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´El crimen es la mayor amenaza a los derechos humanos´

JORGE ZEPEDA PATTERSON jorge.zepeda@eluniversal.com.mx| El Universal
Viernes 27 de febrero de 2009
En 90 minutos de plática, queda claro que el mandatario tiene una obsesión. Aunque atiende con especial énfasis la crisis económica, y no deja de medir el ambiente político, sus desvelos son por la guerra contra el narcotráfico

 

El semblante risueño del Presidente y sus modos relajados parecerían corresponder a los de un mandatario de otro país, uno en el cual no hay por lo menos 20 ejecutados diarios o una crisis que comienza a ser galopante. Pero tan pronto comienza a hablar, se advierte hasta qué punto el tema de la guerra al narcotráfico se ha convertido en una obsesión para Felipe Calderón. Después de 90 minutos de plática, en su oficina en Los Pinos, se entiende por qué.

Su anterior pasión, la política, y su última vocación, la economía, palidecen frente a la creciente amenaza de un narcoestado dentro del Estado. “El crimen organizado busca el control territorial”, advierte el mandatario; será una guerra sin cuartel porque ya no hay posibilidad de convivir con el narco, dice. No hay regreso; son ellos o nosotros.

El Presidente de México habla de política, de economía, de los deslices de sus secretarios, del ascenso del PRI, de los derechos humanos y, por supuesto, de la guerra contra el narcotráfico y de lo que está dispuesto a sacrificar para ganarla.

 

JZP: El día de la bandera usted anunció con bombo y platillo “el punto final” de la batalla al crimen organizado. Pero no se dio a conocer alguna nueva estrategia para combatirlo, lo cual provoca incredulidad. Después de más dos años de lucha contra los cárteles, ¿por qué habría de creerse que ahora tendríamos éxito?

 

 

FCH: Es una decisión de gobierno, que debe ser una decisión de país. Mientras haya adicciones y demanda, tráfico y consumo de drogas, no puede terminarse, claro. Pero debemos enfocarnos en el crimen organizado y otros delitos vinculados a éste. Lo importante aquí es la decisión clave como país de hacerle frente y reducir ese problema, de manera tal que permita una convivencia ordenada y tranquila de los mexicanos.

 

JZP: Pero entonces no hay una modificación o un giro de la estrategia en el combate al crimen organizado. Se trata simplemente del anuncio de un acto de voluntad política. Pero eso nunca lo habíamos puesto en duda, porque usted lo ha encarado desde el principio de su gobierno.

FCH: El elemento clave en la etapa que estamos pasando es precisamente una expresión de voluntad política que a mi juicio hace falta. No sólo se trata de frasearla o expresarla, sino verdaderamente llevarla adelante. Pero tampoco se descarta un replanteamiento de fondo de la propia estrategia que siempre requiere a mi juicio una revisión constante. La estrategia está planteada sobre dos horizontes: uno de muy corto plazo que consiste en reposicionar la autoridad y la potestad del Estado mediante la movilización de la fuerza pública y el Ejército. No podemos perder territorios, entidades federativas en que se ha vulnerado la autoridad.

 

Pero el elemento detonante es el largo plazo, y eso implica una estrategia de reconstrucción institucional completa: no sólo de las estructuras policiacas sino de las propias estructuras públicas. Eso implica la depuración y fortalecimiento de los cuerpos policíacos, la generación de nuevos sistemas de información e inteligencia, un nuevo marco institucional legal, como el que hemos planteado al Congreso de la Unión. Primero la reforma constitucional y luego la reforma legal. Y además, desde luego, una nueva orientación enfocada a la prevención que aun no hemos tenido en el país y que vale la pena darle mayor acento.

 

JZP: Pero entonces el aviso sigue siendo más un acto de voluntad política que de modificación de la estrategia para ponerle “punto final” al crimen.

 

FCH: No basta, desde luego, la voluntad política. Pero no puede hacerse nada si no hay esa voluntad; parece un matiz, una trivialidad, una obviedad, pero no es así, creo que si algo ha hecho falta en México es precisamente la voluntad política.

 

Los gobernadores y el gabinete

JZP: Transmite usted la sensación de estar convencido de que otros poderes no comparten esta voluntad política. ¿Se siente sólo frente a este cometido? De eso se trató la última reunión con los gobernadores, ¿no?

