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Avaló la PGR acciones de DEA

Doris Gómora| El Universal
04:10Martes 07 de enero de 2014
Miguel Colorado, ex funcionario de la PGR, fue uno de los 14 detenidos en la Operacin Limpieza, que

POLÉMICA. Miguel Colorado, ex funcionario de la PGR, fue uno de los 14 detenidos en la Operación Limpieza, que se emprendió en el sexenio de Felipe Calderón con datos de testigos protegidos de la DEA y del FBI. (Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL )

Interrogatorios que realizaron elementos de la Agencia Antidrogas Estadounidense en cárceles mexicanas durante la administración de Felipe Calderón fueron tolerados por la Procuraduría General de la República

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DOCUMENTOS CARTA DE MIGUEL COLORADO Y DESISTIMIENTO DE EU

En el penal de alta seguridad de Puente Grande, Jalisco, la presión del fiscal estadounidense Stephen May fue incisiva: “si no nos dices algo, si no colaboras, en Estados Unidos las prisiones no son como las de aquí, y además tienes familia, una nieta, si no quieres...”, tradujo Gregory Garza, agente de la Agencia Antidrogas (DEA), a su interlocutor Miguel Colorado.

Junto a ellos, el ministerio público mexicano Martín Marín Colín, quien acompañaba a los funcionarios estadounidenses, no reportó en ninguna sección del proceso legal las amenazas que hicieron May y Garza a Colorado, pero los registros del Centro Federal de Readaptación Social en Puente Grande fueron testigos de la visita.

“En México, solamente el agente del Ministerio Público y, en su caso, el juez, pueden interrogar válidamente a un detenido, aun por un procedimiento de extradición para que éste conteste si es su voluntad y siempre en presencia de su defensor”, explica Juan Velásquez, reconocido abogado penalista en el país.

El experto agrega: “Si para que conteste se le obliga, amén de que su contestación sería inválida, quien la hubiese obtenido así cometería un delito previsto en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura; aparte, creo que lo anterior debería hacerse mediante los canales diplomáticos y en tanto convenios celebrados por el Presidente y aprobados por el Senado”.

Registros del penal de alta seguridad de Puente Grande, cuya copia tiene EL UNIVERSAL, confirman la visita del fiscal estadounidense Stephen May y de Gregory Garza, acompañados de Martín Marín Colín, quien aparece como Coordinador General de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), “con el fin de realizar una diligencia” con Miguel Colorado.

En el Cefereso, los dos funcionarios estadounidenses y el Ministerio Público mexicano buscaban obtener información que confirmara las declaraciones de su testigo protegido Jennifer, especialmente porque Miguel Colorado era el único de los 14 detenidos en la llamada Operación Limpieza, al que el gobierno de Estados Unidos solicitó en extradición y que reiteradamente se ha declarado inocente de las acusaciones.

El 9 de agosto de 2013, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) entregó al juzgado y a Miguel Colorado el desistimiento de extradición del gobierno de Estados Unidos, cinco años después de que el ex funcionario fuera detenido con el resto de los acusados en la Operación Limpieza, que la PGR dio a conocer a finales de 2008, durante el sexenio de Felipe Calderón.

Tras su detención, en agosto de 2008, Colorado pasó 82 días arraigado en el Centro de Mando de la Policía Federal en Iztapalapa, en medio de torturas sicológicas y físicas por parte de agentes y fiscales estadounidenses, así como de funcionarios mexicanos, situación que continuó en los siguientes siete meses en los que estuvo confinado en el área de tratamientos especiales del Cefereso, en espera de su extradición a Estados Unidos.

“Si agentes de Estados Unidos han participado en actos de tortura, Estados Unidos posee leyes y un sistema judicial medianamente efectivo como para que sus fiscales federales tomen inmediatamente cartas en el asunto e impulsen causas penales en contra de éstos”, comenta Edgardo Buscaglia, profesor de la Universidad de Columbia.

En opinión del especialista, las víctimas y sus familias podrían también llevar esos casos a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que a través de un debido proceso se determine la verdad judicial sobre los hechos.

