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Seguridad privada, negocio sin control

Alberto Cuenca, Ignacio Alvarado y Jorge Torres | El Universal
Lunes 24 de mayo de 2010
El crecimiento de la criminalidad dio auge a los servicios de protección, sin que exista un registro confiable del número de empresas del ramo ni de las armas que utilizan

Ala ilegalidad y el desorden que prevalece en el negocio de la seguridad privada en México, se suma un dudoso control gubernamental sobre la portación y el acceso a las armas de fuego utilizadas en ese sector de servicio.

La Sociedad Mexicana de Guardaespaldas calcula que en el país hay aproximadamente 18 mil escoltas, todos con licencia para portar armas. Además, hay 127 mil guardias intramuros y de resguardo de valores registrados ante las autoridades federales.

Pero ese gran número contrasta con el pequeño registro del armamento reportado ante la Secretaría de Seguridad Pública federal que es usado por las empresas de vigilancia privada en el país. La cifra de esas armas no llega ni a un millar.

En 2007, el Registro de Armamento y Equipo para seguridad privada reportó la inscripción de tan sólo 181 armas. Para 2009, el número creció; apenas se dieron de alta 953 armas. La Ley Federal de Armas de Fuego establece que las licencias para la portación se renovarán cada dos años.

Servidores públicos involucrados

Policías, militares y funcionarios engrosan las filas de los empresarios que se dedican a tareas de seguridad privada, pues así acceden a los contactos, protocolos de seguridad y las licencias para uso de armas que después utilizan para la vigilancia de particulares.

En Nuevo León, la participación de funcionarios estatales en la seguridad privada comienza a ser cuestionada, sobre todo después de la muerte de cinco personas en un concierto del grupo Intocable, en la Expo de Guadalupe.

Las víctimas perecieron durante la estampida provocada por un disparo dentro del recinto, que muchos aseguran estaba bajo vigilancia de la empresa Alerta, supuesta propiedad de Luis Carlos Treviño, secretario de Seguridad Pública estatal. Luis Carlos Treviño es señalado también como copropietario de la agencia Custodios.

Ambas empresas de seguridad se cuentan entre las más importantes de la ciudad de Monterrey y el área metropolitana, junto con Protege, compañía de la que fue dueño Francisco Cienfuegos, portavoz del gobierno de Rodrigo Medina de la Cruz. Francisco Cienfuegos cedió el poder de la empresa a su hermana Narcedalia Cienfuegos.

En Nuevo León operan unas mil empresas de seguridad privada, 80% de ellas en la informalidad. La falta de aplicación de la ley, dice Gilberto Marcos, presidente del Consejo Consultivo Ciudadano de Seguridad de Nuevo León, obedece a “los propios intereses de los funcionarios públicos que están relacionados con estas áreas”.

De las empresas atribuidas a Treviño y Cienfuegos, asegura que en ello no existe ilegalidad. “Lo grave sería si con su influencia están colocando a sus guardias en empresas o áreas estratégicas. Esa es una sospecha que siempre va a existir. La ley no lo prohíbe, pero no es ético”. Ninguno de los funcionarios quiso responder a los señalamientos.

En el valle de México, el espionaje, la negociación en secuestro y la investigación privada son labores que realizan policías y militares dados de baja o que se encuentran en días de descanso, servicios por los que cobran entre 30 mil y 100 mil pesos, acusa Fernando Ruiz Canales, presidente del Consejo para la Ley y los Derechos Humanos AC.

Esa asociación se dedica a documentar casos en materia de seguridad. Entre sus investigaciones la asociación civil detectó en 2009 a una empresa “fantasma” denominada Sistemas Integrales de Protección Ejecutiva (Sipse), que ofrecía servicios de espionaje, negociación en secuestro y de escoltas.

“Hicimos el contacto a través de un ex policía. Nos hicimos pasar como los directivos de una empresa de dulces interesados en contratar servicios de espionaje y de guardaespaldas; les dijimos que teníamos fugas de información de empleados desleales, además de que necesitábamos protección para la fábrica y para los ejecutivos de la empresa”, explica Ruiz Canales.

“Directivos” de Sipse mordieron el anzuelo y presentaron la cartera de servicios, como el costo de un escolta por 8 mil pesos, monto que se incrementaba a 12 mil pesos si el escolta iba armado y hasta a 20 mil si se incluía un vehículo con sirena y luces estroboscópicas en el toldo. “Cuando les preguntamos si el personal armado tenía la licencia de portación correspondiente nos dijeron abiertamente que no”, detalla.

En el Sistema Nacional de Empresas de Seguridad Privada que aparece en la página de internet de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal o en las bases de datos de los sitios web que tienen las policías del estado de México y del DF no aparece ningún registro con el nombre de la empresa Sipse.

Bloquean regulación

De acuerdo con Rubén Fajardo Correa, secretario general de la organización Asis Internacional capítulo México, los intereses de policías y militares del país dentro de la seguridad privada impidieron que en el año 2006 se incorporara un capítulo de delitos a una propuesta de reforma a la Ley Federal de Seguridad Privada que aprobó la Cámara de Diputados.

