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Revelan espionaje de Edomex

María Teresa Montaño y Carlos Benavides/Corresponsal y reportero| El Universal
Martes 10 de julio de 2001
Tiene gobierno mexiquense "red de inteligencia", señalan fuentes gubernamentales. Presumen que 6 de los detenidos en el DF por escuchas telefónicas pertenecen a ese grupo. Durán: la estructura fundamental de la banda desarticulada se encuentra en ese estado.

TOLUCA, Méx. El gobierno de este estado cuenta con una "red de inteligencia" conformada por 200 empleados dedicada a la vigilancia e investigación de políticos, empresarios y líderes sociales, cuya principal característica es su oposición o crítica a la administración de Arturo Montiel Rojas.

Lo anterior según información de personal cercano a la Subsecretaría de Seguridad y a la Secretaría General de Gobierno. Además, señala que seis de los 11 detenidos en la ciudad de México acusados de espionaje telefónico podrían ser parte de esta red.

De acuerdo con los datos obtenidos, el costo anual de esta acción es superior a los 9 millones 600 mil pesos, con cargo a la Subsecretaría de Seguridad Pública y a la Dirección General de Seguridad Pública. El personal que se dedica a esta labor se encuentra adscrito a las seis subdirecciones regionales operativas de la Dirección General de Seguridad Pública, donde se reciben los reportes diarios y de labores que realizan.

Copias de estos reportes se envían al Estado Mayor de la citada dirección, al titular de la misma y a la Unidad de Información y Análisis de la propia dependencia, donde la información es clasificada y analizada.

Al final de la "cadena de mando" que recorre "la información confidencial", se encuentra el secretario general de Gobierno, Manuel Cadena, y el propio Alfonso Navarrete Prida, subsecretario de Seguridad Pública.

Existe otro Grupo de Espionaje de Élite que depende de la Secretaría General de Gobierno y del Estado Mayor de la Dirección General de Seguridad Pública, el cual realiza trabajos de "alta confidencialidad". Para sus labores cuenta con identificaciones de periodistas o de funcionarios de alto nivel. Este grupo rinde sus informes al gobernador.

Al respecto, José Luis Durán Reveles, subsecretario de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación, opinó que detrás de este delito había una red que mantenía su estructura fundamental en este estado. Manuel Cadena Morales, secretario general de Gobierno de la entidad, sostuvo que la administración de Montiel es víctima del espionaje y no la responsable de ejecutarlo.

Alejandro Gertz Manero, secretario de Seguridad Pública federal, sostuvo que el espionaje telefónico es una herramienta necesaria en las tareas de seguridad pública, pero consideró que debe ser reglamentada.

En tanto, las dirigencias estatales de PAN y PRD señalaron como responsable de esta red de espionaje al gobierno de Montiel y anunciaron que interpondrán denuncias penales.



Seis de los 11 detenidos podrían formar parte de ese grupo mexiquense. La información llega a Manuel Cadena y Navarrete Prida, aseguran.



Seis de los 11 detenidos en la ciudad de México acusados de espionaje telefónico podrían formar parte de la intrincada "red de inteligencia" del gobierno del estado, integrada por al menos 10 "cuevas" de seguridad y aproximadamente 200 personas dedicadas a la vigilancia e investigación de políticos, empresarios y líderes sociales.

La compleja estructura de vigilancia clandestina podría tener un costo anual para el erario público de unos 9 millones 600 mil pesos, con cargo a la Subsecretaría de Seguridad Pública y a la Dirección General de Seguridad Pública, donde cobran los "investigadores sociopolíticos" y "policías encubiertos" de la administración estatal.

De acuerdo con información obtenida con fuentes de la Subsecretaría de Seguridad Pública y la Secretaría General de Gobierno, los 200 empleados fueron contratados como "policías operativos", con una categoría R-3 y un salario promedio de 4 mil pesos al mes, y forman la estructura de espionaje que permite al gobierno estatal, por un lado, tomar previsiones ante posibles brotes de violencia o el surgimiento de movimientos desestabilizadores.

Además, realizan investigaciones sobre personalidades de la política, empresarios con tendencias de izquierda y de líderes sociales y de organizaciones no gubernamentales.

Los policías encubiertos que utiliza el gobierno mexiquense para infiltrar partidos políticos, organizaciones sociales no gubernamentales y pequeños grupos subversivos, están adscritos a las seis Subdirecciones Regionales Operativas de la Dirección General de Seguridad Pública.

Estas subdirecciones regionales, según la información recabada, reciben los reportes diarios y reportes de "labores especiales" que realizan el personal de inteligencia. Copias de estos reportes se envían al Estado Mayor de la Dirección de Seguridad Pública, al titular de la dirección y a la Unidad de "Información y Análisis" de la dependencia, donde la información es clasificada y analizada.

Al final de la "cadena de mando" que recorre la "información confidencial", se encuentra el secretario genera de Gobierno, Manuel Cadena y el subsecretario de Seguridad Pública, Alfonso Navarrete Prida.

La lista de personajes que han recibido "vigilancia especial" por parte de los especias oficiales, es largo. Recientemente el alcalde de Toluca, Juan Carlos Núñez Armas, "recibe marcaje personal", y la orden específica de los investigadores que lo vigilan la mayor parte del día es ubicar sus nexos con grupos empresariales y otro tipo de relaciones con agrupaciones de oposición.

Mónica Hurtado, dirigente de la "Asociación Pro-Derechos Humanos del Estado de México", fue objeto de un "trabajo especial" el año pasado, lo mismo que tres líderes perredistas identificados con ella y conocidos localmente como Serafín e Isaac, además de Óscar Aguirre, conocido líder de comerciantes identificado con el Frente Zapatista de Liberación Nacional.

Los funcionarios que coordinan las labores de espionaje en el territorio, son los seis subdirectores regionales operativos de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, Guillermo Valdez Miranda, Región Norte; David Vidal Espinoza, Valle CuautitlánTexcoco; Jorge García Silva, Región Oriente, y Fermín Monje Monje, Región Nororiente.

Existe además de esta estructura, otro "grupo especial" que depende directamente de la Secretaría General de Gobierno y del Estado Mayor de la Dirección General de Seguridad Pública.

Los llamados "identificadores sociopolíticos" realizan trabajos de "alta confidencialidad" y, por sus labores, cuentan con identificaciones de periodistas de medios nacionales o de funcionarios con cargos de alto nivel, proporcionados por el propio gobierno mexiquense.

Este grupo "especial" rinde sus informes directamente a la gubernatura y al Secretario General de Gobierno. De hecho, uno de ellos está bajo las órdenes exclusivas del gobernador Arturo Montiel Rojas.

De acuerdo con las fuentes consultadas, las seis personas arraigadas en la ciudad de México podrían ser parte de la estructura de inteligencia que complementa el sistema de espionaje estatal y que cuenta con "casas de seguridad" donde se procesa parte de la información, se le da seguimiento y se utiliza tecnología de punta para seguir los movimientos de las personas investigadas.

Las casas de seguridad están distribuidas en diversos municipios de la zona metropolitana y en la ciudad de Toluca, donde existen al menos seis de estos establecimientos dedicados al seguimiento de investigaciones, espionaje telefónico y procesamiento de información.



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