El 30 de septiembre de 2013 se cerró la instrucción en el caso de Miguel Colorado, ambas partes entregaron conclusiones entrando al periodo de espera de sentencia; sin embargo, de forma inesperada, en diciembre fue cambiado el juez que llevó durante cinco años el proceso. La nueva jueza desconoce el expediente y proyecta dictar sentencia tan pronto como conozca de ello.

El FBI y la “Operación Limpieza”

El ingeniero militar Miguel Colorado fue coordinador general técnico de la entonces SIEDO en el sexenio de Felipe Calderón. En septiembre de 2007 recibió instrucciones de dar seguimiento a tres ex militares que operaban como agentes federales de investigación, a quienes se les relacionaba con el crimen organizado.

“El señor procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, instruyó darles seguimiento a tres Afis de procedencia militar (gafes), debido a que el FBI de Estados Unidos informó al señor procurador general de la República de tres Afis comisionados en la SIEDO que colaboraban con los Beltrán Leyva”, señala Miguel Colorado en su testimonio.

Habían pasado seis meses desde que Colorado había visitado el Centro de Intercepciones de la DEA en Nueva York —por invitación de la propia agencia— para conocer la operación del lugar, como resultado de que la Coordinación Técnica a su cargo en la SIEDO había logrado la detención de una célula delictiva en Nuevo Laredo, Tamaulipas, mediante intervenciones telefónicas.

Pero en la nueva orden enviada a través de Noé Ramírez Mandujano, entonces titular de la SIEDO, estaba involucrada otra agencia estadounidense: el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), que afirmaba que el capitán Fernando Rivera Hernández, director general adjunto, y los tenientes Carlos Milton Cilia Pérez y Roberto García García trabajaban para el cártel de los Beltrán Leyva.

Colorado planteó lo inconveniente de que el seguimiento a los Afis lo realiaran sus mismos compañeros, y a los tres días de hacerlo, los tres ex militares sospechosos descubrieron el espionaje de que eran objeto, lo que generó pleitos verbales, amenazas y conatos de peleas con sus seguidores.

“De todo esto se le informó al señor Procurador. Manifestó que ese grupo de Afis-Gafes lo ubicaría en la Cenapi (Centro Nacional de Planeación e Información de la PGR), esto no sucedió antes de agosto de 2008, fecha en la que fui detenido”, refiere Colorado.

Mientras que los tres ex militares Afis siguieron trabajando en sus cargos, con las mismas funciones, en enero de 2008 el Ejército mexicano anunció la detención de Alfredo Beltrán Leyva, alias El Mochomo.

Durante la detención de Beltrán Leyva, la noche del 20 de enero, el Ejército reportó que encontró entre los documentos de El Mochomo un oficio de investigación dirigido a Miguel Colorado, donde se le pedía checar domicilios en Sinaloa, uno era el inmueble donde fue detenido el narcotraficante.

Pero fue hasta el 2 de julio de 2008 cuando Alberto Pérez Guerrero, ubicado como el testigo protegido Felipe, declaró que Colorado realizaba investigaciones sobre el cártel de los Beltrán Leyva y evitaba que éstas llegaran a completarse; y que tanto él como Colorado tenían el apoyo de José Antonio Cueto López, un agente federal de investigación, ex policía judicial y ubicado como enlace de los narcotraficantes.

Información integrada a la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/241/2008, señala que el testigo Felipe laboró en 2007 y 2008 como investigador criminal en la Oficina de los Marshalls de Estados Unidos, en la embajada de México, y que trabajaba para los Beltrán Leyva cuando fue detenido, por lo que hizo su declaración en la embajada de México en Washington, donde prestó asistencia a la DEA.

Posteriormente, a finales de 2008 fueron detenidos los tres ex militares Afis —tras 11 meses de iniciado su seguimiento y continuar laborando en la PGR—, quienes confesaron trabajar para los Beltrán Leyva y se incorporaron al programa de testigos protegidos bajos los nombres de Saúl, el teniente Carlos Milton Cilia Pérez; David, el teniente Roberto García García, y Moisés, el capitán Fernando Rivera Hernández, éste último preso en Hermosillo, Sonora, tras revocarle el Ministerio Público ser testigo.

