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Habitantes de Salaverna luchan por su patrimonio contra minera

IRMA MEJÍA / CORRESPONSAL| El Universal
Martes 24 de abril de 2012
Habitantes de Salaverna luchan por su patrimonio contra minera

TENSIÓN. Grupo Frisco argumenta que la reubicación de las familias al Fraccionamiento Nuevo Salaverna es por seguridad. (Foto: ESPECIAL )

Ni el gobierno de Zacatecas, ni elmunicipal han intervenido, acusan

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ZACATECAS

Una treintena de habitantes y ejidatarios de la comunidad de Salaverna del municipio de Mazapil, ubicado al norte de la entidad y colindante con Saltillo, Coahuila, se resisten a dejar sus viviendas y temen que sus casas sean derribadas o sean desalojados por la fuerza pública por parte de la empresa minera Tayahua, propiedad de Grupo Frisco.

Francisco Javier Contreras Martínez, presidente del comité de negociaciones que representa a los propietarios de los predios, explica que el problema estalló desde hace dos años, pero nuevamente ha resurgido porque hace algunas semanas los representantes de la empresa minera comenzaron a desmantelar casas, además de inaugurar y anunciar la reubicación de los afectados, “en su totalidad”, en el llamado Fraccionamiento Nuevo Salaverna, ubicado a unos seis kilómetros de la mina.

Desde hace un siglo, refiere, en estos predios de Salaverna se asentaron 270 habitantes, integrantes de 100 familias, pero desde hace dos años Grupo Frisco anunció que deben reubicarse “por seguridad”, para poder explorar la mina. A partir de esta fecha comenzaron los enconos, divisiones y confrontaciones entre habitantes con las autoridades de la empresa minera.

Don Javier explica que desde el inicio de las negociaciones se pidió no sólo vivienda, sino también que se cubrieran las necesidades de la población para la convivencia a la que estaban acostumbrados, como escuela, iglesia, centros de atención, servicios públicos, pero sobre todo, una indemnización ya que esta determinación lesiona el patrimonio de las familias.

Sin embargo, señala que desde abril de 2010 a la fecha sólo han tenido cuatro reuniones con la empresa. Al principio fue con las autoridades gerenciales, que encabezaba Edmundo de la Vega, donde se expuso una propuesta de peticiones de los pobladores que se negociaron. Pero en la cuarta reunión, que se llevó a cabo a finales de marzo, acudió Juan Manuel Márquez Rodríguez, representante del corporativo Frisco, proveniente de la ciudad de México, quién sólo “abortó” la reunión y desconoció todos los acuerdos que ya se tenían avanzados.

Asegura que de manera “arbitraria” esta persona anunció la reubicación y dijo a todos los habitantes que no hay más negociaciones, sólo tenían la opción de cambiarse a Nuevo Salaverna o enviarían a la fuerza pública para ejecutar el desalojo.

Don Javier lamenta que en este conflicto ninguna autoridad estatal o municipal los ha ayudad, porque los han dejado “en la indefensión y huérfanos. Ya hasta queremos ir con las autoridades de Saltillo, a ver si allá pueden hacer algo por nosotros”.

Incluso, el llamado que hace no sólo es para las autoridades gubernamentales zacatecanas, sino también para la misma empresa, pues considera que quizá el representante del Corporativo Frisco “tenga otros intereses y no esté cumpliendo a cabalidad la voluntad de la empresa”.

Menciona que se ha buscado dividir a los pobladores, e incluso, en algunos casos ejidatario o habitantes han aceptado la reubicación al nuevo fraccionamiento por presiones, ya que muchos son trabajadores de la mina.

Menor superficie

Como ejemplo refiere que Salaverna tiene una extensión territorial de mil 200 hectáreas, mientras que el fraccionamiento Nuevo Salaverna está diseñado en una superficie aproximada de ocho hectáreas. Es decir, las aproximadamente 200 viviendas del fraccionamiento Nuevo Salaverna tienen un tamaño de unos 15 metros de largo por siete de ancho.

Javier Contreras, junto con su esposa María Guadalupe Perales, refieren que la casa que tienen en Salaverna duplica la superficie de las que se pretenden otorgar en el fraccionamiento Nuevo Salaverna, situación que les preocupa ya que ellos poseen un pequeña tienda, así como algunos animales de granja (cerdos, gallinas y otros) que ya no podrían tener si su familia acepta la reubicación, pues ellos no se dedican a la minería.

También señala que la empresa se comprometió a que en la reubicación se cumplirían con todos los servicios públicos y desarrollo social como es la construcción de escuelas, iglesia y demás espacios recreativos, pero aseguran que actualmente en esas viviendas no funciona el drenaje.

En 1998, Grupo Frisco adquirió 51% de las acciones, que en mayo de 2011 se incrementó a 90.2%, lo que lo convierte en el socio mayoritario de la mina Tayahua, que produce concentrados de plomo, plata, zinc y cobre. Se buscó conocer la posición de la empresa, pero no se obtuvo respuesta.

Los habitantes y ejidatarios inconformes afirman que no se moverán de sus viviendas y buscarán interponer una demanda o promover un amparo contra la empresa si es que se procediera a desalojarlos.

Contreras acusa que ni las autoridades estatales ni municipales, incluso los diputados locales —en octubre de 2010 incumplieron con enviar una comisión— han atendido la situación.



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