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Líderes de sociedad civil se oponen a Ley de Seguridad

Líderes de la sociedad civil pidieron a diputados que no aprueben las reformas a la Ley de Seguridad Nacional, en una jornada de alta presión política en San Lázaro
Ciudad de México | Jueves 28 de abril de 2011 Juan Arvizu Arrioja | El Universal08:35
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Líderes de la sociedad civil pidieron a diputados que no aprueben las reformas a la Ley de Seguridad Nacional, en una jornada de alta presión política en San Lázaro en contra del "documento de trabajo", que suple al procedimiento legal de discusión en comisiones y creció el tono de los pronósticos de que es muy difícil cumplir el propósito de aprobar el tema esta semana.

En la sesión del pleno, el PT filtró al debate de diversos temas sus críticas a lo que sus legisladores llamaron "Ley Peña", por atribuir a la bancada prisita mexiquense el trabajo de empujar las reformas, no a partir de la minuta que llegó hace un año del Senado, sino de, aseguraron, una propuesta que se elaboró en la Secretaría de la Defensa Nacional.

Por la mañana llegó la plana mayor del CEN del PRD, encabezada por su presidente Jesús Zambrano, con el líder en el Senado Carlos Navarrete, y junto con el coordinador en San Lázaro, Armando Ríos Píter reclamaron que el tema se vaya a un debate amplio y al dictamen en comisiones.

Otro perredista, el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, Arturo Santana Alfaro, demandó que en comisiones sean escuchados los liderazgos de la sociedad civil, que tienen el pulso de los problemas de la seguridad pública y de los riesgos reales de la seguridad nacional.

En ese sentido, el PRD se pronuncia a favor de una Ley de Seguridad Nacional que se base en la iniciativa que presentó en este periodo Alejandro Encinas, dijo Santana Alfaro, en la que se incluya en el Consejo de Seguridad Nacional la voz de los líderes sociales como Eduardo Gallo, Javier Sicilia, Alejandro Solalinde, Isabel Miranda, Alejandro Martí y otros más.

Por la tarde una veintena de líderes sociales llegó a la Comisión de Defensa Nacional y sólo encontró seis de los 30 integrantes de ese órgano legislativo y cuatro que se sumaron a la reunión. 

Con diversos argumentos todos los visitantes demandaron que no se pase la ley, porque procede en un método de revisión oscuro y compromete las garantías sociales.

Miguel Concha dijo que le preocupa saber que en San Lázaro se pretende aprobar cambios con base, no en un dictamen, sino de un documento de trabajo que no se conoce en comisiones, cuando debe ser analizado primero en la Comisión de Gobernación.

"¿Cómo pretenden esta semana última del periodo votar una materia tan delicada y sensible a la sociedad?, preguntó Concha Malo.

Ricardo Sepúlveda, director del Observatorio nacional Ciudadano, dijo que un tema como la seguridad nacional debe ser debatido de cara a la ciudadanía, con claridad en qué se legisla.  Emilio Álvarez Icaza dijo que es muy grave la falta de pulcritud del proceso parlamentario y advirtió que falta información en un tema que obliga a todos a la certeza.

 

Al mediodía de este jueves, la Junta de Coordinación Política tomará una decisión respecto del procedimiento a seguir con esta reforma.

SABRÁN SI SALE O SE DETIENE

La coordinadora de la Junta de Coordinación Política, Josefina Vázquez Mota, dijo que se analizará "si requerirá de ir a un periodo extraordinario".

 

A su vez, Alfonso Navarrete Prida, quien condujo la revisión del documento de trabajo que defendió ante representantes de los grupos parlamentarios declaró:

"Lo único que puede detener la ley son los tiempos parlamentarios, nuestros tiempos en la Cámara de Diputados".  Y en ese sentido, "creo que los tiempos están muy apretados, y lo más importante es respetar la ley (en cuanto al procedimiento legislativo".

Navarrete es un defensor del contenido de la reforma: "No existe un solo artículo o atribución que se esté dando en este periodo que viole la Constitución o viole derecho humano alguno"; lo que hace es reglamentar la facultad que tiene el Ejecutivo en materia de movilización de tropas en tiempos de paz.

