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Excluyen a ciudadanos de medición del crimen

María de la Luz González| El Universal
Jueves 29 de julio de 2010
Temen inclusión de preguntas que induzcan un tipo de respuestas. Gobierno encarga al INEGI elaborar encuesta sobre inseguridad

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Organizaciones civiles rechazaron la decisión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), encabezado por el presidente Felipe Calderón, de excluir a la sociedad civil de la medición de la criminalidad en el país, que realizaba desde 2002 el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (Icesi).

En conferencia de prensa, el presidente del Icesi, Luis de la Barreda Solórzano, y representantes de otras 12 organizaciones cuestionaron la publicación del 16 de junio en el Diario Oficial de la Federación, que designa al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) como el único responsable de realizar la Encuesta Nacional Sobre Inseguridad (ENSI).

Federico Reyes Heroles, presidente de la fundación Este País y de Transparencia Mexicana, afirmó que la exclusión del Icesi “envía una grave señal para la democracia mexicana, porque implica terminar deliberadamente con el contrapeso que representa la sociedad civil en la medición del fenómeno criminal”.

Las organizaciones alertaron, además, sobre la pretensión de modificar la encuesta, incluyendo reactivos que pueden inducir un tipo de respuesta en los entrevistados, como es el caso de las preguntas “¿Qué tan seguro se siente?” y “¿Si fuera víctima de algún delito, usted lo denunciaría?”, en lugar de “¿Se siente usted seguro en su comunidad”? y “¿Ha sido víctima de algún delito?”, respectivamente.

Por ello, exigieron rectificar el acuerdo publicado, pues su contenido no corresponde con la versión estenográfica de la sesión del CNSP celebrada el 3 de junio pasado, en la que nunca se discutió ni se aprobó excluir al Icesi de la elaboración de la encuesta.

Dijeron que es de vital importancia la participación de un organismo ciudadano en su diseño y análisis, para garantizar el derecho de los mexicanos al acceso a información objetiva y confiable.

Ven “presiones” en decisión de FCH

De la Barreda y Eduardo Gallo, presidente de México Unido contra la Delincuencia (MUCD), no descartaron que la decisión haya sido resultado de presiones por parte de algunos gobernadores, a quienes irritaron los resultados de la encuesta 2009 presentados en la sesión plenaria del CNSP del 26 de noviembre de ese año.

Entre quienes externaron su molestia en aquella ocasión se encuentran el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, y los gobernadores de Morelos, Marco Antonio Adame; Tabasco, Andrés Granier; Chihuahua, José Reyes Baeza, y Baja California, José Guadalupe Osuna.

De la Barreda explicó que “el hecho de que moleste [la encuesta] a algunos gobernadores es algo curioso, porque hay irritación porque se diga lo que está pasando y no por lo que está pasando […] No ha habido una sola crítica objetiva a los aspectos metodológicos”.

Reyes Heroles destacó que la encuesta, diseñada y conducida desde 2002 por el Icesi, cuenta con el aval de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), y sus indicadores son indispensables para conocer de manera imparcial la magnitud de la criminalidad.

Con ese aval, México participó por primera ocasión, a través de la ENSI y el Icesi, en la Encuesta Anual de Criminalidad y Victimización que hace la ONU.

Las organizaciones advirtieron que de modificarse la encuesta se puede romper el ciclo histórico y no contar con datos que puedan compararse con otros instrumentos.

Prevén aumento del gasto

En su intervención, Alejandro Martí, presidente de la organización México SOS, comentó que “no es posible que el Estado sea juez y parte. Si esto es así, estaríamos regresando a la época de la dictadura de partido”.

La Encuesta Nacional Sobre Inseguridad actualmente consta de tres partes: la encuesta de victimización, la de percepción ciudadana sobre la inseguridad en los estados y en las principales ciudades del país y la de evaluación del desempeño de las autoridades.

La primera permite conocer no sólo el número de denuncias presentadas por delitos registrados en las distintas entidades, sino también la cifra negra, es decir, los ilícitos no denunciados y los que, aun siendo reportados, no son castigados, por lo que sus resultados “nos aproximan a la tasa delictiva real [de violencia]”.

Las organizaciones dijeron, además, que hacer la encuesta con el INEGI representará una erogación superior hasta en 30% o 40% sobre los 30 millones de pesos que costó la edición reciente, en la cual se aplicaron 70 mil cuestionarios.

De ese monto, precisaron, la mayor parte se destinó al levantamiento de datos, realizado por empresas privadas.

Las organizaciones recordaron que la evaluación ciudadana es un compromiso establecido en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad aprobado el 21 de agosto de 2008.

En ese acuerdo se invitó a las instancias ciudadanas a participar en la medición, evaluación y el seguimiento de la situación de seguridad pública y el desempeño de las autoridades, un compromiso que, con esta decisión, estarían incumpliendo los gobiernos federal y estatal.

De la Barreda explicó que el Icesi participará en la elaboración de la ENSI este año, pues tiene un acuerdo vigente con la Secretaría de Seguridad Pública federal, aunque en esta ocasión el diseño y la conducción no estarán a su cargo.

Advirtió que de no rectificarse el acuerdo, señalará las inconsistencias que resulten del cambio en su diseño.



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