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Envía Peña Nieto iniciativas de DH

Francisco Reséndiz, Ricardo Gómez y Francisco Nieto| El Universal
Miércoles 23 de octubre de 2013
Enva Pea Nieto iniciativas de DH

PROPUESTA. El objetivo de las iniciativas del Ejecutivo federal es defender las garantías de las personas, explicó la Presidencia de la República. (Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL )

Se busca proteger la dignidad de todo individuo, argumenta

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El presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso de la Unión una batería de iniciativas en materia de protección y defensa de los derechos humanos con las que busca acotar la actuación del Estado en la suspensión de derechos y expulsar a extranjeros.

Además, las cinco propuestas —cuatro enviadas a la Cámara de Diputados y una al Senado— plantean adecuar el delito de desaparición forzada conforme a estándares internacionales, con lo que militares podrían ser juzgados en tribunales civiles.

También propuso reformas a la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas para evitar prácticas discriminatorias en contra del personal militar que padece VIH/sida y que sólo puedan ser dados de baja si el padecimiento implica la pérdida de la funcionalidad para su desempeño.

Así, las iniciativas incluyen la creación de leyes reglamentarias de los artículos 29 y 33 constitucionales, reformas al Código Penal Federal y a la Ley del ISSFAM, y el retiro de reservas a distintos tratados internacionales en materia de derechos humanos.

“De ser aprobadas estas propuestas, México dará importantes pasos en la protección de la dignidad de todo individuo”, indicó el presidente Peña Nieto.

Anoche, la Presidencia explicó que la Ley Reglamentaria del Artículo 29 tiene por objeto regular el ejercicio para restringir o suspender el ejercicio de determinados derechos y garantías que fuesen obstáculo “para hacer frente rápida y fácilmente a los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o cualquier otro que ponga en grave peligro o conflicto a la sociedad”.

Los supuestos para someter a consideración del Congreso, o de la Comisión Permanente —que deberá responder en máximo 72 horas— la suspensión de derechos y garantías son: Invasión y perturbación grave de la paz pública; afectaciones graves a la seguridad nacional, a la seguridad interior, a la salud pública o desastres naturales o “antropogénicos de gran magnitud e impacto a la población”.

Precisa que no se podrán suspender los derechos a la no discriminación, al reconocimiento a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad.

Así como los derechos de la niñez, los derechos políticos, las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa, tampoco el principio de legalidad y retroactividad, ni las prohibiciones de la pena de muerte, de la esclavitud y la servidumbre, de la desaparición forzada y la tortura, y tampoco se suspenderán las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.

La reglamentación al artículo 33 tiene por objeto regular el procedimiento mediante el cual el Ejecutivo podrá ejercer su facultad de expulsar del territorio nacional a personas extranjeras.

Se restringe la facultad discrecional y absoluta del Ejecutivo al establecer que sólo serán sujetos de expulsión los extranjeros que realicen actos u omisiones que constituyan una amenaza a la seguridad nacional, o para el orden o la seguridad públicos. Respecto a la reforma al Código Penal, para adecuar el delito de desaparición forzada a estándares internacionales, el propone que el delito también se configure cuando el sujeto activo se niegue a reconocer la desaparición o a informar sobre el paradero de la persona.



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