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En Hidalgo pierden 2 mil 600 empleos

Dinorath Mota Corresponsal| El Universal
Lunes 12 de octubre de 2009
Electricistas buscarán respaldo social contra la liquidación

PACHUCA, Hgo.— Alrededor de 600 trabajadores de la compañía de Luz y Fuerza del Centro marcharon por calles de Pachuca y se manifestaron frente a la sede del Partido Acción Nacional (PAN), como protesta por el decreto de liquidación de la paraestatal.

En esta entidad, la liquidación de la empresa afecta a 2 mil 600 trabajadores en tres divisiones.

Los electricistas, encabezados por su líder Luis Espinosa, se mantuvieron en asamblea y en alerta permanente, desde las 02:00 horas cuando se concretó el desalojo. Alrededor de las 12:40 horas de ayer, el contingente salió a las calles para protestar por el cierre y pedir el apoyo de los usuarios, para impedir lo que consideraron será una privatización del sector.

Los empleados fueron desalojados de sus oficinas por elementos de la Policía Federal (PF), en las divisiones de Pachuca, Juandho y Tlahuelipan.

Con consignas en contra del gobierno y en defensa del sindicato y de su líder Martín Esparza, los electricistas señalaron que lucharán para evitar la liquidación de Luz y Fuerza.

En Hidalgo, explicó Espinosa, se prestan alrededor de 600 mil servicios y se tiene un millón 100 mil usuarios. Dijo que despedir a los trabajadores en estas condiciones de crisis es un grave error. En Hidalgo, dependen de esta empresa 3 mil 500 familias.

El dirigente aseguró que tienen ya con el apoyo de organizaciones campesinas, como la UFIC, CNC, UNTA y Coduc, y esperan el respaldo de los usuarios, por lo que durante la semana habrá nuevas movilizaciones.

Sobre la posibilidad de liberar las oficinas que están tomadas, agregó que esto dependerá de las indicaciones que tengan del departamento jurídico del sindicato, ya que tampoco pretenden entrar en confrontaciones.

Espinosa lamentó el desalojo de los trabajadores de la compañía de Luz y Fuerza en todo el país y dijo que la extinción de la paraestatal se convirtió en el pago por defender la autonomía del sindicato, ya que consideró que el cierre fue político y no por el costo como argumenta el gobierno, ya que sostuvo la empresa no está en quiebra.



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