 

FCH: Ese fue el tono de esa conversación privada que tuvimos con los gobernadores, porque así lo planteó la propia dirigencia del PRI. Fue una conversación muy enriquecedora y lo que yo recojo es el compromiso al que arribamos, de trabajar todos juntos. El propio secretario general del PRI, Murillo Karam, dijo: “Presidente, sabemos que, o le entramos todos o no sale nadie”. Y yo me quedaría con eso. No juzgo a otras esferas de gobierno y partidos. Simple y sencillamente hago patente la voluntad del gobierno federal para luchar decididamente contra la delincuencia. Eso sí: vale la pena que cada quien revise en su ámbito de responsabilidad, el grado de compromiso en el combate a la criminalidad; en algunos estados esta contundencia y grado de compromiso ha estado presente pero en otros no.

 

Derechos humanos y daños colaterales

JZP: Hay una preocupación creciente por el tema de los daños colaterales que deja la lucha contra los cárteles: la violación de derechos humanos. Esta semana se hizo público un reporte del Departamento de Justicia de Estados Unidos que constituye prácticamente un regaño a México en ese sentido.

FCH: Yo creo que México ha pagado en el pasado y está pagando un alto costo derivado de la inseguridad, y precisamente es el costo que tenemos que medir a la hora de evaluar estas acciones. Es decir: me parece que los costos asociados a combatir la inseguridad con determinación son siempre menores, abismalmente menores, que los costos asociados a simplemente dejar pasar a la criminalidad y que la criminalidad se adueñe de los espacios y de las decisiones de los mexicanos. El costo de no hacerlo es infinitamente mayor porque implica, ciertamente, la pérdida del territorio o la pérdida de la propia capacidad del país de determinar su destino.

 

JZP: Pero eso equivaldría a considerar que los derechos civiles, los derechos humanos son algo prescindible en esta batalla…

FCH: Yo creo que afortunadamente estamos en un Estado democrático, y lo exigente de este reto es hacer este combate, esta lucha, en el marco de los derechos humanos; pero sin perder de vista que la mayor amenaza a los derechos humanos en México es la criminalidad.

 

JZP: Pero adentro y afuera del país se considera que se está perdiendo en el tema de los derechos humanos...

 

FCH: En el ámbito internacional sí hay un problema de información y de percepción que quizá no hemos abordado bien. Y hablo a nombre del gobierno. No se trata de negar la realidad de lo que ocurre en México, pero sí ponerla en una justa dimensión, sobre todo las versiones que aluden al Estado fallido, por ejemplo. Una cosa es un análisis y una crítica, que además es bienvenida, y la otra es decir que aquí el Estado no existe. Aquí tenemos poderes que funcionan bien; un Poder Judicial que yo creo que opera como nunca, con la Suprema Corte en una de sus mejores épocas; el Poder Legislativo robusto y que funciona, y un Poder Ejecutivo que está asumiendo un compromiso muy serio con los problemas más importantes del país.

 

JZP: ¿Cuánta responsabilidad tendría el gabinete mismo en estos problemas de comunicación, que hace que se perciba a México adentro y afuera de manera desinformada, como usted dice? Son conocidos los deslices de varios miembros de su gobierno en días recientes.

FCH: Sin duda hemos fallado en la comunicación, refiriéndome a los comentarios que han hecho colaboradores míos recientemente. Pero el tema es complejo. La canciller hizo una declaración que fue interpretada con mucha virulencia. Pero hay que poner en contexto su afirmación. Lo que la canciller señala, y creo que eso es sustentable con cifras, es que el 57 % de las muertes vinculadas al crimen organizado el año pasado ocurrieron en tres estados: Chihuahua, Baja California y Sinaloa. De estas muertes, más del 90% se trata de personas asociadas a la criminalidad. Un dato relevante, por ejemplo, es que más del 25% de esas víctimas no han sido identificadas; de hecho casi la tercera parte, sus cuerpos no son reclamados.

 

JZP: Lo cual nos regresaría al deterioro de los derechos humanos. En EL UNIVERSAL acabamos de publicar un reportaje sobre “Las almas muertas”. La justicia ni siquiera investiga estos crímenes, como si no se tratase de seres humanos. Pese a que se trata de asesinatos, ni siquiera por procedimiento son investigados.