De esa manera, agregó, "estamos buscando reglamentar lo que ha sido un desastre en cinco años, darle certidumbre a la sociedad para que pueda oponerse jurídicamente a la actuación del Ejército".

ES UNA LEY MALDITA

La respuesta llegó de parte de organizaciones de la sociedad civil, que enviaron representantes a una reunión con la Comisión de Seguridad Nacional, a la que sólo llegaron seis de sus integrantes, y cuando estaban preparando la retirada, uno de los legisladores, Porfirio Muñoz Ledo (PT) les explicó que difícilmente alguna vez encontrarán a la mayoría de los convocantes.

Silvano Cantú, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos dijo que el propósito de la reforma es institucionalizar el estado de excepción permanente que se padece en el país.  Advirtió que con ello se militariza la justicia penal y será un atropello de los derechos humanos.

Ricardo Sepúlveda, director del Observatorio Nacional Ciudadano, lamentó que el procedimiento legislativo vaya fuera de los cauces legales y de las normas de transparencia.  Expresó que preocupa la constitucionalidad de la ley, dado que afecta las facultades de los poderes y la distribución de competencias.  Es relevante que se aclare que habrá el pleno respeto a los derechos humanos.

Miguel Concha, del  Centro de Derechos Humanos, Francisco de Vitoria, dijo que saber que se habla sobre un tema en el que no hay dictamen es doblemente preocupante, y describió la situación irregular que existe al respecto, que puede ser "peligrosísima para el país".

Una materia tan delicada y sensible de la sociedad, dijo, debe ser analizada en la Comisión que le corresponde Gobernación, y en esa oportunidad aclarar los conceptos y terminología  que se emplea.  Dio el ejemplo con el caso de "paz", que en el documento de trabajo que revisó descubrió una "definición extraña, nunca vista, que no  compagina con los instrumentos internacionales".

Preocupa, dijo Concha, que la seguridad interior se legalice para las fuerzas armadas, que deben ser auxiliares de la fuerza civil, no ocupar su lugar: además no hay controles del estado, por lo que se debe rechazar la expectativa de un estado policiaco y militar.

Las reformas legitiman la presencia sin término de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, y eso es grave.  Además, concluyó Concha, "así nos dicen que van a sacar la reforma con un dictamen que no tienen antes del viernes, y el sábado terminan el periodo y ya tienen las maletas hechas para irse".  Y remató: "Les suplico, no lo hagan".

Edgard Cortés, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos en la Democracia, dijo que se pretende concentrar facultades en el Ejecutivo sin mecanismos de control, y se corre el riesgo de una mayor criminalización de los movimientos sociales.

Ilustró con lo que podría pasar con una huelga minera o con protestar por la construcción de una presa.  Pidió a los diputados "no la aprueben de manera acelerada, analícenla de cara a la sociedad".

EL ESTADO DE EXCEPCION ESCONDIDO

Emilio Álvarez Icaza, ex ombudsman del Distrito federal, dijo que es de extrema gravedad el ejercicio al margen de las comisiones que se ha llevado a cabo en la Cámara de Diputados.  Precisó que el articulo 6 de la propuesta da al Ejecutivo nuevas atribuciones "por la puerta de atrás" para el uso del Ejército, cuando debemos evitar la violencia.

El artículo 74 abre la discrecionalidad en la declaratoria de afectación de la seguridad interna, que son los estados de excepción de facto, explicó Álvarez Icaza.

Otro precepto, en artículo 84"abre las puertas muy peligrosas a la discrecionalidad en el uso del ejército, cuando el país todavía no sabe de la experiencia del uso de la fuerza con la que se violaron derechos humanos, por razones de Estado.

Falta dar "tramos de control" a los 33 organismo de derechos humanos, en el que el país gasta dos mil millones de pesos anuales, ya que su intervención en estos asuntos debe ser eficaz y eficiente.

