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Ven lejos la intervención de Corte en crisis poselectoral

Carlos Avilés| El Universal
Lunes 17 de julio de 2006
Esta facultad, reservada para casos de "extrema" gravedad, señalan especialistas

Abogados especialistas en derecho electoral y constitucional aseguran que actualmente no existen condiciones para pensar que sea posible que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) intervenga en el conflicto poselectoral y averigüe presuntas violaciones al voto público en las elecciones presidenciales del 2 de julio, en virtud de que esta facultad sólo está reservada para casos de "extrema" y "extraordinaria" gravedad.

Para Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Lorenzo Córdova Vianelli y Eduardo Corzo Sosa, hasta el momento la elección presidencial se encuentra muy distante del supuesto de gravedad extrema que se requiere para que intervenga el máximo tribunal del país.

En un foro convocado por EL UNIVERSAL, los cuatro abogados coincidieron en destacar el hecho de que la facultad que le confiere la Constitución a la Suprema Corte de Justicia para averiguar violaciones al voto público es total y absolutamente discrecional, por lo que la Corte sólo puede intervenir de oficio y no a petición de alguien.

Desde un punto de vista netamente jurídico, aseguran, si la Corte recibe una petición de este tipo, sería correcto que el máximo tribunal la ignorara o que, simplemente, la desechara bajo el argumento de que quien la hizo no está legitimado para hacerlo.

Pero lo más sano para todo el país, aseguran los abogados, sería que el pleno de la SCJN, es decir los 11 ministros del alto tribunal, dieran una respuesta pública, para transparentar su actuación, en la que expliquen por qué desechan la petición sin siquiera entrar al fondo del asunto, o bien, porque decidieron no intervenir en el conflicto poselectoral.

Una respuesta de este tipo, afirman, ayudaría no sólo a dar claridad y "luz" sobre los alcances de esta facultad que le otorga la Constitución, para saber cuándo sí puede intervenir la SCJN y averiguar un caso, sino también serviría para respaldar la actuación del Tribunal Electoral.

Lo primero, explican los abogados, porque la facultad de investigar violaciones al voto público es una atribución que impulsó Venustiano Carranza en el artículo 97, párrafo tercero, de la Constitución de 1917 -la cual sólo ha sido modificada una vez, en 1977-, que con el tiempo se volvió obsoleta y quedó rebasada por las reformas electorales de las dos últimas décadas.

Y lo segundo, aseguran, porque ante la falta de actualización, esta parte de la Constitución ahora provoca una serie de contradicciones y cuestiones absurdas como es el hecho de que en el supuesto de averiguar un caso de violaciones al voto público, la SCJN no puede modificar en nada las sentencias que haya dictado al respecto el Tribunal Electoral.

De ahí que cualquiera que sea la resolución que emita el Tribunal Electoral en torno a las impugnaciones que se presentaron en contra de la elección presidencial, sólo un hecho es seguro: su sentencia será definitiva e inatacable, y ni siquiera la Corte podrá revertirla.

Es más, afirman los abogados, una vez dictada, ni el mismo Tribunal Electoral podría modificarla.

Una salvaguarda

Fernando Franco González Salas, director del Centro de Estudios de Derecho Público del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), considera acertada la facultad, pese a todos sus defectos, que le confiere la Constitución a la SCJN para que averigüe violaciones al voto público.

"Me parece que es una salvaguarda para un caso extraordinario y extremo", dice quien también fuera magistrado electoral federal, en la época anterior a la creación del TEPJF hace 10 años.

"Y en este momento no veo razones suficientes como para que la Corte ejerciera esta facultad".

Para los próximos días, adelanta, hay dos escenarios:

En el primero, la coalición Por el Bien de Todos le pediría a la SCJN que ejerciera su facultad de investigar violaciones al voto público.

En una situación de este tipo, dice, la SCJN sí debe dar una respuesta. Y ésta, precisa, "es una decisión colegiada de la Corte, no es una decisión de uno solo de los ministros".

