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Evaluación a México

Angélica de la Peña*| El Universal
Miércoles 23 de octubre de 2013

Este 23 de octubre el Estado mexicano sustentará en Ginebra su segundo informe ante el Mecanismo de Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Su primera evaluación la realizó en 2009 y recibió 91 recomendaciones de la comunidad internacional. Las siguientes cuatro recomendaciones no se aceptaron: 1) derogar la figura del arraigo; 2) ajustar la definición de delincuencia organizada a lo establecido en la Convención de Palermo; 3) reformar el Código de Justicia Militar (CJM) para que los delitos cometidos por militares contra civiles sean procesados en el ámbito civil; y, 4) reinstaurar una comisión de la verdad para la investigación de los delitos cometidos contra movimientos políticos y sociales del pasado.

De esta forma, México argumentará en su informe que sobre los tres primeros asuntos hay procesos inconclusos y, particularmente en el caso del arraigo, deberá justificar y explicar las resistencias existentes que han dado paso a la propuesta de limitarlo con algunos candados que, sin embargo, no evitan que persista el cuestionamiento de fondo en torno a que su implementación constituye una flagrante violación a los derechos humanos.

Respecto a la definición de delincuencia organizada, existen iniciativas que debemos dictaminar en el congreso para crear un tipo penal más eficiente en la lucha contra el crimen y que, al mismo tiempo, no pueda ser utilizado para castigar y criminalizar la protesta social.

Sobre la reforma al artículo 57 del CJM, es importante señalar que el Senado discute actualmente un conjunto de reformas que podrían permitirnos cumplir las recomendaciones y dar por concluida esta discusión.

También es conducente señalar que desde hace tiempo y a partir de las sentencias tanto de la CoIDH como de la SCJN, la SEDENA ha declinado su competencia en aquellos casos en donde se ven involucrados militares de contra civiles, a efecto de que puedan ser procesados en el ámbito civil.

Destacan como retos urgentes la aprobación de la Ley Reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución en materia de Restricción o Suspensión del Ejercicio de los Derechos y las Garantías; la Ley Reglamentaria del Artículo 33 de la Constitución en materia de garantía de audiencia y expulsión de personas extranjeras; la Ley General para Promover la Igualdad y la Protección de los Derechos de las Personas de Diversas Orientaciones Sexuales e Identidades de Género; y la Ley de Amnistía que devolvería su libertad al profesor indígena Alberto Patishtán.

Después del informe oficial de México, deberemos entrar al estudio detallado de los informes presentados por las Organizaciones de la Sociedad Civil y por las distintas agencias de Naciones Unidas.

Concluida la Evaluación, habremos de ordenar y definir la mejor manera de procesar el cumplimiento de cada una de las recomendaciones. Sería realmente grave y una abierta contradicción que el Estado mexicano no adopte las medidas pertinentes para cumplir con nuestra vinculación con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; no exageramos al señalar que la sociedad presenta muestras de cansancio, de impaciencia y también de desesperanza.

Por el bien de la gobernanza, es impostergable atender, planificar y legislar todo aquello que sea necesario para afianzar y consolidar el camino de México por la senda de la defensa, promoción y protección de los derechos humanos.

*Senadora de la República



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