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Empresarios nayaritas, en vilo por secuestros

Antonio Tello| El Universal
Martes 29 de enero de 2013
Empresarios nayaritas, en vilo por secuestros

VÍCTIMA. El empresario español José Luis Crespo fue plagiado hace casi un año en Nayarit. Hasta ahora no se sabe de su situación. (Foto: )

Pese a que autoridades han reportado los crímenes, existen cifras más elevadas de las privaciones ilegales de la libertad

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NAYARIT

La escalada de violencia generada por el narcotráfico que Nayarit sufrió durante 2010 y 2011 terminó en 2012, pero el secuestro se mantiene en la incidencia delincuencial de la entidad.

Historias como la del empresario español José Luis Crespo, plagiado hace casi un año, que el mundo conoció recientemente y que referenció a Nayarit con el secuestro, se repiten aquí entre comerciantes, agricultores y profesionistas, que no han tenido la capacidad económica de migrar a otros estados o de contratar seguridad personal.

Desde inicios de 2010 y todo 2011, los enfrentamientos y ejecuciones entre bandas rivales del narcotráfico irrumpieron en el estado, especialmente en Tepic, la otrora tranquila capital que cuenta con poco más de 300 mil habitantes.

De acuerdo con reportes de prensa, en esos dos años se registraron respectivamente 382 y 426 muertes relacionadas con el crimen organizado. En 2009 apenas se documentaron 25 ejecuciones.

Fue en 2011 cuando los secuestros se dispararon y la posibilidad de ser plagiado mantuvo en vilo al empresariado tepicense.

La Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos de Tepic —quienes marcharon por las calles y se plantaron frente a la Zona Militar pidiendo auxilio— así como otras organizaciones empresariales, registraron medio centenar de plagios, pero el gobierno del priísta Ney González sólo reportó al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) 10 casos denunciados en ese año.

Con el nuevo gobierno del también priísta Roberto Sandoval y la creación del cuerpo de élite contra el crimen denominado “Policía Nayarit” coincidió con la baja de la violencia y 2012 registró 98 ejecuciones.

Aunque los reportes de secuestro también bajaron en Tepic, este fenómeno delincuencial se trasladó a municipios como Bahía de Banderas, Ixtlán del Río, Tuxpan y Ruiz.

En 2012 se recibieron 18 denuncias por privación ilegal de la libertad, pero extraoficialmente la División Anti-Secuestros de la Policía Nayarit tuvo conocimiento de al menos 30 casos de secuestro.

Sicarios “desocupados”

Para Humberto Lomelí Payán, director de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit, el gobierno de Roberto Sandoval “combate de forma frontal a la delincuencia organizada y eso ha hecho que los ciudadanos hayan recobrado la confianza en las instituciones de procuración de Justicia y como consecuencia, se acude a denunciar delitos como el secuestro, lo que antes no sucedía”.

El ex secretario técnico del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Héctor Benítez, asegura que “la permanencia del secuestro en Nayarit pudiera tener su origen en la ‘desocupación’ de los sicarios o brazos armados de los narcotraficantes y en función de ello, se aboquen a la comisión alternativa de estos ilícitos”.

La Procuraduría General de Justicia recientemente transformada en Fiscalía General de Nayarit, ha publicitado en el último año el desmantelamiento de unas ocho bandas de presuntos secuestradores. Pero parece que no ha sido suficiente.

“Pese a lo lacerante que es la incidencia de delitos como el secuestro o la extorsión, los nayaritas han sido incapaces de organizarse para dialogar con el gobierno. Aquí no hay ONG especializadas en el monitoreo de cuerpos policiacos o de la Fiscalía”, dice a EL UNIVERSAL el analista político Enrique Hernández Quintero, quien agrega que “las reformas al sistema de justicia penal se confeccionan unilateralmente, sin una real participación social”.

Salvo el caso de la protesta de comerciantes en 2011, Hernández Quintero explica que “en muchas entidades funcionan bien los observatorios ciudadanos para la seguridad pública, pero por el alto peso específico que tiene el sector público en la economía local, las familias optan por no cuestionar, por no sugerir, ni proponer, como medida para asegurar la permanencia de sus integrantes en empleos gubernamentales”.



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