 

FCH: Las muertes las está explicando una confrontación muy clara entre el cártel de Juárez y el cártel de Sinaloa con sus respectivos aliados: el cártel de Juárez asociado a Arturo Beltrán Leyva y a Los Zetas; el de Sinaloa está asociado un poco a grupos que actúan en el Pacífico y si no asociado, al menos muy cercano a La Familia. Pero la confrontación es por plazas, concretamente por Tijuana, Culiacán y Ciudad Juárez. Aunque en el caso de Culiacán y de Tijuana los niveles de confrontación, las últimas semanas o meses, ya se han reducido notablemente.

 

Secretarios y sus exabruptos

 

 

JZP: Considerando las dificultades de esta lucha, de la crisis misma, ¿no es un desgaste gratuito los exabruptos a los que se ha referido de algunos de sus secretarios: Ruiz Mateos, Patricia Espinosa, Rodolfo Elizondo, e incluso de Germán Martínez? ¿Dos años de gobierno no es demasiado como curva de aprendizaje?

FCH: Yo creo que no es un asunto de curva de aprendizaje. Vivimos tiempos muy complejos, ¿no?, a los cuales debemos adaptarnos continuamente. El contexto ha cambiado de manera sensible en dos años. Por otra parte, había que responder a señalamiento injustos. Aseveraciones hechas, por ejemplo, por gobernadores (al siguiente día de la reunión) y otros sectores, en desplegados incluso, de que la violencia es resultado de que el presidente Calderón le haya declarado la guerra al crimen organizado. Algo absurdo, ¿no? La violencia no surgió como consecuencia de la acción del gobierno federal; al contrario: la violencia en algunos estados motivó a sus propios gobernadores a solicitar la intervención del gobierno federal. Pero cuando interviene el gobierno federal se dice que la violencia la ha provocado el gobierno.

 

JZP: ¿Habría otras motivaciones en tales críticas?

 

FCH: Me parece que hay evidentemente un horizonte político en este año tan electoral.

 

Cambio de “modelo de negocio”. Del trasiego al control territorial

 

JZP: ¿Considera usted que también se ha politizado la lucha contra el narcotráfico?

FCH: Es mucho más complejo que eso. Poca gente advierte que ha habido un cambio medular en la lógica de las organizaciones criminales. En el pasado, los narcotraficantes eran eso: organizaciones enfocadas al trasiego, a traficar la droga. Y punto. Por su propia naturaleza, este “modelo de negocios” debía tener un bajo perfil. Se concentraba en controlar ciertas rutas y ciudades. Sin embargo, en los últimos años hubo un cambio sustancial: el negocio derivó o se amplió a la distribución y al consumo de la droga en México, y eso cambia totalmente los parámetros de su actividad. Mientras uno [un modelo] implica la discreción y el bajo perfil, el tráfico a Estados Unidos, el otro [modelo] entraña un elemento indispensable que es el control territorial. El control territorial implica un perfil abierto que busca el dominio e incluso el sometimiento de comunidades y de sus autoridades a los intereses de estas mafias.

 

JZP: Un cambio de paradigma, pero de enormes consecuencias para todos los mexicanos

 

FCH: Consecuencia brutales. El control territorial implica cierta lumpenización de los propios narcotraficantes. Ya no es nada más el típico ex policía judicial que controlaba estos grupos; se trata de bandas criminales en las que deben apoyarse para controlar la plaza. Evidentemente se diversificaron hacia otras actividades criminales: a controlar primero todas las actividades ilícitas, y luego brincaron rápidamente a la extorsión, a los secuestros.

 

JZP: El cambio de delincuencia tendría que haber cambiado al propio aparato de justicia, que parece haber quedado obsoleto.

 

FCH: No sólo eso. Yo creo que había una regla no escrita en el viejo modelo político del país, sin dar ni nombres, ni colores, ni partidos; había una cultura política según la cual el entendimiento implícito era: “Yo no me meto con ustedes porque finalmente lo que hacen es un delito federal, y a mí no me corresponde perseguirlo; ustedes no se meten conmigo, y yo no me meto con ustedes”. No quiero decir que funcionaba, porque esa cultura política permitió la expansión de la criminalidad en el país. Pero cuando cambia el “modelo de negocios” al modelo de control territorial, esta cultura o este entendimiento, simplemente y sencillamente resulta catastrófica. Los que consideran que deberíamos regresar a “la estrategia” anterior, no se dan cuenta de que eso no es posible. Remitirnos a “dejar hacer y dejar pasar” equivaldría a permitirles el control de la sociedad mexicana. Se están metiendo con los empresarios para extorsionarlos, con las amas de casa imponiendo su ley en la vida social. Ese mito de que tienen su propio código de ética y que si no nos metemos con ellos entonces no se meterían con nosotros, es falso. Los operativos militares y policiacos masivos que hemos puesto en marcha evidentemente no hacen desaparecer la actividad criminal, pero sí hacen que el Estado pueda fortalecer, recuperar o asumir plenamente el imperio del Estado sobre su propio territorio.

