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A Zedillo no le alcanza inmunidad, dice Garzón

Silvia Otero| El Universal
Miércoles 11 de enero de 2012

Durante el sexenio de Ernesto Zedillo se llevó a cabo la masacre contra 45 indígenas tzoltziles en Chenalhó, Chiapas Archivo EL UNIVERSAL

Esta matanza derivó en la renuncia del secretario de Gobernación, Emilio Chuayfett, quien fue sustituido por Francisco Labastida Ochoa Archivo EL UNIVERSAL

El responsable de la investigación -ahora cuestionada por la Suprema Corte- fue Jorge Madrazo Cuéllar, titular de aquel entonces de la Procuraduría General de la República Archivo EL UNIVERSAL

El gobernador interino de Chiapas, Julio César Ruiz Fierro, renunció unos días después del ataque. Se le atribuye omisión para tratar de controlar los hechos sangrientos Archivo EL UNIVERSAL

Mariano Arias era el alcalde de Chenalhó, y fue quien acusó al gobernador de haber declarado: "déjalos que se maten" Archivo EL UNIVERSAL

Antonio Santiz López (i), líder de indígenas antizapatistas, fue acusado de ser el autor intelectual de la masacre. Julio César Santiago Díaz (d) fue la autoridad de mayor rango que estuvo en la zona de la masacre. Marco Antonio Bezares (c) era el procurador chiapaneco en aquel diciembre de 1997 Archivo EL UNIVERSAL

A Zedillo no le alcanza inmunidad, dice Garzn

ACUSADO. Imagen del ex presidente Ernesto Zedillo durante un congreso en Colombia en 2010. En septiembre del año pasado se presentó una demanda contra él en EU por delitos de lesa humanidad. (Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL )

El juez español Baltasar Garzón aseguró que la inmunidad no aplica para el ex presidente Ernesto Zedillo, quien enfrenta una demanda por crímenes de lesa humanidad, tras la matanza de 45 personas en Acteal, Chiapas, en 1997

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El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), invocó la inmunidad soberana que prevé la ley en Estados Unidos, a favor del ex presidente Ernesto Zedillo, a fin de que se deseche la demanda que se presentó en su contra en una Corte estadounidense por la masacre de indígenas en Acteal, Chiapas, ocurrida en diciembre de 1997.

Aunque la Cancillería se negó a proporcionar detalles sobre la petición realizada en noviembre de 2011 ante el Departamento de Estado, autoridades diplomáticas detallaron que la Embajada de México a cargo de Arturo Sarukhán se encargó de presentar la solicitud, entre otros argumentos, por el carácter de ex mandatario del demandado.

La denuncia contra Zedillo por delitos de lesa humanidad fue presentada en septiembre pasado ante la Corte Federal en Hartford, Connecticut, ya que reside en el estado y es profesor en la Universidad de Yale en New Haven.

Una decena de deudos de algunas de las 45 víctimas de Acteal, demandaron al ex mandatario por acciones y omisiones durante los hechos que propiciaron la masacre, así como de encubrimiento de los responsables.

Leyes contra la tortura

Esta denuncia es viable ya que existen la Ley de Protección a Víctimas de Tortura, que data de 1991, así como la de Protección y de Reclamos por Agravios a Extranjeros, de 1992, las cuales permiten a ciudadanos de otros países emprender acciones legales en las cortes de Estados Unidos contra presuntos responsables.

La primera norma autoriza tanto a los extranjeros como a los ciudadanos de Estados Unidos a que entablen una acción de daños contra todo individuo que practique la tortura o cause la muerte extrajudicial en el ejercicio de una “autoridad real o aparente o al amparo del derecho de cualquier nación extranjera”.

Sin embargo, los gobiernos extranjeros no pueden ser encausados en Estados Unidos, de acuerdo con la Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera (FIAS por sus siglas en inglés) que entró en vigor en 1976, que es la que invocó la Cancillería a favor de Zedillo, y que se aplica en casos de Estados o funcionarios, donde los jueces norteamearicanos renuncian a someter a juicios mercantiles, penales o financieros a un demandado.

De acuerdo con agencias noticiosas, la petición del gobierno de México presentada en noviembre para que se aplique la inmunidad soberana a Zedillo, propició que el 6 de enero pasado sus abogados solicitaran también al Departamento de Estado que se pronuncie sobre esta inmunidad legal en su calidad de ex jefe de Estado y a rechazar su responsabilidad en los delitos que se le imputan.

“Se le puede pedir su punto de vista al Departamento de Estado y si éste hace una sugerencia de inmunidad, la Corte debe rendir su jurisdicción”, argumentó la defensa del ex mandatario mexicano.

El equipo de abogados pidió a la Corte en Connecticut aguardar un tiempo prudencial para que el Departamento de Estado norteamericano se pronuncie respecto a la inmunidad soberana, si es aplicable en este caso, para sumarse a la petición de la SRE.

Roger Kobert, uno de los abogados de los demandantes, declaró a la agencia Notimex que la argumentación de Zedillo es “inapropiada” al solicitar que la Corte lo exima de toda responsabilidad.

“No es apropiado solicitar inmunidad”, dijo el abogado, quien sostuvo que todas las evidencias presentadas en la demanda cuentan con respaldado. (Con información de agencias)



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