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Antorcha campesina, una radiografía de abuso y control

El movimiento presume municipios con alta calidad de vida, pero se le relaciona con abusos y crímenes. Activistas y académicos le atribuyen homicidios, secuestros y despojos de propiedad privada

IMPUTACIÓN. La agrupación coloca y quita presidentes municipales en los municipios que ocupa y maneja el dinero del ayuntamiento para su agrupación, señalan disidentes . (Foto: Jorge Serratos / EL UNIVERSAL )

Lunes 15 de agosto de 2011 Ignacio Alvarado | El Universal05:13
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HUITZILAN DE SERDÁN, Pue.— Durante 27 años, Antorcha Campesina ha hecho de este municipio de la sierra norte de Puebla uno de sus principales bastiones, valiéndose de métodos violentos y de monopolizar recursos gubernamentales. Defensores de los derechos humanos, académicos y consejos ciudadanos han documentado presuntas ilegalidades de la organización en esa zona, que van desde homicidios, secuestros y despojo de propiedad privada, hasta la comisión de fraudes electorales para preservarse en el poder público.

Antorcha Campesina obtuvo el control del municipio valiéndose de grupos armados en 1983, sostiene José Enrique González Ruiz, director del programa de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), quien en 1990 publicó una serie de textos académicos en los que reseñó el episodio. En 20 años se cometieron en Huitzilan más de 150 asesinatos, 75% de los cuales tienen como sospechosos a líderes regionales de la organización, según Fernando Cuéllar Muñoz, dirigente del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Joel Arriaga Navarro.

El más reciente de los homicidios atribuidos a la organización se cometió el 5 de abril de 2004, en contra de José Ramírez Velázquez, un indígena que ostentó el cargo de primer alcalde de Antorcha tras la irrupción armada de 1983. Testimonios contenidos en la averiguación previa 37/2004/ZAC de la Procuraduría de Justicia de Puebla, señalan como presunto responsable al alcalde actual, Moisés González Lira. Las indagaciones, dice la viuda, María Luisa González, están paralizadas.

Huitzilan es apenas un botón de muestra del poder de Antorcha Campesina. La organización fundada a mediados de los 70 por Aquiles Córdova Morán, un antiguo profesor y miembro fundador de la Federación Nacional de Organizaciones Bolcheviques (FNOB) —grupo que convirtió a la Escuela Nacional de Agricultura en Universidad Autónoma de Chapingo—, es descrita hoy como la estructura campesina más poderosa afiliada al Partido Revolucionario Institucional (PRI), algunos de cuyos gobernantes y políticos destacados figuran como sus protectores.

El principal de ellos, dice el investigador de la UACM, fue Raúl Salinas de Gortari, quien en la década de 1980 fue director de planeación de Conasupo, dependencia a la que una auditoría de la Cámara de Diputados demostró irregularidades por mil 631 millones de pesos la década siguiente. En 1988, al asumir como presidente Carlos Salinas de Gortari, Antorcha Campesina se afilia al PRI y desde entonces su expansión ha sido permanente.

Omar Carreón Abud, coordinador de la Dirección Nacional del Movimiento Antorchista y miembro fundador, estima que en la actualidad suman más del millón de militantes, lo que les dota de un poder político hasta hoy intocado. Carreón dice que ello ha sido posible por la manera legal de sus fuentes de financiamiento y de sus acciones políticas. Nadie hasta hoy, asegura, les ha documentado judicialmente un solo hecho irregular.

Antorcha Campesina mantiene presencia en las 32 entidades federativas. En buena parte de ellas han movilizado a sus miembros para la obtención de beneficios para sus partidarios. Las más visibles y numerosas de ellas han tenido lugar en la capital mexicana donde, entre 2010 y 2011, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal les documentó 394 acciones en las que participaron 576 mil 887 antorchistas.

Sólo este año, la organización trajo a varios de sus miembros a plantones como el que se mantuvo por 67 días frente a la Secretaría de Gobernación, y para ello ha dispuesto de 5 mil 200 autobuses.

“Esa es la fuerza a la que le temen gobiernos como el de Puebla, y de hecho cualquier gobierno donde se manifiestan. Y es por eso que se les ha permitido operar con total impunidad”, dice Alonso Aco, ex dirigente del Consejo Ciudadano de Huitzilan, el único organismo ciudadano que se ha enfrentado a Antorcha.

El reclamo de las viudas

María Luisa González se ha reunido en una pequeña casa a las orillas del poblado con otras cinco mujeres a quienes les fue asesinado el marido. El expediente judicial en cada uno de los casos es el mismo, aseguran, lleno de testimonios que señalan a líderes antorchistas y sus pistoleros como autores de los homicidios, pero sin investigación ministerial que lo confirme.

En Huitzilan, dice Fernando Cuéllar, “se abre una puerta hacia el siglo XIX con crímenes terribles que no sólo se mantienen impunes, sino sepultados por la misma autoridad. El municipio opera bajo un esquema mafioso en el que los derechos humanos se violan de manera sistemática”.

