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El agotado sistema presidencial

LORENZO CÓRDOVA VIANELLO *| El Universal
Domingo 03 de septiembre de 2006
El diseño del Estado es una de las principales fuentes de conflicto. Es disfuncional y perjudica la convivencia democrática porque responde a un diseño autocrático. Excluye completamente a los derrotados. La ruta hacia la parlamentarización es ya necesaria

El actual diseño institucional mexicano vive una evidente situación de agotamiento. El esquema constitucional fue diseñado para responder de manera funcional al régimen autoritario que se consolidó a lo largo del siglo pasado y hoy, luego del proceso de transformación democrática que atravesó a la sociedad en los últimos 30 años, resulta completamente disfuncional y perjudicial para la recreación de la convivencia democrática.

Tenemos, para decirlo de otra manera, una arquitectura institucional que responde a un diseño profundamente autocrático -en donde las decisiones son impuestas en lo alto-, para regir a una sociedad democrática y atravesada por un intenso pluralismo político.

La compleja realidad política nos está demostrando, con una evidencia nunca antes vista, que el diseño del Estado, lejos de proporcionar los canales institucionales para que las diferencias se procesen, hoy está convirtiéndose en una de las principales fuentes de conflicto. El intensísimo sistema presidencial que establece la Constitución, me parece, está convirtiéndose en un elemento disruptivo del que debemos imperativamente hacernos cargo.

Con la democratización del país y la llegada de la pluralidad política a los órganos representativos (que dio pie al fenómeno de los gobiernos divididos), las vastas facultades "metaconstitucionales" del Presidente prácticamente desaparecieron, acotando significativamente la esfera del poder presidencial.

Pero ello no implicó, como muchos han sugerido, que hoy tengamos un Ejecutivo débil. El nuestro sigue siendo uno de los sistemas presidenciales en los que la concentración del poder es más acentuada.

Las exorbitantes atribuciones de que goza el presidente lo hacen en gran medida el pivote alrededor del cual giran los equilibrios institucionales del Estado.

No solamente encarna la titularidad del gobierno y la jefatura del Estado, como ocurre en todos los sistemas presidenciales, sino que además concentra atribuciones francamente autocráticas: la titularidad de la procuración de justicia y el monopolio de la acción penal, cuyo ejercicio es prácticamente discrecional (el lamentable episodio del desafuero de López Obrador es probablemente el ejemplo más emblemático de ello); las atribuciones en materia de regulación comercial que le permiten legislar por decreto en ese ámbito; el ser el árbitro supremo de los conflictos laborales que le permiten, por ejemplo, decretar libre y arbitrariamente, cuándo una huelga es legal o no; son sólo algunas de las muchísimas facultades que la Constitución confiere a la figura presidencial.

Lo anterior no es sólo una desafortunada circunstancia, sino que las implicaciones y consecuencias políticas hoy, como nunca, nos están estallando en la cara. Dos botones de muestra: el Informe Presidencial, que debería ser el acto por excelencia de la rendición de cuentas del titular del Ejecutivo frente al Legislativo, y que supone el escrutinio y revisión crítica de la actuación del primero por parte del segundo, en los hechos, sigue sido entendido por la anacrónica cultura presidencialista, que todavía hoy perdura como el momento de apoteosis del poder presidencial.

Hoy el Informe es motivo de encono y fuente de conflictos, como lo demuestran, primero, la arbitraria exclusión del PRD de los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados urdida por el PAN y el PRI, y luego la intransigencia de la bancada perredista al tomar la tribuna e impedir que el Presidente hiciera su tradicional intervención limitándose a entregar, como lo pide la Constitución, su Informe por escrito. Algo así no habría ocurrido de no tener el Informe el actual simbolismo político y si la interlocución entre el Ejecutivo y el Legislativo no fuera esporádica, como ocurre, sino algo cotidiano.

Pero además, el sistema presidencial es una de las causas principales del lamentable desaguisado en el que ha derivado el proceso electoral de este año. Y es que la apuesta en una elección presidencial es demasiado alta: ganar, significa ganarlo todo, y perder significa perderlo todo y estar condenado, de alguna manera, al ostracismo político.

Por un lado, alcanzar la Presidencia de la República y el inconmensurable poder que ello implica, acaba justificando casi cualquier cosa para hacerse de ella, desde actos ilegales (pensemos en el plan de financiamiento ilícito urdido por Fox para allegarse recursos en la elección del año 2000), hasta actitudes de dudosa calidad democrática (como las campañas de denuesto barato que privaron en este proceso electoral). Por otro lado, la derrota electoral puede llegar a ser algo tan brutal, que llega a propiciar actitudes francamente irresponsables y planteamientos antidemocráticos. Son los costos de un juego que se basa en la lógica del todo o nada.

Hace poco, Miguel Carbonell hacía un ejercicio en el sentido de imaginar lo que habría ocurrido si en vez de presidencial el nuestro fuera un régimen parlamentario: de constatarse su derrota, López Obrador jugaría un papel político importantísimo dentro de las instituciones al ser el líder de la oposición en el Parlamento, pudiendo, desde dentro del entramado del Estado jugar un papel de contención a las políticas del gobierno. Por el contrario, el actual sistema, por definición, excluye completamente a los derrotados (aunque lo sean por un solo voto) y no les permite tener un juego político desde dentro de las instituciones.

Si pensamos que el pluralismo llegó para quedarse (y qué bueno que así sea), urge un profundo replanteamiento del sistema político mexicano, para hacerlo acorde con la nueva realidad del país y la ruta hacia la parlamentarización del régimen no sólo es deseable, sino, a estas alturas, necesaria.

* Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM



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