Lo que puede pasar aquí, dice, "es que se pueda dar una discusión al seno de la Corte, en la que algún ministro, en pleno uso de sus derechos, pudiera tener una decisión diferente a la de la mayoría. Pero, finalmente, la decisión sería rechazada por mayoría de votos. Aunque lo mejor, por el efecto político que tendría, es que la decisión fuera unánime".

En el segundo escenario, agrega, "si no se presenta ninguna petición, estaría de más que la Corte hiciera pronunciamiento alguno".

Debería desaparecer

En esencia, el constitucionalista Arturo Zaldívar Lelo de Larrea coincide con lo dicho por Fernando Franco González, pero para él "esta facultad debería desaparecer, porque no tiene sentido cuando tenemos un sistema electoral bastante completo, con un Tribunal Electoral que es parte del Poder Judicial y que además tiene la facultad de resolver de manera definitiva e inatacable".

"La Corte no se puede convertir en el aval moral de todos los procesos electorales, porque esto implicaría desnaturalizar el proceso electoral, deslegitimar a priori a todos los órganos electorales que intervienen y además darle a la Corte una atribución que es ajena a sus propias funciones".

Para el también litigante, catedrático e integrante de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, en estos momentos "no se ganaría nada con la intervención de la Corte en el conflicto poselectoral". Especialmente, afirma, "porque la decisión de la Corte no revocaría la sentencia del Tribunal".

Arturo Zaldívar asegura que la facultad es para casos excepcionales y extraordinarios, y actualmente, dice, "no veo un supuesto de gravedad que implique la intervención de la Suprema Corte".

Un monstruo

Édgar Corzo Sosa, especialista en Derecho Constitucional del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, recuerda que la facultad otorgada a la Corte ha sido catalogada "por la doctrina, como un monstruo y un engendro jurídico", porque es una facultad riesgosa, que un momento dado podría llevar a pensar, incluso, en un golpe de Estado.

Pero dicha facultad está ahí y tiene que interpretarse y usarse, y si existe una petición para que la Corte la ejerza, el más alto tribunal del país "ya debe estar previéndolo y analizándolo", asegura quien también fuera asesor de la presidencia de la SCJN cuando ésta la ocupara el ministro Genaro Góngora Pimentel.

Sin fijar una postura clara sobre su opinión, Édgar Corzo aclara que si bien no es obligación de la Corte, "puede ser un buen momento para hacer un pronunciamiento, un análisis previo, en donde quizá no se le dé entrada a la petición de facultad de investigación, pero sí presente una explicación de por qué no va a entrar al estudio de fondo y nos dé luces sobre el artículo 97".

Lo más fácil, dice el especialista, sería que la Corte se lavara las manos y no dijera nada, pero, reitera, tiene que dar una respuesta.

La responsabilidad

Al igual que los demás abogados, Lorenzo Córdova Vianello, especialista en Derecho Electoral del Instituto de Investigaciones Jurídicas, coincide en que los ministros de la SCJN "tienen la responsabilidad de cuidar el Tribunal Electoral".

Al igual que los demás abogados, Lorenzo Córdova, quien fuera asesor de la presidencia del IFE, cuando este cargo lo ocupara José Woldenberg, coincide en que la Corte no debe intervenir en el conflicto poselectoral, aunque sí debe explicar por qué no lo hace para respaldar la actuación del Tribunal Electoral.

Lorenzo Córdova explica que si bien en el futuro la facultad de la Corte para investigar violaciones al voto público puede ser "un ancla de certidumbre y de legalidad, y de serenidad política", actualmente no se reúnen los requisitos de gravedad como para que la Corte intervenga.

Incluso, asegura, en caso de que se diera un caso extremadamente grave, quien tendría la obligación de anular las elecciones sería el Tribunal Electoral y no la Corte.

Para el investigador pensar en una situación de gravedad extrema como que el Presidente de la República hubiera acompañado a su candidato en la campaña; estuviera probado el desvío de recursos públicos; se comprobara el ingreso de dinero del narcotráfico o del extranjero; la policía y el Ejército patrullaran las calles en actitud intimidatoria; robo de casillas; y un largo etcétera.



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