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Alertan en AL de amenazas a la prensa

Diego Arguedas La Nación/GDA| El Universal
Miércoles 30 de noviembre de 2011

SAN JOSÉ.— El procurador judicial del diario ecuatoriano El Universo, Joffre Campaña Mora, llegó a Costa Rica a hacer sonar las alarmas. El litigante señaló el peligro que representan para la libertad de expresión en América Latina las acciones legales que emprendió el presidente Rafael Correa contra el medio que representa.

El jurista mostró su preocupación ante la posibilidad de que la persecución que, él siente, ha sufrido este periódico, se extienda a otras naciones de la región.

“¿Qué pasaría si en unos años Costa Rica tuviera un gobierno como el de Correa? Entonces queda claro que el asunto no es un tema exclusivo de un periódico de Guayaquil, sino que es para todos”, señaló.

Campaña se presentó en una conferencia organizada en la Universidad de Costa Rica por el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX) de Costa Rica para analizar el caso judicial del mandatario ecuatoriano contra El Universo.

En julio, Correa demandó al diario, a sus tres directores y a Emilio Palacio, el entonces editor de la sección de Opinión, por una columna en que este último lo calificara de “dictador” y lo acusara de crímenes de lesa humanidad por supuestamente haber ordenado disparar a civiles durante una refriega, el 30 de septiembre de 2010. La justicia ecuatoriana ordenó el pago de 40 millones de pesos y condenó a los cuatro imputados a tres años de cárcel, el editor como autor de la pieza y los directores como coautores del delito.

Crítico

Escéptico respecto al funcionamiento del sistema judicial de su país, Campaña se dijo preocupado por unas declaraciones de Correa, en que afirmaba que deseaba que este proceso pusiera el ejemplo para la Unión de Naciones Sudamericanas e incluso para otros países de la región. El abogado señaló una docena de puntos en los que afirma evidenciar los vicios a lo interno del Poder Judicial ecuatoriano.

Citó los inestables nombramientos de jueces, las incongruencias en el archivo digital que contenía la sentencia y el juego del presidente Correa, quien —según el jurista— acusó como ciudadano pero se amparó en su poder político para mover influencias a su favor.



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