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Alertan por niveles de impunidad en México

Dennis A. García| El Universal
04:00Martes 21 de abril de 2015

OPINIÓN. "El problema más grave es el sistema de justicia (...) Si se continúa con sistemas que no permiten sancionar el delito se crea una estructura que fomenta la corrupción" Luis Ernesto Derbez, Rector de la UDLAP. (Foto: LUIS CORTES. EL UNIVERSAL )

México se ubica en el segundo lugar en el nivel de impunidad, con un índice de 75.7 puntos, sólo por debajo de Filipinas, que suma 80, de acuerdo con una medición comparativa de 59 países miembros de la Organización de la Naciones Unidas

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Al analizar a 59 países miembros de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), México se ubica en el segundo lugar en el nivel de impunidad, con un índice de 75.7 puntos sólo por debajo de Filipinas, que suma de 80 puntos.

Es el resultado del Índice Global de Impunidad (IGI) 2015, realizado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla, que representa el primer análisis en su tipo y mide este fenómeno a nivel internacional, en el que los investigadores no se basaron en conceptos de percepción sino en datos concretos de indicadores oficiales en materia de seguridad, justicia y derechos humanos.

El estudio se practicó sólo en 59 naciones y no en los 193 países miembros de la ONU, ya que 134 naciones no reportan la información suficiente ni cuentan con un reporte sistemático ante Naciones Unidas en materia de seguridad, justicia y derechos humanos. No se les excluye, sino que se integraron en un subconjunto clasificado bajo el nombre de “impunidad estadística y problemas estructurales”.

Al analizar y comparar la información de los 59 países que sí reportan a la ONU, el IGI observó que los de mayor impunidad son Filipinas, México, Colombia, la Federación de Rusia y Turquía, que tienen problemas estructurales en seguridad e impartición de justicia.

En contraste, las naciones con el menor Índice Global de Impunidad son Croacia, con 27.5 puntos; Eslovenia, 28.2 puntos; República Checa, 34.8 puntos; Montenegro, 34.9 puntos, y Bulgaria, con 37.5 puntos. En estos países se observó que además de contar con una capacidad estructural en sus instituciones de seguridad y justicia, se respetan los derechos humanos.

Respecto al sistema de impartición de justicia, los indicadores revelan que por cada cien mil habitantes, Bulgaria tiene 57 jueces; Eslovenia 48, Croacia 45 y Montenegro 42. Esto es muy por encima de lo que se registra en el conjunto de países analizados que es de 17 juzgadores en promedio. Mientras que México cuenta sólo con cuatro jueces por cada cien mil habitantes.

Cuando se mide el sistema de seguridad, México tiene 355 policías por cada cien mil habitantes, cifra por encima del promedio de policías por cada cien mil habitantes que es de 332. En ese sentido, el estudio concluye que para combatir la impunidad no se requiere de más elementos policiacos, sino de un Poder Judicial robustecido.

Deficiencias nacionales

El documento presentado por Luis Ernesto Derbez, rector de la UDLAP, dice que México ha desarrollado una estrategia para el mejoramiento de la seguridad pública focalizando esfuerzos en dos acciones claras: la creación de más y mejores policías —como la creación de la Gendarmería Nacional— y en la legislación con el incremento de penas más severas para aquellos que cometen delitos de alto impacto.

“A pesar de estos esfuerzos, el fenómeno parece que siguiera arraigado en el sistema político, dificultando así la defensa de la justicia y por consiguiente de los derechos humanos”, menciona el documento.

El fenómeno de la impunidad pone en duda el cumplimiento del derecho al acceso a la justicia pronta y expedita. La calificación de México, a partir de las dimensiones que conforman el índice muestra, entre otros datos, fallas por una clara sobrepoblación del sistema penitenciario favorecida por la saturación de la estructura judicial, misma que no se da abasto para sentenciar oportunamente a toda la población encarcelada.

El IGI precisa que el sistema de seguridad en México no lleva a cabo la apertura de procesos de averiguación de la mayor parte de las personas sospechosas, detenidas, arrestadas o que se encuentran bajo arraigo.

