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Armas de asalto, pesadilla en la frontera

J. Jaime Hernández • Corresponsal| El Universal
Lunes 28 de enero de 2013
Armas de asalto, pesadilla en la frontera

POSTURA. Defensores del derecho a poseer armas, durante un mitin organizado por Guns Across America para exigir al gobierno respetar la Segunda Enmienda. (Foto: MATT MILLS MCKNIGHT REUTERS )

Desde 2004, su venta se disparó en las más de 7 mil armerías que hay en Texas, Arizona y Nuevo México, en cuyas zonas limítrofe con México subió la violencia

WASHINGTON.— Un mes después de haber derramados lágrimas por la muerte de 20 niños en la localidad de Newtown, Connecticut, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, presentó su iniciativa para reimplantar la prohibición contra las armas de asalto que expiró en el 2004, toda vez que este armamento se ha convertido en la peor pesadilla para la seguridad hacia ambos lados de la frontera.

La discusión a favor y en contra de restablecer dicha prohibición ha conseguido partir las aguas de una nación que hoy se debate entre la necesidad de evitar un nuevo “asalto” del gobierno contra la Segunda Enmienda —que garantiza el derecho a tener y portar armas—, y quienes consideran que ya ha llegado el momento de meter en cintura a la poderosa industria de las armas y a su belicosa madrastra, la Asociación Nacional del Rifle (NRA).

En medio de esta disputa, que augura una difícil batalla en el Congreso, los especialistas advierten que las posibilidades de una victoria para el presidente Obama se antojan lejanas.

Lo que es más, advierten, una hipotética victoria para reimplantar la prohibición contra las armas de asalto no tendría un efecto o un impacto inmediato, ante la capacidad de la industria de las armas para seguir operando a través del mercado negro y ante la difícil tarea de eliminar de la noche a la mañana el poderoso arsenal que durante casi una década fluyó a México a través de las más de 7 mil armerías en los estados de Texas, Arizona o Nuevo México.

“Aunque se reimplantara la prohibición contra las armas de asalto no va a ser fácil ponerle fin al tráfico de armas a México, porque siempre habrá un mercado negro imposible de eliminar y, además, porque el arsenal que ha cruzado de forma ilegal desde el 2004 y que ha ido a parar a manos de criminales es considerable”, señaló Omar García Ponce, investigador de la Universidad de Nueva York y coautor del estudio “Las leyes sobre armas en Estados Unidos y la violencia en México”.

“La propuesta del presidente Barack Obama es un buen comienzo. Pero se queda corta si se le compara con las leyes implantadas por estados como California y, más recientemente, por Nueva York”, añadió el especialista en alusión a la batalla que han librado estos dos estados para colocarse a la vanguardia de la lucha contra el tráfico ilegal de armas y la epidemia de violencia que azota ambos lados de la frontera.

Tras un exhaustivo estudio de más de dos años, el investigador y candidato a doctor del Departamento de Ciencias Políticas en la Universidad de Nueva York ha llegado a la siguientes conclusiones: tras la expiración de la prohibición contra las armas de asalto en el 2004 su venta se disparó a través de las más de 7 mil armerías localizadas en los estados de Texas, Arizona y Nuevo México.

A pesar de que California también cuenta con armerías, las leyes que restringen la venta de armas de asalto desde 1989 en ese estado —luego de un tiroteo contra una escuela primaria en la localidad de Stockton que causó la muerte de 5 niños—, han limitado considerablemente el tráfico hacia México.

“En estados como Texas, Arizona o Nuevo México no hay leyes estatales que regulen la venta de las armas de asalto. En este caso, los tres estados se adhieren a la ley federal que no las prohíbe”, aseguró, al señalar que tras la expiración de la prohibición contra las armas de asalto en 2004, el número de armerías se disparó a lo largo de estos tres estados para convertirlos en la principal fuente de suministro de armas para el crimen organizado en México.

“La diferencia de legislaciones estatales entre California, Arizona, Texas y Nuevo México ha facilitado el acceso a las armas. Hoy es mucho más difícil adquirir un arma de asalto en la franja fronteriza con California, mientras que la compra a través de testaferros y el tráfico ilegal hacia México es mucho más fácil en Texas, Arizona y Nuevo México.

“De hecho, en nuestro estudio demostramos que la violencia en México en localidades o municipios que están a 100 millas de Texas, Arizona o Nuevo México es infinitamente superior si se le compara con las que colindan con California”.

La correlación y el impacto del fin de la prohibición del 2004 contra las armas de asalto ha sido documentada a través de estudios, investigaciones realizadas por las agencias federales de Estados Unidos y por los analistas del Departamento de Justicia.

Según el reporte difundido el pasado mes de diciembre por la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), de las 99 mil 700 armas que fueron recuperadas en México y rastreadas entre 2007 y 2011, un total de 68 mil 160 provenían de las armerías en Estados Unidos. “Los datos son irrefutables. La mayoría de las armas que han ido a parar a manos de los cárteles de la droga y de criminales vienen desde Estados Unidos. De ahí la importancia de reimplantar una prohibición contra las armas de asalto que ha propuesto el presidente Obama”, aseguró Omar García al reconocer que las posibilidades de éxito de esta medida son inciertas.

“Digamos que hoy es un volado. La moneda está en el aire”, apuntó en alusión al creciente apoyo de la opinión pública para regular las armas de asalto —más de un 55% según el sondeo de Pew Research Center—, pero también en referencia al poder de la NRA, que ha emprendido una intensa campaña para derrotar los planes de Obama.

Para poner en perspectiva las dificultades del presidente Obama para reimplantar a nivel federal la prohibición contra las armas de asalto, baste con señalar que más de la mitad de la población de EU (aproximadamente 166 millones de personas) viven en 25 estados controlados por un partido Republicano que responde a los designios de la NRA.

El resto, aproximadamente 93 millones que viven en 13 estados demócratas, favorecen el control de las armas, aunque algunos de sus representantes serían incapaces de desafiar el inmenso poder del lobby de las armas.



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