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La reforma laboral a detalle, episodio II

José Luis de la Cruz Gallegos | El Universal
Lunes 22 de octubre de 2012

Uno de los argumentos que se esgrimen para aprobar la reforma es que con ello se elevar la productividad de la economía, pero el mecanismo planteado no necesariamente lo garantiza.

El Artículo 153-A establece que “Los patrones tienen la obligación de proporcionar a todos los trabajadores, y éstos a recibir, la capacitación o el adiestramiento en su trabajo que le permita elevar su nivel de vida, su competencia laboral y su productividad, conforme a los planes y programas formulados, de común acuerdo, por el patrón y el sindicato o la mayoría de sus trabajadores”.

En resumen, se deben instrumentar planes y programas en donde la responsabilidad es de los patrones. ¿Acaso no se instrumentan en la actualidad? ¿Las empresas no capacitan a su personal? Evidentemente que un número importante de compañías prepara a su personal, principalmente, las medianas y grandes, por lo que en esas empresas el artículo 153-A difícilmente tendrá algún efecto sustantivo.

Lo descrito no es algo menor, ya que existen al menos dos aspectos adicionales a resaltar: ¿Quién capacitará a los trabajadores? ¿El tratamiento para las empresas será igualitario independientemente de su tamaño?

El propio Artículo 153-A señala que la capacitación se realizará “por conducto de personal propio, instructores especialmente contratados, instituciones, escuelas u organismos especializados, o bien mediante adhesión a los sistemas generales que se establezcan.” También se indica “las instituciones, escuelas u organismos especializados, así como los instructores independientes que deseen impartir formación, capacitación o adiestramiento, así como su personal docente, deberán estar autorizados y registrados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social”.

En otras palabras, previo a iniciar los procesos de capacitación, la Secretaría del Trabajo deberá crear un padrón donde quede establecido quién cuenta con su aval para poder impartir los cursos. Esto implica que la dependencia deberá establecer, para cada sector de la economía y con los diferenciales adecuados, las características que se deben de cubrir, ¿Estará en capacidad de hacerlo con la rapidez y profundidad que se requiere? Este aspecto es esencial, ya que el argumento es que la reforma busca elevar la productividad, y ello se logra con capacitación, educación y adiestramiento, tal y como señala el Artículo 153-C.

Un elemento adicional a considerar se desprende del Artículo 153-E, del cual se puede establecer que los impactos en productividad serán heterogéneos y que no necesariamente terminarán por beneficiar a los trabajadores en la forma que se ha planteado, así que en lo directamente más necesario para ellos: el salario. En este artículo se marca “en las empresas que tengan más de 50 trabajadores se constituirán Comisiones Mixtas de Capacitación, Adiestramiento y Productividad, integradas por igual número de representantes de los trabajadores y de los patrones”. El primer aspecto a citar se refiere a que las comisiones señaladas abarcarán a una minoría de las unidades económicas, es decir patrones. De acuerdo al INEGI, 2% de las mismas tiene más de 50 trabajadores, el resto son micro o pequeña empresa. Por tanto es claro que en la práctica no se considera la organización industrial de México, el tamaño de las empresas y por ende el hecho de que dichas comisiones solamente favorecerán a los patrones que ya cuentan con mayores recursos.

Lo descrito sintetiza que la reforma laboral propuesta tiene buenas intenciones pero en la práctica quedarán muchos cabos sueltos, donde los costos de los errores se trasladaran a las empresas más pequeñas y evidentemente a los trabajadores.

 

 

* Director del Centro de Investigación en Economía y Negocios Tec de Monterrey, Campus Estado de México



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