistema penal acusatorio en la ciudad y garantizará la asignación de mayores recursos económicos de la federación para reestructurar dicho sistema.

“Para la puesta en marcha del nuevo sistema penal se requiere capacitación de defensores de oficio, jueces, ministerios públicos y abogados. Se requerirán 250 salas penales para la implementación de los juicios orales en materia penal, infraestructura de todo tipo, y se calcula que para cubrir los objetivos se requieren al menos 10 mil millones de pesos, y el gobierno federal deberá reservar recursos suficientes para que el DF lo pueda implementar”, explicó.

El diputado Jorge Gaviño, del Panal, criticó la “premura” con la que fue aprobado el Código, ya que “por un acuerdo, no nos dieron a leer lo que aprobaríamos. El interés que los mueve es por recursos y se legisló al vapor”.

Además, se aprobaron reformas al Código de Procedimientos Civiles del DF para reforzar la figura de la “mediación de conflictos” y reducir la carga de trabajo en los juzgados, así como los costos que generan los juicios civiles. La propuesta fue presentada por la diputada panista Olivia Garza de los Santos.

Con esta medida, el juez exhortará a las partes en conflicto a que acudan al procedimiento de mediación e intenten llegar a un acuerdo respecto a un convenio señalado, explicó la legisladora.