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´Uso de las armas debe supeditarse a la voluntad popular´: coronel Aurora

ALEJANDRO JIMÉNEZ| El Universal
Sábado 05 de abril de 2008
Afirma que el actual gobierno está sobre una bomba de tiempo y señala los factores que pueden causar estallidos sociales en México

alejandro.jimenez@eluniversal.co.mx

Los estallidos revolucionarios armados nunca se dan por un deseo arbitrario ni por gusto: responden a condiciones concretas, generalmente derivadas de la represión, como las que se dan en el gobierno de Felipe Calderón, que usa la fuerza como forma de gobierno, asegura Gloria Arenas, la coronel Aurora del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), detenida en 1999 y sentenciada a 14 años de prisión.

“Este gobierno está parado sobre una bomba de tiempo social y durante su primer año no ha hecho otra cosa que acelerar la velocidad del reloj”, comentó.

También señaló los factores que legitiman la vía armada para propiciar el cambio social: los fraudes electorales de 1988 y 2006, que “han cancelado para muchos la opción electoral”, el descrédito de la clase política, la decepción del sexenio de Fox, la criminalización del movimiento social, la represión contra manifestaciones pacíficas de inconformidad y el cierre de espacios de disidencia

Aun así, Arenas, presa en el penal de Chiconautla, estado de México, y quien espera respuesta en su favor de un amparo, asegura que el uso de las armas debe supeditarse a la voluntad popular, a lo que consiga la movilización pacífica del pueblo, no a una vanguardia de personas, por muy revolucionarias o consecuentes que sean.

“El movimiento social pacífico realiza esfuerzos heroicos por salir adelante y sería catastrófico descalificarlo”, indica, al mencionar que la razón de que la estructura guerrerense del Ejército Popular Revolucionario (EPR) se escindiera en 1998 para formar el ERPI radicó en diferencias sobre la concepción que se tenía del poder popular en la lucha social.

“Las comunidades nos enseñaron que no se podía llegar de fuera a dirigir o a imponer por muy vanguardia que nos creyéramos o por muy idealistas que fuéramos.

“Nos enseñaron que cualquier cosa que asumieran tenía que provenir de una decisión de la propia comunidad. Comprendimos que la estructura militar tenía que ser muy respetuosa de esto y que esa estructura debía ser de las comunidades, no ajena a ellas”.

Y añade: “Cuando llegamos creíamos que éramos parte de la vanguardia, que teníamos las respuestas para un cambio profundo, que íbamos a dirigir. Y lo que aprendimos en la práctica fue un choque con eso. Tuvimos que aprender a escuchar, a respetar, a avanzar juntos, a construir desde abajo.

“Pensábamos que la vía armada era una forma ‘superior’ de lucha y que el movimiento social pacífico debía supeditarse a ella. Pero del movimiento social aprendimos que eso no era cierto”.

Dice que los planteamientos resultaron diferentes a los de la dirigencia del EPR. No se entendieron, el debate se fue cerrando y sobrevino la desconfianza que acabó en separación.

Gloria Arenas, quien está dispuesta a acogerse a una eventual ley de amnistía, pone como ejemplo de movilización social pacífica a La Otra Campaña del EZLN, pues desde su punto de vista ha permitido al movimiento social de izquierda anticapitalista definirse a sí mismo y coordinarse.

No piensa lo mismo del PRD ni de Andrés Manuel López Obrador, “que no son de izquierda”. Define al PRD como estructura de Estado y parte del sistema de partidos con el que se ejerce el poder en México.

Reconoce que no todos los que creen en este partido son de derecha y anticipa que definirlos así no contribuye a la dispersión de la izquierda, “al contrario, la fortalece, porque se desmiente uno de los grandes mitos políticos de los últimos 20 años”.

Considera desproporcionado calificar de terroristas los ataques del EPR a Pemex del año pasado, porque, asegura, no hubo víctimas y tuvieron un fin concreto: exigir la presentación de sus compañeros desaparecidos y lograron introducir en la agenda nacional las desapariciones políticas.

“Se habla de cerca de mil 500 desapariciones de disidentes políticos, y luchadores sociales o miembros de alguna organización político-militar. 108 de ellas se dieron durante el sexenio de Fox y el primer año del de Felipe Calderón. Se trata de un crimen de Estado”.

Califica como incapaz a la administración del presidente Calderón para administrar la economía del país, ya que se ha orientado, dice, a privatizar la energía, la educación y los recursos naturales, a dar el tiro de gracia a la autosuficiencia alimentaria y a contener las demandas laborales.

Le preocupa que el Ejército mexicano sea, “hoy por hoy una estructura de poder que, lejos de defender a la nación y supeditarse a las estructuras civiles, ejerce un poder autónomo de las estructuras civiles”.



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