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“El Coyote”, investigado por 2 masacres en San Fernando

Alberto Morales| El Universal
Sábado 16 de abril de 2011

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El presunto líder de Los Zetas y jefe de la plaza en San Fernando, Tamaulipas, Román Ricardo Palomo Rincones El Coyote, es investigado por la Procuraduría General de la República (PGR) por el reciente multihomicidio de 145 personas.

A la pesquisa anterior se suma otra en su contra por su presunta responsabilidad en el asesinato de los 72 migrantes que ocurrió en el mismo estado, en agosto de 2010.

Las investigaciones contra El Coyote quedaron establecidas en los acuerdos de recompensas del Ministerio Público de la Federación A/009/11 y A/038/11, emitidos por el ex procurador Arturo Chávez Chávez y por la actual titular de la Procuraduría General de la República, Marisela Morales Ibáñez.

En el primer acuerdo se acusa a Palomo Rincones, así como a Juvenal Burciaga El Alacrán y a José Guadalupe Reyes Rivera El Sasi, por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego, corrupción de menores y homicidio en contra de 72 personas de origen extranjero en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, más lo que resulte.

En el acuerdo A/009/11, la PGR ofrece una recompensa de ocho millones de pesos a quien proporcione información verás y útil para identificar, localizar y/o para la captura de Palomo Rincones El Coyote.

Mientras que en el segundo acuerdo, la PGR ofrece una recompensa de hasta 45 millones de pesos a quien proporcione información que permita la localización y detención de cuatro presuntos responsables del multihomicidio en San Fernando, entre quienes se encuentra El Coyote.

Juez otorga arraigos

Asimismo, un juez federal concedió a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) un arraigo por 40 días en contra de Armando César Morales Uscanga El Loco; Érick Rubén Zetina Hernández El Guacho y Johnny Torres Andrade La Sombra, por su presunta responsabilidad en el multihomicidio de 145 personas y por las inhumaciones clandestinas en varias fosas localizadas en San Fernando, Tamaulipas.

La Procuraduría General de la República informó que se les investiga por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad, homicidio y los ilícitos que resulten de la indagatoria.

 



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