Para estos fines, se debe construir una política de Estado en materia de seguridad nacional, de modo que se puedan enfrentar los riesgos reales de violaciones a derechos y garantías, y pidió a los diputados que no dejen la impresión de que legislan sobre las rodillas un tema "que puede irse a un periodo extraordinario".

EL ALBAZO SE ACABO

Porfirio Muñoz Ledo (PT), quien había salido de la reunión regresó con la información de que el presidente de la Comisión de Gobernación, Javier Corral, le había manifestado de manera formal que de ninguna manera convocará a este órgano legislativo a dictaminar el tema.

"No habrá dictamen y nada podrá pasar al pleno y con esto se para el intento de ley", dijo. Además comentó que solicitó que también se le de turno a su comisión de Relaciones Exteriores, ya que los militares no deben hacerse cargo de asuntos de política exterior, como plantea la propuesta.

Alejandro Solalinde, sacerdote defensor de los migrantes, dijo que la reforma que trata de pasar en san Lázaro, tiene un ensayo en la práctica del sur del país, donde "hemos vivido la discrecionalidad de autoridades civiles y militares, que son la ley, generadores de corrupción e impunidad".

Por eso, esta propuesta de reformas "son un desastre", agregó Solalinde, cuando los recursos del Estado se deben orientar a atender las urgencias sociales no a dar más armas al Ejército, y con ello el próximo presidente de la República "tendrá un infierno".

Solalinde concluyó: En el sur "Estamos dispuestos a dar la vida para que esto cambie".

Eduardo Gallo, dijo que el propósito de la legislación debe corregirse, pues se intenta ordenar las acciones frente a la violencia, cuando se debe ver cómo disminuirla, de manera que "la estrategia está equivocada".

Hay que privilegiar detener la violencia  entre los delincuentes, no alimentar el problema  y con los cambios a la ley piensan como dar más poder a las fuerzas armadas, como militarizar al país, cuando lo mejor sería darle el poder al ciudadano.

DEJAR DE JUGAR A LA GUERRA

Javier Sicilia, quien se identificó como padre de un hijo asesinado,  lamentó que "la clase política sólo tiene imaginación para la violencia".  Describió al propósito de la reforma como criminal, y lo están haciendo aquí adentro, en la Cámara de Diputados, amparados en la legalidad.

"Ustedes -dijo a los diputados-están jugando a sus intereses a la guerra", en la que su hijo y muchos más han muerto.  Reprochó: "El corazón de las instituciones está podrido",  y la Ley de Seguridad Nacional que se proponen sacar "va a seguir asesinando al ciudadano".

Lamentó que "nos están mandando al Ejército, lo sacan a las calles cuando son custodios de la paz, no de la guerra".

Hizo una referencia al caso de su hijo, por el que se movilizó la Presidencia de la República, el Ejército, la PGR y otras instancias, como una excepción que no debió hacerse, pero que de cualquier forma no han podido atrapar a cuatro asesinos.

A un mes del asesinato de su hijo, Sicilia dijo a los diputados: "En nombre de este dolor, no pasen esa ley, no nos traicionen".  Insistió: "Exijo, no pasen esa ley, porque si lo hacen ustedes estarán siendo criminales".

Luego Eduardo Gallo pidió a los diputados a que uno a uno expresaran si están en contra o a favor de la Ley de Seguridad Nacional. Al respecto, los legisladores de izquierda presentes dieron un rotundo "en contra": Porfirio Muñoz Ledo, Teresa Incháustegui, teresa Guadalupe Reyes, Gerardo Fernández Noroña, Enrique Ibarra.  Manuel Clouthier (PAN) dijo "estoy en contra de este proyecto".  El priista Francisco Moreno Merino, de un distrito de Cuernavaca, Morelos,  señaló "yo no voy con la ley".  Informó que dará cuenta en la bancada del PRI de los puntos de vista de las organizaciones de la sociedad civil.

Pablo Escudero (PVEM) también se pronunció en contra y la diputada Gabriela Cuevas (PAN) expresó que se pronunciará hasta estudiar un proyecto de dictamen que no existe todavía.



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