Fernando Manzanilla Prieto, secretario general de Gobierno en Puebla no respondió a una solicitud de entrevista para hablar sobre el tema.

Huitzilan fue el segundo municipio conquistado por Antorcha Campesina, después de que nacieran una década antes en Tecamatlán, en la baja mixteca poblana, donde gobiernan desde finales de los 70. La irrupción violenta en 1983 estuvo auspiciada por el gobierno estatal y federal, que veían una amenaza en la Unión Campesina Independiente, asegura José Enrique González Ruiz, el investigador de la UACM.

“Lo que hizo Antorcha fue prestar un servicio de aniquilamiento de organizaciones independientes, como la UCI, que entonces se temía que estuviera organizándose para levantarse en armas en el norte del estado”, dice.

A partir de ello, agrega, el crecimiento de Antorcha se finca en el padrinazgo de Raúl Salinas de Gortari, quien prácticamente les hereda la cadena de comercialización de Conasupo.

“Después de eso, Antorcha se encargó de ocupar predios, establecer colonias completas en donde cientos, miles de familias (que habitan ahí) son afiliadas a su organización, y que ahora son los contingentes con los que presionan esporádicamente a los gobiernos para obtener concesiones y beneficios”, explica el académico González Ruiz.

Un modelo violento

El municipio de Tecomatlán, con apenas 10 mil habitantes, cuenta con instituciones educativas de todos niveles; hospital, auditorio, centros recreativos, jardines públicos e infraestructura extraordinaria para cualquier municipio de ese tamaño, y más para una zona enclavada en la región que concentra la mayor miseria del país.

La entrada a la cabecera municipal se adorna con un marco fastuoso, inaugurado en febrero por Córdova Morales, en el marco de la 16 Espartaqueada Cultural Nacional del Movimiento Antorchista.

Es una estructura de 20 metros de altura y 43 de largo, coronada con el símbolo de la organización: unas manos sosteniendo una antorcha. En su inauguración, Aquiles Córdova la describió como “un grito de luces y de piedra que le dicen a la gente que está entrando a un mundo distinto”.

La calidad de vida en el municipio es de las más altas del país, sostiene Omar Carreón Abud.

Del municipio presume no sólo su infraestructura, sino la paz social que existe. “Habría que precisar bien las estadísticas, pero en Tecomatlán tiene no menos de 15 años, sino es que 20, en los que no hay una muerte violenta ni por atropellamiento”.

Antorcha Campesina gobierna además de Tecomatlán y Huitzilan de Serdán, Tepexi de Rodríguez, en la zona más meridional de la Mixteca poblana, una comunidad igualmente pequeña que las anteriores, con alrededor de 20 mil habitantes.

Pero, sin duda, la joya de la corona la tienen en Chimalhuacán, estado de México, con casi un millón de pobladores. “Hasta este momento nuestro proyecto más ambicioso es la transformación radical de Chimalhuacán”, dice el dirigente campesino.

La manera en que se apoderaron de ese municipio siguió la misma fórmula violenta del pasado.

Métodos de conquista

El 18 de agosto de 2000, la víspera de su toma de posesión como alcalde de Chimalhuacán, Jesús Tolentino Román Bojórquez ordenó el enfrentamiento de antorchistas contra las huestes de Guadalupe Eulalia Buendía Torres, La Loba, lideresa de la Organización de Pueblos y Colonias (OPC). El saldo de la batalla fue de una decena de muertos, medio centenar de heridos y 204 detenidos.

Román Bojórquez es uno de los dirigentes nacionales que ha tenido la Comisión Nacional Popular Antorchista. La confrontación sucedió porque La Loba, entonces todopoderosa en el municipio, fue despojada de canonjías familiares y terrenos de los cuales se apoderó ilegalmente.

Román Bojórquez no respetó una serie de acuerdos, dijo La Loba en una entrevista con EL UNIVERSAL en los días posteriores, cuando decidió entregarse a las autoridades.

“Me dijo que él iba por todo, porque su gente cuando gana un municipio es para eliminar a todo el que se le ponga enfrente”, contó.

La Loba fue sentenciada a 50 años de prisión. Con ella fueron igualmente condenados su hermana María Cristina Buendía Torres, su hijo Hugo Adelaido Herrera Buendía y uno de sus sobrinos, José Adelaido Herrera Delgado. La sentencia para todos fue por los delitos de homicidio, lesiones, daños en propiedad ajena y la ocupación de edificios e inmuebles de uso público. Bojórquez siguió como artífice de Antorcha Campesina en Chimalhuacán, donde fue electo alcalde por segunda ocasión en 2009.

En junio de 2009 Antorcha Campesina llenó el Estadio Azteca con militantes de todo el país. Festejó así 35 años de existencia. El invitado de honor fue Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México. El discurso del gobernante —a quien este año hicieron un plantón con casi siete mil campesinos—, fue referencia al lema de Antorcha. “Deseo que se destierre el escenario donde muchos tengan poco y pocos tengan mucho”, dijo.


 



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