Sobre la funcionalidad del sistema de justicia hace énfasis en que es deficiente tener casi la mitad de su población detenida sin sentencia (46%), al presentar poca correspondencia entre la cantidad de personas encarceladas por homicidios respecto a los casos denunciados con este delito. Eso si se considera que cuenta con un número reducido de jueces frente a la cantidad de casos que llegan a tribunales.

El documento señala que al no tener la capacidad de una justicia pronta y expedita, en las cárceles sobrepobladas hay personas que esperan por años su sentencia, por lo que reitera que al contar con más jueces el impacto sería inmediato tanto en la reducción de encarcelados como en un proceso más rápido, sin esperar años a que un juez dicte sentencia en cada caso.

En el texto, el IGI no sólo pone en evidencia la problemática que se vive en México en cuanto a impunidad se refiere, sino que también aporta algunas recomendaciones a partir de los resultados que arrojó la investigación. Sugiere que dos prioridades para el país son atender la funcionalidad de su sistema de seguridad y la estructura de su sistema de justicia.

En el primer caso, precisa, se debe optimizar y ejercer una adecuada ejecución de los procesos de averiguación de la mayor parte de las personas que tienen algún contacto formal con los cuerpos de seguridad.

“México no necesita invertir cada vez más en la cantidad de policías, sino en los procesos que garanticen la efectividad de sus acciones”, misma que liberará la carga de trabajo a los jueces.

En cuanto al sistema de justicia, el IGI sostiene que de contar con más jueces, “sin lugar a dudas impactaría inmediatamente en los juicios, ya que al aumentar el número de éstos se reduciría el número de personas encarceladas esperando sentencia y con ello también la sobrepoblación de las cárceles”.

La encuesta nacional sobre Victimización y Percepción de la Seguridad Pública de 2014 que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señala que los mexicanos perciben que la impunidad es uno de los 10 problemas más importantes que aquejan a la entidad en la que viven. El IGI va más allá, pues los datos concluyen que el fenómeno es grave en el país a partir de cifras oficiales, no como un tema de percepción.

En el IGI se puntualiza que México es uno de los países que sí reporta el mayor número de información a la ONU, y aclara que aunque el país ocupa el segundo lugar del índice de impunidad de los 59 analizados y de los que se obtuvo información, entre las 134 naciones restantes que no pudieron ser examinadas (porque no cuentan con la información o no la proporcionan para no ser juzgados) se pueden encontrar situaciones peores que México.

Tras el análisis y cruce de información, el IGI llegó a la conclusión que la riqueza de los países, medida a través de sus capacidades económicas de producción, no es un factor determinante de la impunidad.

“Está comprobado estadísticamente que la impunidad está íntimamente relacionada con fenómenos humanos que nos preocupan al mundo y que están en el corazón de los mexicanos, como son el desarrollo humano, desigualdad y corrupción”, indica.

Se percibe que la desigualdad sí es un indicador que está relacionado con la impunidad. Los países que no otorgan las oportunidades de desarrollo económico, no realizan una tarea adecuada para reducir el acceso desigual a la seguridad y justicia entre su población.

Para determinar el índice de impunidad, el estudio se basó en 14 indicadores que dimensionan lo estructural, funcional y el respeto a los derechos humanos, tanto en el sistema de seguridad como en el de justicia.

Estos son: el número de policías y jueces por cada cien mil habitantes reclusos, entre capacidad total penitenciaria, personal carcelario entre capacidad total de los penales, personal carcelario entre total de reclusos, personas contra las que se iniciaron causas frente a tribunales entre personas en contacto formal con la policía.

Ejecuciones extrajudiciales, torturas, personas contra las que se iniciaron causas frente a los tribunales entre número de jueces, encarcelados entre condenados, porcentaje de encarcelados sin sentencia, encarcelados por homicidio entre homicidios totales, desaparecidos y encarcelamiento político.

jram



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