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Alejandro Encinas Rodríguez

Silencio

Es economista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. En su actividad profesional se ha desempeñado como asesor de la Comisi ...

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    30 de agosto de 2011

    El pasado viernes 19 de agosto presentamos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) un juicio de revisión constitucional, impugnando las ilegalidades cometidas durante el proceso electoral en el Estado de México.

    A pesar del silencio guardado por la mayor parte de los medios de comunicación, no podrá ocultarse la trascendencia que tendrán, más allá del proceso local, los precedentes que sentará la resolución del Trife para la sucesión presidencial.

    El juicio presentado —resultado del trabajo profesional de un grupo de especialistas, apoyados por notarios y peritos calificados— acredita un conjunto de pruebas y evidencias jurídicamente verificables, ya que las fuentes de información se obtuvieron de las autoridades electorales del Estado de México y de la página de internet del candidato del PRI, lo que eliminó cualquier valoración subjetiva.

    Con esta información, se ha acreditado la intervención del gobierno de la entidad en todas las fases del proceso, la pérdida de autonomía de los órganos electorales locales, la inequidad en el acceso a los medios de comunicación, así como los actos y gastos anticipados de campaña y el rebase del tope legal de gastos de campaña del candidato del PRI.

    El documento contiene un peritaje del monitoreo de propaganda que hizo el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), considerando el valor de mercado de los bienes y servicios descritos en el mismo y las facturas de las empresas que prestaron esos servicios al IEEM, con lo que se demostró que, tan solo en ese rubro, el candidato del PRI superó el tope de gastos de campaña en más de 180%, al rebasar los 560 millones de pesos

    Incluye además otro peritaje de la información difundida diariamente por la Coalición Unidos Por Ti en su página de internet, con lo que se demostró que el gasto de esa Coalición rebasó en 690% el tope de gastos de campaña, al alcanzar la cifra de mil 600 millones de pesos. Ello, sin considerar las despensas y bultos de cemento que repartieron, el uso de helicópteros y otras erogaciones, como los honorarios de los notarios que certificaron los 6 mil compromisos del candidato del PRI, que nunca fueron acreditados como parte de sus gastos de campaña o de las aportaciones de particulares a la misma.

    Por otro lado, se presentó un estudio elaborado por la empresa IPSOS Comunicación, la que tomando como referencia el Informe final de monitoreo a medios electrónicos, impresos e internet del IEEM, y el Informe comparativo de la campaña en medios entre los candidatos de ambas coaliciones acredita un trato desigual en la cobertura informativa, tanto en medios de comunicación nacionales como locales, que actuaron inequitativamente en la difusión de las campañas electorales.

    El resultado de este estudio, al cruzar el número de menciones en medios de comunicación con el total de personas mayores de 18 años impactadas, es similar entre ambos candidatos que alcanzaron al menos con un impacto a alrededor de 6 millones de votantes. Sin embargo, la frecuencia de estos impactos resultó ser superior en 45 millones de impactos (rating) para Eruviel Ávila, lo que significa 31% más que los obtenidos por un servidor.

    Con la promoción de este juicio se busca dirimir además —a contracorriente de la posición difundida por distintos voceros oficiosos— tres litigios no resueltos desde las elecciones de 2006, respecto al papel de los medios, el abuso del dinero y si las ilegalidades cometidas en el proceso son determinantes en el resultado y por tanto no se sancionan —lo que hace más rentable violar la ley que cumplirla— o, por el contrario, al margen del resultado electoral las violaciones a la ley deben sancionarse.

    No se trata de si la diferencia es del 0.56% como en 2006 o del 40%, se trata de que la ley se respete y se otorguen las garantías a los ciudadanos para elegir a sus gobernantes. Lo que está en juego es la viabilidad de la vida democrática en el país, por lo que la resolución del Trife sentará un precedente fundamental para la próxima elección presidencial.

    En este momento, cuando las instituciones de la República están sometidas a presiones sin precedentes, debilitar la democracia e instituciones implicaría cerrar los cauces a la participación de los ciudadanos y a la canalización de la inconformidad por vías institucionales. Más allá del silencio, veremos de qué están hechas las instituciones electorales del país.

    Diputado federal por el PRD



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