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Las tabacaleras y los derechos fundamentales

ALEJANDRO MADRAZO LAJOUS*| El Universal
Jueves 25 de octubre de 2007

El tabaco es la única sustancia legal que resulta dañina para la salud, independientemente de la dosis y las circunstancias en las que una persona sea expuesta a él. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones, en el año 2002 había 16.4 millones de fumadores activos y 17.9 millones de fumadores pasivos en México. El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) atribuye al consumo de tabaco en México 25 mil muertes anuales. Los costos del tabaquismo al erario público —que todos pagamos— son indignantes. Un estimado del propio INSP sostiene que el gasto del sector salud en atender enfermedades atribuibles al consumo de tabaco asciende en promedio a 22 mil 823 millones de pesos anuales.

El humo del tabaco contiene más de 250 compuestos tóxicos o cancerígenos y no existen niveles seguros de exposición (cualquier exposición al humo del tabaco es dañina). Es causa de más de 30 enfermedades a fumadores. Provoca también enfermedades cardiovasculares, respiratorias (incluido el cáncer de pulmón) y reproductivas a fumadores secundarios.

El humo de tabaco de segunda mano se asocia con enfermedades de la niñez como el síndrome de muerte súbita del neonato, bajo peso al nacer, asma, enfermedades del oído medio, reducción de la función pulmonar y cáncer, entre otros. Padres fumadores predisponen a sus hijos al padecimiento de úlceras duodenales y gástricas, esofagitis y reflujo gastroesofágico. Las mujeres embarazadas expuestas al humo de segunda mano en casa y espacios públicos tienen productos con significativamente menor peso. Se estima que las mujeres no fumadoras casadas con fumadores tienen 24% más de riesgo de padecer cáncer de pulmón y 30% más de padecer enfermedad coronaria.

Los derechos constitucionales

El artículo cuarto constitucional establece dos derechos aquí relevantes: el derecho de toda persona “a la protección de la salud” y el “derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar”. El derecho a la salud conlleva una obligación positiva a cargo del Estado de proteger activamente la salud de las personas, no sólo abstenerse de afectar la salud de las personas. En el caso de la epidemia del tabaquismo esta obligación implica adoptar las políticas públicas para reducirla, como subir impuestos, incluir advertencias gráficas e inequívocas, establecer espacios públicos 100% libres de humo y prohibir la publicidad y promoción del tabaco, entre otras.

En el caso de los no fumadores, existe un doble mandato constitucional. Todos tenemos derecho a un medio ambiente sano, además del derecho a la protección de la salud. Quienes se ven obligados a laborar en espacios con humo de tabaco y quienes accedemos a dichos espacios públicos somos expuestos a riesgos y sufrimos daños fácilmente prevenibles. El Estado tiene un doble mandato constitucional de prevenirlos haciendo los espacios públicos, espacios 100% libres de humo.

Las tabacaleras y sus “derechos”

Las tabacaleras quieren enfrascarnos en un debate de ponderación de derechos. Azuzan a dueños de restaurantes y bares a que aleguen que se afecta su negocio y la libertad de ocupación (artículo quinto constitucional). Lo cierto es que la experiencia internacional nos demuestra que lejos de disminuir, la clientela sube con espacios 100% libres de humo (en Nueva York se incrementó en 3%).

Pretenderán alegar que se afectan “los derechos de los fumadores”. ¿Cuáles derechos? Personalmente, puedo creer que toda persona capaz e informada debe tener un derecho a consumir las sustancias que elija (así sean letales) siempre y cuando lo hagan en circunstancias que no dañen a terceros, pero nuestro sistema constitucional no consagra ese derecho (de consagrarlo sería inconstitucional prohibir el consumo de otras drogas). También puedo creer (y creo) que toda persona debería tener un derecho a elegir, cuando sea posible, la forma en que desea morir. Ese derecho tampoco lo consagra nuestra Constitución. Pero si un fumador, consciente e informadamente asume el riesgo de morir, deberíamos respetar esa elección. Nuevamente, tal derecho no podría, en ningún caso, ejercerse en perjuicio de la vida o salud de terceros. Cuando los fumadores ponen en riesgo a los demás —como al fumar en los espacios públicos— no debe permitírseles consumir tabaco, tal y como a quienes consumen alcohol no se les permite beber mientras conducen.

En síntesis, no hay derecho constitucional alguno que impida prohibir a los fumadores el fumar en espacios públicos y sí, en cambio, existen derechos constitucionales de fumadores y no fumadores que deben ser instrumentados mediante el establecimiento de espacios 100% libres de humo de tabaco, advertencias en las cajetillas, prohibición de la publicidad y promoción del tabaco y demás políticas públicas para combatir el tabaquismo y sus efectos. Al Estado le será difícil implementar estas políticas. Las dos principales firmas tabacaleras en México son filiales de poderosas tabacaleras transnacionales y Grupo Carso —de Carlos Slim, el hombre más rico del mundo— es socio de una de ellas (Philip Morris México). Intereses así de poderosos no serán fáciles de regular.

Pero la Constitución obliga.

*Abogado



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