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Ex procurador deja fracasos en tribunales y planes truncos

María de la Luz González| El Universal
Viernes 01 de abril de 2011

luz.gonzalez@eluniversal.com.mx

Tras una gestión de 18 meses, cuestionada por la falta de resultados tanto en el combate contra el crimen organizado como en temas de corrupción y organización de la Procuraduría General de la República (PGR), Arturo Chávez Chávez renunció a la dependencia, en la que deja proyectos inconclusos y fracasos en los tribunales de varios casos importantes.

El ex procurador se separa del cargo justo en medio de una investigación por corrupción que emprendió la Visitaduría General, que ya generó la destitución de los titulares de las Unidades Especializadas en Investigación de Delitos Financieros y Fiscales y de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, quienes reprobaron los exámenes de control de confianza que les fueron aplicados.

Las investigaciones de la Visitaduría, órgano de control de la actuación de ministerios públicos, peritos y agentes de la Policía Federal Ministerial, abarcan también a servidores públicos de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos contra los Derechos de Autor.

Chávez Chávez dejó pendiente también la reestructuración del Programa de Testigos Colaboradores, anunciada el 2 de diciembre de 2009, tras la muerte en dos semanas de dos de ellos: Enrique Bayardo del Villar, ejecutado en la colonia Del Valle, y Jesús Zambada Reyes, cuya muerte en una casa de seguridad de la Procuraduría se atribuyó a un suicidio.

Vínculos criticados

Con la sombra de su gestión como procurador en Chihuahua durante la época en que salieron a la luz los asesinatos de mujeres en esa entidad, y criticado por sus vínculos a los políticos panistas Diego Fernández de Cevallos y José Antonio Lozano Gracia, el ex funcionario mantuvo un bajo perfil en toda su gestión, con esporádicas apariciones en público.

Con Chávez Chávez al frente de la PGR, la dependencia enfrentó el fracaso en los tribunales del llamado michoacanazo, uno de sus casos de más alto perfil, pues implicó el enjuiciamiento de 36 alcaldes y funcionarios de Michoacán, de los cuales 34 fueron liberados, uno está prófugo (el ex diputado federal Julio César Godoy, hermano del gobernador Leonel Godoy) y sólo uno sigue en prisión.

El ex procurador dejó pendiente de resolución el asesinato del candidato al gobierno de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, ejecutado en junio de 2010 y cuyas investigaciones fueron atraídas por la dependencia a su cargo.

Tampoco obtuvo resultados en el anunciado saneamiento de la Procuraduría, ni logró llevar la Operación Limpieza más allá de las consignaciones anunciadas por su predecesor, Eduardo Medina Mora a fines de 2008.

Rebelión de personal

Además, durante el año y medio de su gestión enfrentó la rebelión del personal de varias delegaciones estatales que se negó a ser readscrito a zonas conflictivas en las que opera el crimen organizado, como los estados de Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas, Sinaloa o Ciudad Juárez, quienes interpusieron amparos, renunciaron o promovieron retiros y jubilaciones anticipadas.

Chávez Chávez no pudo controlar los cientos de demandas por reinstalación en la Policía Federal Ministerial, promovidas por agentes dados de baja, en su mayoría por reprobar los exámenes de control de confianza que les aplicaron y que tenían a la corporación en una situación de semiparálisis, obligada a conservar en sus filas a personal del que no podía disponer y en el que tampoco podía confiar.

Pese a todo ello, hace unos meses anunció la reestructuración de la AFI y la redefinición del nuevo perfil de los agentes de la Policía Federal Ministerial que, en su mensaje final, citó entre los logros de su gestión.



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