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Gómez Robledo: impulsar ley sobre desapariciones, el reto

Ana Anabitarte, Liliana Alcántara y Natalia Gómez | El Universal
04:50Miércoles 04 de febrero de 2015
En la plaza localizada junto al Palacio de las Naciones, sede de la ONU en Ginebra, fueron colocadas

SOLIDARIDAD. En la plaza localizada junto al Palacio de las Naciones, sede de la ONU en Ginebra, fueron colocadas banderas suizas y de México, así como pancartas escritas en francés y español para recordar a los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y exigir justicia. (Foto: ANA ANABITARTE. EL UNIVERSAL )

México se compromete a aprobarla antes de que termine la actual Legislatura. ONG cuestionan que aún no haya registro; ven falta de voluntad política

politica@eluniversal.com.mx

Ginebra, Suiza.— Tal y como pidieron las organizaciones no gubernamentales y como recomendó hace cuatro años la propia Organización de Naciones Unidas (ONU), el gobierno mexicano por fin se comprometió a aprobar una Ley General sobre Desaparición Forzada, al concluir la sesión que mantuvo durante dos días con el Comité contra las Desapariciones Forzadas en Ginebra.

Dicha legislación permitiría, entre otras cosas, crear un registro de desaparecidos que hoy no existe, poner en marcha medidas para combatir este delito y establecer penas homogéneas para los responsables de las desapariciones.

“Uno de nuestros retos es aprobar la Ley General de Desaparición Forzada en los próximos meses”, aseguró Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). “El Congreso inició sesiones ayer y tenemos que lograr la reforma constitucional primero y la ley después, antes de que termine esta Legislatura, en junio”, añadió.

El embajador reconoció que no se conoce el número de desapariciones forzadas en México porque no hay una base de datos, existe un Registro Nacional de Personas Desaparecidas o Extraviadas que mezcla personas no localizadas. Por lo tanto, sólo se sabe la cifra de personas desaparecidas, pero no se conoce en cuántos casos hay autoridades implicadas. Gómez Robledo dijo que ese es uno de los retos que tiene el Ejecutivo mexicano de cara a los próximos meses.

Julio Hernández Barro, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), anunció que ya existe un primer borrador de Ley General sobre Desaparición Forzada, que incluye una declaratoria de ausencia por desaparición y penas más altas para quienes incurran en este delito.

Durante la sesión ante la ONU, el comisionado adelantó que “este proyecto de ley plantea un mando único policiaco destinado exclusivamente a la búsqueda de personas desaparecidas; contiene el tipo penal de desaparición forzada con la que deberían contar todos los estados en sus leyes para atender este delito y señala la necesidad de contar con un registro nacional de datos forenses y un banco de información genética que ayudarían a la identificación de cadáveres”, explicó.

Admitió que en 12 estados de la República todavía no homologan su legislación local con lo que señala la Ley General de Víctimas, lo cual es primordial para que las familias de todo el país que enfrentan el delito de la desaparición forzada tengan garantía y acceso pleno a sus derechos.

“Hemos hecho en distintas ocasiones el exhorto a las entidades para que cumplan con la obligación de adecuar su legislación; hemos insistido a través de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y algunos lo han hecho puntualmente. Sin embargo, 12 estados han desoído la petición, es una asignatura pendiente”, afirmó.

Escepticismo. Tras el anuncio, representantes de las ONG presentes en la sesión se mostraron, sin embargo, pesimistas y reconocieron que no confían en que la aprobación de la ley se vaya a llevar a cabo en los plazos establecidos. En su opinión, desde hace cuatro años el gobierno ha incumplido las recomendaciones de la propia ONU, como la creación de un registro de desapariciones forzadas.

“Lo que más nos preocupa es que sigan sin comprometerse a elaborar un registro oficial de víctimas de desapariciones forzadas tal y como le recomendó el grupo de trabajo de Desapariciones Forzadas de la propia ONU”, aseguró a EL UNIVERSAL Juan Carlos Gutiérrez, director de la ONG Idheas. “Si no hay cifras no hay un diagnóstico real del problema de las desapariciones forzadas”, añadió.

En este sentido, Michael Chamberlain, coordinador jurídico del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan Larios de Coahuila, denunció que “el no dar cifras ni crear un registro es una forma de no reconocer el fenómeno, y si no lo reconocemos no lo investigamos, lo que permite que la desaparición forzada sea sistemática y que haya impunidad”, señaló.

Respecto a la aprobación de la ley, explicaron que primero debe haber una reforma a la Constitución que permita al Congreso legislar en materia de desapariciones forzadas. Y una vez que se apruebe eso se discutirá la ley, que consideran, “es lo más importante y lo más complicado”.

Coincidieron en que la ley debería incluir un tipo penal unificado, obligatorio para todas las entidades federativas, un programa nacional de búsqueda de personas desaparecidas, un tema de declaración de ausencia para reconocimiento de los derechos de los familiares, y una identificación clara de cómo van a funcionar las bases de datos para casos de desaparición.

Chamberlain señala que “hay una falta de voluntad política que es producto de la falta de coordinación de todas las instituciones del Estado. Ni siquiera son capaces de ponerse de acuerdo para invitar al comité de Desapariciones Forzadas de la ONU a visitar México”, concluyó.

Tampoco Ruth Fierro, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) de Chihuahua, ve al gobierno dispuesto a cambiar de actitud después de la reunión con el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU. “En estos dos días los miembros del gobierno han dado respuestas ambiguas en muchos temas, no se han comprometido con nada, ni siquiera han dicho que vayan a hacer un registro de personas”, dijo.

En breve el comité presentará un informe en el que formulará una serie de recomendaciones que no serán vinculantes. Es decir, que el gobierno mexicano podrá o no cumplir.

Al respecto, el titular de la SRE, José Antonio Meade, aseguró que México evaluará las recomendaciones para determinar cuáles de ellas aceptará.

“Justamente el espíritu de la recomendación es que el país está en libertad de ponderarlo conforme a sus propias circunstancias y ponderar cuál de ellas contribuirá a generar un mejor entorno”, dijo al acudir a la ceremonia de elevación a Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac del Norte.

Dijo que “México cumplió, reportó y respondió a diferentes cuestionamientos e interrogantes, lo hizo por espacio de dos días y estará atento a recibir las recomendaciones”.

jram



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