“De todo esto se le informó a la recién titular de la SIEDO, Marisela Morales Ibáñez, asimismo del odio que tenían estos tres Afis-Gafes en contra del señor Antonio Mejía Robles, del AFI Jorge A. Zavala Segovia, auxiliar administrativo, y del coordinador Miguel Colorado González”, explicó en su testimonio Colorado.

Mejía Robles y Zavala Segovia fueron certificados por la DEA, para la que trabajaban en las Unidades de Inteligencia Sensibles (SIU, por sus siglas en inglés), y eran monitoreados constantemente mediante rastreadores que la Agencia Antinarcóticos los obligaba a llevar.

Tras su detención, los tres ex militares Afis comenzaron a recibir dinero, hospedaje y vivienda, protección para ellos y sus familias, como parte del programa de testigos protegidos. Ellos, junto con ocho testigos más, los más conocidos Jennifer y Emiliano, declararon en contra de Colorado, Mejía y Zavala.

Encierro en condiciones deplorables

El 6 de agosto de 2008, Colorado y Mejía fueron llamados a la oficina de la entonces titular de la SIEDO, Marisela Morales, para rendir un informe de las actividades de la Coordinación Técnica, pero en ese momento fueron detenidos por agentes del Ministerio Público federal y por el teniente coronel Abigaí Vargas Tirado, del Cenapi, a quien Colorado conoció en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“No nos dieron a leer algún documento de detención, nos conducen hacia el sótano del edificio de la SIEDO, nos suben a vehículos particulares escoltados por personal militar vestidos de civil y nos trasladan al Centro de Mando de la Policía Federal”, señaló Colorado.

Al término de su primera declaración, en la que no contó con defensor particular, Colorado fue informado por el agente Martín Marín Colín que en el Centro de Mando estaban tres agentes de la DEA, entre los cuales estaba Gregory Garza, a quien Colorado conocía previamente por eventos de la SIEDO, otro agente de apellido García y uno más con una laptop.

“Al abrirla me mostraron varias fotografías, entre ellas la de un señor de apellido Cueto; les comenté que a ese señor lo conocí en el año 1994, ya que ambos trabajamos en el gobierno del licenciado Emilio Chuayffet Chemor en el Estado de México, en diferentes áreas, y que casualmente por alguna reunión general nos encontramos sin tener relación particular”, explicó Colorado.

De manera paralela a la detención de Colorado fue cateada su casa, confiscadas propiedades, solicitada la renuncia de su hijo, Alejandro Colorado, del Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como de sus otros dos hijos; y de ello derivó que el agente de la DEA Garza lo cuestionara sobre un auto Volvo de su propiedad.

De acuerdo con Colorado, durante su proceso quedó acreditado que el Volvo lo adquirió en una agencia donde dejó a cuenta otro vehículo, y el resto del monto se le descontó de sus pagos, pero en ese momento el auto era considerado un regalo de los Beltrán Leyva, a quienes relacionaban con él y con su ex jefe en la SIEDO.

“El señor Garza me preguntó si tenía conocimiento de alguna relación de mi ex jefe, Noé Ramírez Mandujano, con la delincuencia. Le contesté enfáticamente que yo no tenía ninguna información; me dijo que lo pensara bien, ellos allá en Estados Unidos me darían sustento y protección con toda mi familia, otra vez le contesté, ya molesto, que yo no podría ser un falso testigo, es así como este señor agente me presionó con tortura psicológica, fue la primera aquí en nuestro México”, refirió.

En los separos del Centro de Mando, donde los detenidos permanecen 72 horas en promedio, Colorado llegó a cumplir 82 días. “No tenían ventanas donde entrara el oxígeno, con frío proporcionado por aire acondicionado durante las 24 horas, con intensa iluminación de día y de noche, ocasionando tortura física y emocional, sólo tenía un solo servicio con un solo excusado, un lavabo y una regadera tanto para hombres como para mujeres”.

De acuerdo con memorándums del gobierno de Estados Unidos, es considerada tortura el uso de técnicas de interrogación que implican tormento físico o sicológico, tales como alteraciones al sueño, posiciones estresantes, inducción de ahogamiento, bofetadas e insultos, luz permanente, presión para obtener atención, azotar contra las paredes, presión facial, abofetear con insultos, confinamiento apretado, con o sin insectos, y parar contra la pared.