 

JZP: Yo creo que hay consenso a dar esa batalla. La pregunta que con todo derecho se hacen los mexicanos es si el presidente tiene alguna idea de cuándo comenzará un punto de inflexión en la espiral de violencia y la criminalidad, que siguen aumentando. ¿Hay alguna previsión de cuándo tocaremos fondo, cuándo comenzaremos a ganar esta guerra?

 

FCH: Yo creo que sería irresponsable de mi parte hacer pronósticos en el tiempo. El camino de solución implica enfocarnos en los métodos para recomponer esto. Los métodos correctos nos van a generar los resultados deseados; mientras más nos tardemos en implementarlos, más tardarán los resultados. ¿Qué procesos? Por ejemplo, la deserción militar. En el sexenio pasado hubo una deserción de casi un ejército: de un total de 260 ó 280 mil elementos, salieron casi 130 mil elementos. Eso debe corregirse. ¿Cómo? Estableciendo elementos de lealtad, de arraigo en los propios soldados a su propia militancia. Cuando yo entré a la Presidencia un soldado raso ganaba 2 mil 500 pesos más una compensación, según la zona militar; hoy el soldado raso está ganando por lo menos 7 mil 500 pesos. Mejor vivienda y becas para sus hijos es parte de una solución de fondo a este problema, entre otros aspectos.

 

¿Y la corrupción? ¿Nos sigue debiendo el PAN?

 

JZP: En 1999, Mario Villanueva, el ex gobernador de Quintana Roo, fue llevado a prisión. Eso fue hace nuevo años, antes de los gobiernos de alternancia. Desde entonces no ha caído otro “pez gordo” de la clase política. Durante 50 años el PAN abanderó la crítica en contra de la corrupción priísta, pero ahora, convertido en gobierno, parecería que se ha olvidado. ¿No le parece que en ese aspecto los gobiernos del PAN le siguen debiendo a los mexicanos? Entre la necesidad de gobernabilidad y atacar la corrupción, da la sensación de que lo primero se comió a lo segundo. Quedan más de tres años de gobierno, ¿no valdría la pena que su paso por la presidencia permitiera saldar esa cuenta de honor con los mexicanos?

FCH: Yo creo que sí se está trabajando...

 

JZP: …¿La verdad? No se está viendo, francamente...

 

FCH: Vamos por partes. En el caso del gobierno federal no ha habido otra época en la vida del país en que los servidores públicos estemos sometidos a un escrutinio tan riguroso. Las obligaciones en materia de transparencia son tales, que no sólo nos obliga a dedicarle innumerable cantidad de tiempo y personal para poder atender los requerimientos, sino también a decir qué hacemos, en qué gastamos. Efectivamente, el caso del gobernador Mario Villanueva es relevante, pero también el hecho de tener en la cárcel al ex procurador de la SIEDO, al ex director de la Policía Federal. La depuración o a la persecución de altos directivos de la propia PGR no han sido cosas fáciles.

 

JZP: Acciones acotadas al sector policiaco. En otras áreas, la corrupción sigue siendo un mal endémico. La Secretaría de la Función Pública parece un elefante blanco.

 

FCH: Parte del problema son las limitaciones entre poderes. Mientras en el caso del gobierno federal hay una obligación de absoluta transparencia, en el caso de otros ámbitos de gobierno no hay ninguna obligación, y hay casos de absoluta opacidad. Tenemos que ir a otros niveles de gobierno o particularmente a ámbitos de la sociedad civil donde por tradición se han reconocido esferas de autonomía que habría que poner a debate.

¿Retroceso de la sociedad civil?

 

JZP: A propósito de la sociedad civil, parecería que hay una regresión, un autoritarismo creciente en los espacios de la sociedad; un protagonismo y una cerrazón de la clase política. Un IFE más acotado respecto al de los años 90…

FCH: ...más partidista...