“En el proyecto original (de la Ley Federal de Seguridad Privada) se había puesto que quien prestara servicios de seguridad sin registro cometía un ilícito, pero hay muchos intereses creados, hay muchos comandantes, ex comandantes o gente en activo de la policía que tienen sus empresas de seguridad”, dice Rubén Fajardo Correa al explicar por qué no se incluyó un apartado de delitos en esa legislación.

David Chong, representante en México de la Corporación Euro Americana de Seguridad (CEAS), asegura que esos intereses marcan el destino de las licencias concedidas por el Ejército mexicano para el manejo de armas de fuego entre agencias de seguridad privada.

Nueve de cada 10 permisos quedan en manos de empresas vinculadas a ex militares de alto rango, sostiene.

La Sociedad Mexicana de Guardaespaldas estima que 80% de los escoltas son policías en activo que trabajan en corporaciones complementarias a las de la seguridad pública, como la Policía Auxiliar y la Policía Bancaria e Industrial, o los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del estado de México.

En esa organización de guardaespaldas se argumenta que las licencias oficiales colectivas usadas por las policías en servicio complementarias sólo deben utilizarse para tareas de seguridad pública, no privada, y únicamente dentro del territorio local, algo que generalmente se incumple.

Los alcances y restricciones de las licencias oficiales colectivas para la portación de armas motivaron un debate en enero de 2009, cuando elementos del Ejército mexicano detuvieron en Sinaloa a un grupo de policías bancarios del DF que servían de escoltas al ex candidato presidencial del PRD, Andrés Manuel López Obrador.

El 10 de enero de ese año, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) amenazó con suspender la licencia colectiva de armas a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal por violar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, al permitir que policías capitalinos usaran armas de cargo fuera del territorio de la ciudad, en seguridad privada.

Sin embargo, los policías del Distrito Federal fueron liberados por la Procuraduría General de la República (PGR), dependencia que hoy contrata los servicios de la policía bancaria para resguardar sus oficinas centrales.

La Sedena no respondió a insistentes solicitudes de información sobre el caso y en relación al uso de licencias colectivas para labores de seguridad privada, como tampoco lo hicieron la SSP federal, la SSPDF y la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) del estado de México, a las que también se les cuestionó sobre los controles y la vigilancia que ejercen hacia las empresas de seguridad privada en sus respectivas jurisdicciones.

El general Eduardo Martínez Aduna, ex director de la Policía Federal Preventiva, rechaza que se contravenga alguna ley con el uso que se da a las licencias colectivas de portación de armas para tareas de seguridad privada.

Martínez Aduna es entrevistado en el Instituto Nacional de Administración Pública, donde integra la coordinación académica del diplomado en seguridad nacional. “No se contraviene la ley porque hay una autorización y un registro sobre la ubicación del arma y de la persona que la tiene. Si hay policías en función de escoltas el registro del arma se da en ese sentido, se solicita una licencia específica para ese personal”, dice.

El negocio

Pedro Isnardo de la Cruz, maestro en Ciencia Política y especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el tema de seguridad pública, opina distinto. Asegura que las instituciones policiales de todos los estados se colocan al margen de la Constitución mexicana al brindar un servicio de seguridad privada.

“Creo que (las autoridades) lo ven como una veta de negocio, convencidos de que están haciendo su trabajo en seguridad pública, lo cual no es así, y al mismo tiempo pueden generar una ruta de ingresos para fines selectivos”, afirma el especialista.

El negocio de la seguridad privada es redituable, tanto para el dueño de la compañía desde el punto de vista comercial como para las autoridades desde el aspecto recaudatorio, dice Sergio del Castillo, ex escolta y director del Corporativo de Prevención de Secuestros. “Es un negociazo”.

“Es redituable porque como empresario puedes rentar un guardia en 9 mil pesos al mes; si le pagas 4 mil 500 pesos, que es el salario promedio otorgado por los patrones, se usarán entre 3 mil y 3 mil 500 pesos para pagar impuestos. Quedarán mil pesos de utilidad y si tienes 100 guardias tu ganancia será de 100 mil pesos al mes”, detalla.

El otro aspecto, el de la recaudación, también es amplio, pues las empresas debidamente registradas tienen que pagar impuestos por cada guardia contratado, por la autorización y revalidación anual de la licencia, por cada arma de fuego o equipo de seguridad y hasta por consultar antecedentes policiales del personal. Si la empresa tiene registro federal y estatal tiene que pagar impuestos en ambos niveles de gobierno, aunque se trate del mismo concepto.

“La doble tributación es uno de los tantos factores que generan la ilegalidad, porque muchas empresas no dan de alta todos los servicios ni todo el personal. Así se ahorran mucho dinero”, explica Del Castillo.

Una compañía irregular puede reducir en más de 50% sus costos, pues tampoco capacita y no tiene la obligación de pagar cuotas de su personal al Seguro Social, dice Erick Cuenca Gurrola, director de la empresa Intersep.

Para abrir una empresa fantasma de seguridad, “basta con acudir al notario público para protocolizar la creación de una sociedad mercantil, una escritura la armas en 15 días y así creas tu empresa, primero en papel y luego buscas a un cliente entre tus conocidos”, acusa.



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