En los primeros días, Colorado usó sus zapatos de almohada y su saco de cobija, no se cambió de ropa hasta que sus familiares le llevaron mudas para hacerlo, y además para integrar su proceso fueron llevados los testigos protegidos que lo veían detrás de un cristal.

Marisela Morales visitó a Colorado en dos ocasiones en el Centro de Mando, una acompañada de Óscar Rocha Drawosky, asesor del procurador general de la República Medina Mora.

“La licenciada Marisela Morales volvió a insistirme para ser informante, nuevamente le repetí que no y ella expresó abiertamente que lo pensara muy bien, que lo hiciera por mi esposa, porque ella iba a sufrir. Le repetí que no, aunque sentí la tortura psicológica y emocional que con su presión me llenó de temor”, expresó.

Envío a Puente Grande

Tras la presión del agente de la DEA Garza, y la amenaza de extraditar a Colorado a Estados Unidos, fue enviado al penal federal de Puente Grande, en Jalisco, y se le informó que estaría ahí hasta que se resolviera su extradición. En tanto, quedarían pendientes los cargos de la causa penal 250/2008 por los cuales fue detenido originalmente.

Al respecto, la PGR detalló que el 24 de octubre de 2008 se consignó la averiguación previa SIEDO/UEIDCS/351/08 contra Colorado, por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud, ante el Juzgado II de Distrito en materia penal de Jalisco, relacionados con los hermanos Beltrán Leyva, pero esa orden no se había cumplido.

Por ello, la PGR informó —en enero de 2009— que Colorado, quien era considerado el principal acusado de la Operación Limpieza, no había sido consignado por delito alguno y el juzgado VI de Distrito había otorgado la detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos por los delitos de delincuencia organizada para producir y distribuir cocaína en ese país.

El fiscal litigante Stephen M. May, de la División Penal de la Sección de Narcotráfico y Drogas de Estados Unidos, fundamentó la acusación con las declaraciones de testigos protegidos, entre ellos Emiliano, Saúl, Felipe y Jennifer, e hizo la petición de extradición de Colorado al gobierno de México desde el 27 de octubre de 2008, un día después de que un juez mexicano giró la orden de aprehensión con la causa 250/2008 contra Colorado.

El ingreso de Colorado al Cefereso 2 de Puente Grande se dio en un patio donde los miembros de seguridad interna le gritaron repetidamente, incluso cerca de los oídos, le acercaron perros ladrando, le hicieron que se desnudara, se pusiera el uniforme y tenis, caminara con la cabeza agachada por los pasillos con los brazos entrelazados a la espalda y era jaloneado constantemente.

“Estos actos violentos, como el que con sus palmas de manos los custodios me pegaron en mi cabeza, han sido permitidos por las autoridades, aplican la tortura física, psicológica, con el abuso de autoridad, es así como me dieron la bienvenida”, agregó Colorado en su testimonio.

Visita de agentes

Después de permanecer 15 días en el Centro de Observación y Control del Cefereso, Colorado fue enviado al área de “tratamientos especiales”, la misma área en la que se ubican Daniel Arizmendi El Mochaorejas, José Ramírez Villanueva, quien mató al hermano de Joaquín El Chapo Guzmán, entre otros; en donde cada celda tiene una exclusa de dos puertas.

En esa área, Colorado permaneció siete meses sin aire directo, en un ambiente húmedo, con moscos, un cono a nivel del piso que hacía las veces de excusado, una regadera con agua fría para el baño a las seis de la mañana, una cámara permanente de vigilancia, una celda en la que tenía prohibido hacer ejercicio, comunicarse con el resto de los internos, enviar mensajes a familiares, y ante la falta de papel higiénico usaba una calceta que lavaba tras usarla.

El 10 de marzo de 2009, Colorado decidió allanarse, es decir, aceptar la extradición. El 7 de abril, el juez federal Arturo César Morales Ramírez —adscrito al Reclusorio Sur del DF— dio el visto bueno, quedando pendiente la entrega.

