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Senado argentino aprueba polémica ley de medios

AP| El Universal
05:59Buenos Aires | Sábado 10 de octubre de 2009
La ''Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual'', que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados, fue sancionada por 44 votos a favor y 24 en contra casi 18 horas de ininterrumpido debate

El Senado sancionó el sábado con holgura una polémica ley de medios de comunicación impulsada por el gobierno de Cristina Fernández que según la oposición y los principales medios podría terminar por coartar la libertad de prensa.

La ''Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual'', que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados, fue sancionada por 44 votos a favor y 24 en contra casi 18 horas de ininterrumpido debate.

La nueva norma reemplaza a la ''Ley de Radiodifusión'' sancionada en la última dictadura militar. Según el gobierno, la nueva ley impedirá la formación de monopolios y permitirá una mayor pluralidad de opiniones.

''La iniciativa es moderada y democrática'', dijo el titular del bloque del oficialismo, Miguel Angel Pichetto, durante el debate. ''Además, permite que las empresas puedan tener una posición adecuada, pero no dominante''.

Para la oposición, en cambio, la nueva ley reemplazará el actual oligopolio por un monopolio del Estado o de empresarios afines a la mandataria y a su esposo y antecesor Néstor Kirchner.

''Muchos van a festejar como si fuera un gran triunfo'', dijo el jefe del bloque del partido opositor Unión Cívica Radical, Ernesto Sanz. ''El gobierno se encierra en una tiranía de las mayorías parlamentarias''.

Frente al Congreso, miles de manifestantes celebraron la sanción de la ley con cánticos, aplausos, bengalas y con el sonido de elementos de percusión.

La movilización fue organizada por grupos afines al gobierno y alcaldes ''kirchneristas'' de la provincia de Buenos Aires. También estuvo presente el movimiento juvenil peronista que lidera el hijo del matrimonio presidencial, Máximo Kirchner.

''Estamos saldando una vieja deuda con la democracia'', dijo la senadora oficialista Liliana Fellner.

Uno de los puntos más controvertidos de la ley es el referido al organismo encargado de controlar su cumplimiento, cuyo directorio estará conformado por siete miembros: dos designados por el Poder Ejecutivo, tres por el Congreso (uno por la mayoría, los restantes por la segunda y tercera minoría) y dos elegidos por un consejo federal de comunicación que representará a los gobiernos provinciales. En el contexto actual, el oficialismo tendrá el control del directorio, algo que algunos temen pueda usarse para amedrentar a los medios críticos.

Este organismo será el encargado de adjudicar, prorrogar y anular las licencias para la explotación del espectro radioeléctrico.

Uno de los principales afectados por la ley es el Grupo Clarín, uno de los más importantes de América Latina, que en el plazo de un año deberá desprenderse de radios AM y FM, canales de televisión abierta y de cable que superen los nuevos límites para la propiedad de licencias.

La anterior legislación autorizaba a una sola persona jurídica ser titular de hasta 24 licencias de radio y televisión. En la nueva ley el máximo permitido es de 10.

Clarín mantiene una tensa relación con el gobierno desde el año pasado, cuando partidarios del oficialismo lanzaron consignas contra algunos medios pertenecientes al grupo en actos oficiales luego de que el matrimonio Kirchner lo acusara de una virtual campaña contra el gobierno.

En la marcha del viernes volvieron a escucharse ataques al grupo. ''¿Qué te pasa Clarín? Estás nervioso, porque la ley está por salir'', coreaban los partidarios del oficialismo.

La nueva ley también estipula que las radios deben emitir un mínimo de 70% de producción nacional y la televisión un mínimo del 60%. A su vez, establece que las universidades públicas y los pueblos originarios podrán ser titulares de autorizaciones para la instalación y explotación de servicios de radiodifusión.

El debate se produjo en un clima enrarecido por las denuncias sobre la supuesta ''compra'' del voto de dos senadores que hasta hace algunos días se manifestaban públicamente en contra de la ley.

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