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A un año de la extinción de LyFC, el conflicto persiste

Lo expuesto por el secretario del Trabajo, Javier Lozano, como logros de la extinción, es considerado falso por el dirigente SME, Martín Esparza Flores, quien señala que los cobros por el consumo de energía son excesivos y el servicio ha empeorado
Lunes 11 de octubre de 2010 Julián Sánchez | El Universal
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 A un año de la publicación del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), el gobierno federal a través del secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, sostiene que los resultados han sido positivos con mejoras en el suministro de energía eléctrica; por ejemplo, el tiempo de interrupción por usuario se redujo de 67.3 a 19 minutos y el plazo promedio de conexión de 11.2 días a 1.7.

Dice que ahora los mexicanos pagan lo justo por un servicio que antes era inadecuado y que les costó en el último año de su existencia 42 mil millones de pesos en transferencias. Los usuarios pagaban doble: por el consumo a través de sus recibos y mantenían, con sus impuestos, a una paraestatal cuya situación iba empeorando.

“Técnicamente era una empresa quebrada”; han sido liquidados 28 mil 742 (un avance de 64.57%), de los cuales han regresado al mercado laboral 21 mil 861 y restan por indemnizarse 15 mil 790, quienes permanecen en “resistencia”.

Lo expuesto por el secretario como logros de la extinción, es considerado falso por el dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza Flores, quien señala que los cobros por el consumo de energía son excesivos y el servicio ha empeorado.

Esto se evidencia con el incremento de “apagones” y percances graves como los ocurridos en el Distrito Federal, que han cobrado vidas de trabajadores, quienes por falta de pericia no han sabido resolver problemas de una empresa sobre la cual habían diseñado estrategias para hacerla crecer financiera y técnicamente, pero el gobierno hizo una toma militar de las instalaciones negando garantías individuales.

“La mala situación de ahora es el resultado de que con el pretexto de querer extinguir ilegalmente una empresa, se quiso acabar con un sindicato, que contrario a esa pretensión, en un año se ha formado un gran movimiento nacional”.

Javier Lozano reitera: “Fue congruente, oportuna, pertinente, legítima, legal, necesaria y conveniente para la economía nacional e interés público la extinción de Luz y Fuerza del Centro, la cual fue realizada perfectamente apegada a derecho como lo validó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) actuando en pleno y por eso es cosa juzgada”.

Esparza considera que el Poder Judicial ha actuado favoreciendo al gobierno y de manera imparcial, como se ve con las autoridades laborales en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA); sobre lo que el abogado del SME, Néstor de Buen, señala que esta instancia resuelve sus asuntos de acuerdo a lo que le ordene el secretario del Trabajo y que sus resoluciones son inconstitucionales e indebidas, por lo que han sido reclamadas a través del amparo.

Para Lozano, una decisión que involucraba a tanta gente en la prestación de un servicio público de primera necesidad, tenía que estar estrictamente apegada a derecho y por ello fue que en el camino se fue defendiendo paso a paso en los tribunales lo que ya se había respaldado en el foro.

“Incluso se ha llegado a comentar que yo me anticipo a tribunales o que estamos incluso dando línea, cuando en realidad es dar a conocer lo que hicimos y como abogado dar a conocer los alcances de decreto, qué es lo que dice la Constitución, las leyes, los criterios jurisprudenciales del Poder Judicial de la Federación”.

Ni nueva empresa, ni patrón sustituto

Precisamente con base en la ley, dice Lozano, es que no proceden las demandas del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) de crear una nueva empresa, otra división para la región centro del país, ni la contratación colectiva o el patrón sustituto, lo cual ya lo han definido los tribunales.

Expuso que el gobierno federal ha cumplido con su compromiso y a la fecha se han presentado 15 mil solicitudes de empleo de ex trabajadores de LyFC, de los cuales 2 mil 16 han sido contratados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y en proceso final de ser reclutados 685, además de que hay otras 350 evaluaciones en el Servicio Nacional de Empleo (SNE) para ser completadas en las próximas semanas.

Se estima que para finales de octubre sean más de tres mil contratados por la CFE, en el marco de un proceso para el cual se ha tenido mucho cuidado en el que se procura preservar las necesidades reales de la paraestatal con el perfil y características de cada uno de los aspirantes.

Paralelamente, hasta hoy han sido contratados a través de distintas dependencias o entidades que cotizan ante el ISSSTE mil 235 personas y en el IMSS se han dado de alta 4 mil 751. Todos ex trabajadores de LyFC, que ya sea por el Servicio Nacional de Empleo o que consiguieron trabajo por sí mismos, ahora tienen una ocupación.

Además, en cuanto a franquicias que ha otorgado la Secretaría de Economía y empresas que han creado los trabajadores, se suman mil 195 personas y a través de las oficialías mayores o direcciones de administración de 11 dependencias y paraestatales, está el compromiso de emplear a cuando menos tres mil más, detalla Javier Lozano Alarcón.

Para esto, explica que están los lineamientos y candidatos, y las instancias federales deberán cerciorarse de que al menos 20% de la plantilla laboral que se requiere para estos proyectos, sean ex trabajadores de LyFC.

El titular de la Secretaría del Trabajo citó como ejemplo que si para la fabricación de bancas la Secretaría de Educación Pública (SEP) da un contrato, la empresa debe incluir en su equipo a ex trabajadores de la citada paraestatal en cuando menos 20% durante el tiempo que dure la prestación del servicio. Y el requisito para los que integren ese porcentaje es que hayan cobrado su liquidación y no tengan abiertos juicios contra el gobierno.

La toma de nota

Previo a la extinción de LyFC, hace un año la demanda del SME era que la Secretaría del Trabajo les entregara la toma de nota, que es el aval con el que se les da representación jurídica a una dirigencia sindical, y que los electricistas exigían luego de un proceso electoral impugnado por uno de los contendientes: Alejandro Muñoz. Esa demanda sigue después de un año en las principales peticiones de los smeístas.

Hay posibilidades de entregarles la toma de nota, dice Javier Lozano, pero advierte que primero tienen que ponerse de acuerdo los dos rivales: Alejandro Muñoz y Martín Esparza, para realizar un nuevo proceso electoral y reponer el del año pasado, tal y como lo ordenó la JFCA, como resultado del pleito legal.

Alejandro Muñoz dice estar disponible a llegar a acuerdos, pero pone condiciones como el que sea la JFCA la que organice el proceso. Esparza informa que el Comité Central ya lo está haciendo. El primero plantea que sólo sean 13 carteras por las que se vote y el segundo que sean las 26 que integran la dirigencia. Este último menciona que los liquidados no pueden votar, su contrincante, que sí.

El hecho, coinciden los actores en el conflicto, es que éste no será fácil de desvanecerse totalmente, pues evidentemente cada quien defenderá sus posturas.

 

 



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