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Nuevo frente de crisis en Ecuador

José Vales/Corresponsal| El Universal
Domingo 21 de agosto de 2005
Estalla violencia en Manabí en protesta contra alcalde acusado de corrupción

Buenos Aires.- Mientras una tensa calma imperaba ayer en la región petrolera de la Amazonia y el gobierno contabilizaba ya las pérdidas en el presupuesto ocasionadas por la huelga en demanda de mejor reparto de ingresos petroleros, que hoy cumple su séptimo día, al presidente Alfredo Palacio le sobrevino otro frente de tormenta: en la provincia costeña de Manabí un millar de personas se plegaron a una violenta protesta contra "la corrupción del alcalde", lo que obligó al jefe de Estado a extender hasta allí el estado de emergencia.

Palacios, que el miércoles aplicó esa medida a las provincias petroleras de Sucumbíos y Orellana, ante la virulencia de las protestas, dio a conocer el decreto mediante el cual suspende la "libertad de opinión, de reunión" y otras garantías institucionales en Manabí, bastión político del ex presidente Lucio Gutiérrez, para calmar las protestas contra el alcalde Eliécer Bravo, sobre quien pesa una orden de destitución aprobada en julio por la legislatura provincial.

Si bien la huelga petrolera se mantiene en pie, el nuevo ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, visitó ayer la ciudad de Francisco de Orellana, en busca del diálogo.

Mientras la producción de crudo se recupera lentamente, después de pasar de producir 231 mil barriles diarios a cero, Jarrín admitió que la visita es "un intento de acercamiento a la población e instar a las autoridades locales a que cumplan con la Constitución".

Ayer, la región se mostró en calma, aunque fuertemente custodiada por efectivos de las Fuerzas Armadas.

En casi cinco meses de gobierno, la cuestionada administración de Palacios aún no ha dado solución a todos los conflictos que se le han presentado. La ausencia de una Corte Suprema de Justicia, destituida por el Congreso primero y por el ex presidente Lucio Gutiérrez, días después (lo que originó las protestas de abril y su salida del poder), complican aún más el panorama político.

La ministra de Hacienda, Magdalena Barreiro, aseguró que la huelga petrolera privó ya al presupuesto público de más de 300 millones de dólares, por lo que "debemos estudiar alternativas para paliar ese déficit".

Una de las medidas en las que avanza el gobierno, según Barreiro, es la de acudir al Fondo Latinoamericano de Reservas, en busca de un crédito de 400 millones de dólares.

Así, mientras Jarrín intenta una negociación, que según sus declaraciones a la prensa no se convertirá "en una mediación de las Fuerzas Armadas", al gobierno le siguen apareciendo conflictos en otras regiones, como en Manabí, minando aún más su credibilidad y su futuro inmediato.



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