Semanas después, el 22 de abril de ese año, Colorado recibió la visita del fiscal Stephen May, del agente de la DEA Gregory Garza, y de Martín Marín Colín, de la SIEDO. En esa ocasión, May le preguntó si contaba ya con un abogado en Estados Unidos o que el gobierno le podría proporcionar uno.

“Preguntó si ya quería ser informante, que si ya lo había pensado bien. Les repetí una vez más que yo no era delincuente, ni tenía relación con la delincuencia organizada, externó que allá en su país las cárceles sí son cárceles”, relató Colorado, quien enseguida les pidió que se lo llevarán a Estados Unidos para enfrentar el proceso en sus cortes.

Y agregó que “su presión incidiosa no me amedrentó, sin embargo fue tortura psicológica. Entiendo que ningún fiscal y/o funcionario de Estados Unidos puede venir a este país en acción de sus funciones enfocadas a presionar en forma por demás incidiosa, además, junto a agentes especiales de la DEA acompañados por el Ministerio Público Federal de México, el señor Martín Marín Colín, esto es claramente abuso de autoridad y de sus funciones”.

Un día después de esa visita, Colorado fue transferido del área de “tratamientos especiales” al Módulo 1, y su vida cambió. Pudo salir al patio, tener actividades laborales, contacto con otros internos, y ver el sol.

“Sin embargo, se me pasó lista extraordinaria, es decir, dos veces más de lo usual, esa lista se me suspendió después de más de tres años, evento que me incriminó y daño psicológicamente, se realizaba en cualquier parte en la que me encontraba dentro del penal. Esta ubicación en tratamientos especiales, la lista extraordinaria y el seguimiento constante resultó por recomendación de la señora Marisela Morales Ibáñez”, afirmó Colorado.

En mayo de 2009, la Secretaría de Relaciones Exteriores concedió a Estados Unidos la extradición de Colorado para ser procesado en la Corte Federal de Columbia, pero cuando estaba a punto de ser entregado, el 3 de junio de ese año, la PGR anunció que el juez segundo de distrito en materia penal de Jalisco dictó el auto de formal prisión del ex coordinador de la SIEDO.

Lo anterior con base en la causa penal 250/2008, por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y contra la salud en la modalidad de entrega de información reservada de averiguaciones previas a personas relacionadas con los hermanos Beltrán Leyva. La orden de captura que había sido emitida el 26 de octubre de 2008 fue cumplida siete meses después.

Entre el 29 de octubre y el 12 de diciembre de 2009, Colorado envió siete escritos al juzgado, a la SIEDO y a la AFI para pedir que le cumplieran la captura, como había ocurrido con sus coacusados Zavala y Mejía, procesados en el mismo expediente, de los cuales Zavala quedó absuelto de la Operación Limpieza y está preso por otro juicio.

Tras cinco años de encierro, el desistimiento del gobierno de EU para procesarlo, y el reciente cambio de juez del caso, ahora Colorado espera su sentencia, que está en manos de una jueza que nunca conoció el expediente del proceso.

“El gobierno mexicano debería abrir una investigación sobre los funcionarios mexicanos que ayudaron a Estados Unidos en operaciones que resultaron en testigos protegidos y que a su vez provocaron que fueran detenidas personas, la mayoría de las cuales están libres”, señala Edgardo Buscaglia.

“El gobierno mexicano debería ya mismo abrir investigaciones que estén orgánicamente vigiladas por un panel internacional compuesto por sociedad civil”, destacó el experto.

Hasta ahora, expresó Colorado, los 11 testigos protegidos “no han podido acreditar la verdad de sus dichos, ésta fue la estrategia y proceder en mi contra y de mi familia de la Agente del Ministerio Público Federal, licenciada Marisela Morales Ibáñez”.

La declaración de los testigos protegidos “les dio sustento jurídico para crear la famosa Operación Limpieza, se coronaron, se llenaron del éxito mediático con el visto bueno del señor Calderón Hinojosa, jefe directo de la señora licenciada Procuradora General de la República… ese fue su premio”.

ACUERDO. En imagen de 2012, Marisela Morales, en ese entonces titular de la PGR, y Michele Leonhart, administradora de la DEA, durante la firma de un convenio contra el narco



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