 

JZP: …Comisiones de Derechos Humanos que responden al poder; gobernadores convertidos en señores feudales; comités de regulación controlados por los regulados. Los poderes de facto por encima de la sociedad de manera cada vez más descarada.

 

FCH: Bueno, concretamente en el caso del IFE, el tema es complejo. Mi opinión es que el IFE tal como estaba antes tenía una integración adecuada. Desde luego podrá decirse que tengo una posición subjetiva, toda vez que soy el Presidente resultado de una elección que fue cuestionada, sin fundamento desde en mi punto de vista, pero cuestionado al fin. Pero terminé coincidiendo con otros partidos de oposición, ciertamente no de mi partido, respecto a la necesidad de cambiar la composición para que se mantuviera el consenso político acerca del árbitro electoral. Era importante renovar el IFE para contar con un consenso que había quedado erosionado y destruido por el cuestionamiento de la elección presidencial. El señalamiento que se ha hecho de salarios esta misma semana puede afectarlo, pues si bien puede entenderse el argumento de los consejeros del IFE (es algo que está establecido en la propia Constitución) hay ciertos elementos de prudencia y sensatez que quizá la propia autoridad electoral vaya ponderando y decidiendo en voto propio.

 

La crisis y la tormenta

 

JZP: Hay una sensación de que el Presidente podría haber subestimado la profundidad de la crisis; que los remedios se está presentando más y más débiles que la rapidez y la gravedad del problema.

FCH: Mi reflexión es esta: Podemos tener muchas hipótesis acerca de la magnitud de la crisis, pero lo que debe hacer un gobierno, los empresarios, los sindicatos y demás mexicanos, no es detenernos en la especulación o la contemplación de qué tan grave va a ser esta crisis, qué tan mal la vamos a pasar. Debemos concentrarnos en qué cosa vamos a hacer para enfrentar la crisis, para minimizar los efectos para sacar al país adelante. Y yo me he concentrado precisamente en qué hacer para sacar al país adelante. Por ejemplo el de empleo temporal, que busca dar oportunidades de trabajo a comunidades rurales alejadas; el programa de paros técnicos, o el sistema nacional de empleo. En las Pymes se han podido colocar más de 5 mil millones de pesos en beneficio de 10 mil empresas mexicanas. En fin. Vamos peleando con todo. Lo que hemos podido hacer ahora gracias a la disciplina que habíamos guardado en las finanzas públicas, y que seguimos guardando, no será suficiente. Estas medidas por su propia naturaleza tienen que ser temporales. Hay otras que tendremos que poner en práctica sin arriesgar la estabilidad de mediano plazo del país.

 

JZP: Parecería que estamos en una delgada frontera, en la zona de especulación que puede convertirse en una espiral que no sepamos dónde vaya a acabar.

 

FCH: Esa es mi otra tesis. La capacidad que tienen las decisiones de la gente, los augurios en la realidad. Cuando viene un huracán debemos de medir la intensidad del huracán para tomar las medidas de prevención necesarias. Pero lo que digamos de la intensidad del huracán es irrelevante. En cambio, en materia económica, las opiniones de los mexicanos y de los liderazgos sí inciden en la realidad económica, precisamente porque la economía es una actividad humana sujeta a decisiones humanas basadas en información. Si yo como Presidente de la República digo: un banco x está quebrado, y me creen el 10% de los clientes de ese banco, al día siguiente el banco está quebrado. Es equivocado decir que la crisis va a ser la peor de la historia. Recordemos que hace poco más de 10 años México tuvo una recesión anual de casi 7% y perdió un millón y medio de empleos formales. Si yo digo que la crisis va a ser peor que esa, entonces las decisiones del empresario que va a invertir, del consumidor que va a comprar un coche o que va a adquirir un refrigerador serán afectadas y se alterarán para peor.

 

JZP: Pero también hay riesgos en minimizar la crisis: puede perderse confianza en el líder.

 

FCH: Yo creo que no debemos tener una actitud ingenua, pero sí un moderado realismo que nos permita reconocer que padecemos una situación internacional grave. Pero también tenemos elementos para enfrentarla; no para anular sus efectos, pero sí para minimizarlos. Y sobre todo, entender que toda crisis económica, dada la naturaleza cíclica de la economía, tiene por naturaleza una temporalidad; no hay bonanzas para siempre, ni crisis para siempre.

