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Tribunal rechaza recuento de votos

Jorge Herrera| El Universal
Jueves 26 de abril de 2007
Niega acceso a papeletas; señala que tienen estatus confidencial

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que las boletas electorales de la elección presidencial 2006 no son públicas ni pueden estar a disposición de la ciudadanía para un recuento de votos.

Con esto, sólo dos autoridades tienen derecho a revisar este material electoral: los integrantes de las 300 Juntas Distritales Electorales del país, al contar los votos de una elección federal, y los magistrados electorales, al proceder un recuento de las papeletas en la calificación de la elección presidencial.

La posición fue adoptada por los siete magistrados de la Sala Superior, al resolver las quejas de los ciudadanos Daniel Lizárraga y Delia Ortiz, quienes solicitaron acceder a este material electoral.

Sus peticiones fueron negadas -al igual que otras 800, en diciembre pasado-, por la Comisión del Consejo para la Transparencia y Acceso a la Información del Instituto Federal Electoral (IFE).

Si bien los magistrados definieron que las boletas, al convertirse en votos, adquieren un estatus confidencial, durante la sesión de ayer también determinaron amonestar públicamente a los cinco integrantes de la Comisión de Transparencia del IFE, así como revocar la resolución por la cual niegan a estos dos ciudadanos el acceso a los paquetes electorales, por estar indebidamente motivada y fundamentada.

El magistrado presidente, Flavio Galván, dijo que en este análisis se puso especial énfasis en la naturaleza y características del derecho a la información. Consideró que no hay derechos absolutos en un sistema de derecho, sino límites a todos los derechos de los que gozan los gobernados.

"En este caso, el principio de razonabilidad de la petición, de racionalidad de lo pedido y de la proporcionalidad al ejercer el derecho a la información pública", expuso.

El representante del PRD ante el IFE, Horacio Duarte, lamentó el fallo del Tribunal.

"El Tribunal, lejos de despejar las dudas sobre el capítulo del fraude del 2 de julio, sólo coadyuva a que la incertidumbre continúe", afirmó.

Amonestación pública

La Sala Superior instruyó a esa Comisión del IFE, para que en un plazo de 48 horas emita nuevas resoluciones, en las que explique correctamente por qué un ciudadano no puede disponer de estas boletas.

La amonestación pública, explicó el magistrado electoral, Manuel González Oropeza, fue porque "encontramos serias irregularidades en la sustanciación de los recursos presentados por la ciudadana Delia Ortiz (.), el instituto tomó atribuciones que no están previstas en la ley y recondujo este juicio de protección de derechos transformándolo en un recurso interno sin el debido proceso legal".

Los magistrados recomendaron a los consejeros del Instituto Federal Electoral recurrir a la ley electoral, a la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como a los tratados internacionales en la materia.

Durante la sesión del Tribunal se mencionaron algunos de los errores en la negativa del IFE, entre ellos, que los consejeros electorales alertaron que al acceso a las boletas electorales, se podría generar un riesgo para la seguridad nacional, pero no fundamentaron esta posición.

Explicaron además que las autoridades del IFE plantearon erróneamente una contraposición entre la ley electoral y la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental.



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