 

JZP: ¿La crisis ha dificultado la relación con los poderes factuales? ¿Con los poderosos?

 

FCH: Evidentemente sí. La crisis complica mucho el escenario y restringe la capacidad de maniobra del gobierno en diversos frentes; pero, mira, yo soy de la idea de que las batallas hay que librarlas, hay que pelearlas con estrategia, con inteligencia hasta el último cartucho.

 

JZP: El PRI parece que sale ganando en todos los ríos revueltos, incluyendo la crisis. Hay una amplia probabilidad de un triunfo del PRI en las elecciones del próximo verano. ¿Contempla el presidente la posibilidad de que al final del sexenio regrese el poder al PRI, a éste PRI? ¿Cómo se sentiría con ello?

 

FCH: Yo creo que en una democracia la posibilidad de que gane cualquier partido competitivo existe. Sobre lo primero, yo creo que la recuperación del PRI en el electorado en estos dos años obedece a que la ciudadanía reconoce o premia el comportamiento responsable en la vida política. Aparte, también el ascenso del PRI está correlacionado con la caída del PRD en las preferencias electorales. Hay lo que los especialistas llaman un “swing” del votante perredista al votante priísta. El elemento diferenciador entre estas dos fuerzas políticas en la oposición me parece que ha sido el grado de responsabilidad con el que se conducen. Pero nadie sabe quién ganará las elecciones. Es la posibilidad democrática que afortunadamente tenemos y quedará en manos de los electores.

 

JZP: Los presidentes también tienen una curva de aprendizaje, después de dos años. ¿Qué tiene usted hoy que no tenía cuando llegó?

 

FCH: Se aprende mucho de los problemas y de las alternativas de solución. La disciplina y fortaleza en finanzas públicas; y tenemos que seguirlas cuidando. Por eso es que me preocupa el 2009, pero también el 2010. Es decir, el año próximo la producción petrolera probablemente seguirá estancada, aunque se hagan nuevas inversiones a partir de la reforma que se aprobó. El año que viene va a ser un año fiscalmente muy complicado. Pero tenemos varios niveles de contención: uno es el de las coberturas petroleras, otros son los fondos de estabilización. Pero aún así tendremos que hacer un esfuerzo enorme por mantener la salud de las finanzas públicas el próximo año. Por esa razón no podemos descuidar nuestros ingresos fiscales. Me gustaría tener una política muy relajada en materia fiscal, o en este tema del diesel. Pero mientras en México el diesel cueste 7.60 y en Estados Unidos valga 8.40 y lo estemos dando a dos pesos más abajo a agricultores y pescadores, es imposible reducirlo.

JZP: Pero la disciplina fiscal puede tronar por lo más delgado: La presión social de los grupos desprotegidos.

 

FCH: Por eso enfocamos los recursos públicos a fortalecer la red social, independientemente del programa de infraestructura que es un elemento no sólo de política contracíclica, sino de largo plazo. El año pasado, el precio de los alimentos subió 10%. Nosotros en el Programa Oportunidades subimos el apoyo económico a los 25 millones más pobres del país en un 25%; es decir, más del doble de lo que subieron los alimentos. Porque estamos protegiendo ese tejido social. Yo sí quiero dejar un legado. Y aun en tiempos de crisis no hemos bajado ni un ápice la fuerza de las políticas públicas en esta materia. Lo otro es quizá el seleccionar bien las batallas. El no abrir varios frentes al mismo tiempo. Por ejemplo plantear las reformas una a una y no todas simultáneamente.

 

JZP: En el sentido personal, ¿cómo asegurar que sus ideas sean las que convienen al país? ¿Cómo evitar que el poder lo aísle? Se sabe que el único que no se da cuenta de su aislamiento es el propio soberano.

 

FCH: Yo creo que hay que abrir puertas y puentes con la sociedad y tener instrumentos de información mucho más precisos. Los colaboradores son un arma de doble filo, porque a su vez hacen el círculo que te encierra. Eso lo entiendo perfectamente. Por eso busco contacto frecuente con formadores de opinión, con lecturas, con las cartas y peticiones. Además, y lo agradezco, me tocó ser presidente en la era de la información. Tengo una computadora permanentemente prendida y conectada a Internet. Obviamente también los estudios de opinión me ayudan muchísimo, porque me permiten detectar lo que está opinando la gente.

 

 



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