aviso-oportuno.com.mx

Suscríbase por internet o llame al 5237-0800




Alejandro Encinas Rodríguez

Pemex, ilegal privatización

Es economista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. En su actividad profesional se ha desempeñado como asesor de la Comisi ...

Más de Alejandro Encinas Rodríguez



ARTÍCULOS ANTERIORES


    Ver más artículos

    15 de marzo de 2011

    El arribo del nuevo titular de la Secretaría de Energía ha reanudado las maniobras para privatizar la renta petrolera nacional. Los Contratos Integrales que Pemex ha puesto recientemente a licitación para la explotación de hidrocarburos en el estado de Tabasco —con sólo el voto en contra del Consejero Profesional Rogelio Gasca Neri—, constituyen una grave violación a las disposiciones constitucionales vigentes e incurren en una abierta ilegalidad.

    A través de estos contratos, Pemex Exploración y Producción (PEP) concederá a un consorcio privado internacional, una zona de explotación para que evalúe y extraiga hidrocarburos. La evaluación incluye los trabajos de exploración necesarios en un bloque en tierra firme que cuenta con reservas probadas y de producción de crudo ligero altamente rentable. Es decir, una inversión privada con un mínimo de riesgo.

    El contrato permite al contratista —a lo largo de 25 años— desarrollar y producir petróleo, gas natural y otros hidrocarburos, así como realizar nuevas exploraciones; desarrollar yacimientos, extraer hidrocarburos; separarlos, transportarlos y entregarlos a PEP. El contratista aporta capital, equipo y personal, y goza de libertad para proponer el plan de desarrollo de los yacimientos y los programas operativos anuales, los cuales deben ser aprobados por PEP si cumplen con lo establecido en el contrato.

    PEP comercializa los hidrocarburos extraídos y procesados por el contratista. Con el ingreso obtenido, paga al fisco los derechos de extracción y remunera al contratista; los ingresos restantes —si algo queda— son para la paraestatal.

    El contrato obliga a PEP a calcular el valor de la producción y por lo tanto de los ingresos, utilizando precios de referencia en los Estados Unidos. Así, el pago se hace en función del volumen de la producción, del precio del petróleo y del valor de las ventas. El pago mensual incluye una “Tarifa por Servicios de Producción” y el 75% de los gastos recuperables que se acrediten conforme a su registro financiero. La tarifa incluye la utilidad y la recuperación de costos.

    Este “contrato de servicios” es en realidad un contrato de explotación petrolera. La naturaleza económica del mismo es equivalente a una concesión o a un contrato de riesgo, lo que no se apega a los preceptos constitucionales ya que cede áreas estratégicas de exploración y producción de hidrocarburos a una empresa privada. Son contratos que transfieren renta petrolera al contratista, lo cual está expresamente prohibido en la Constitución. El diseño del contrato revela que el contratista acaparará un gran porcentaje de la renta petrolera ya que, como señalé, su remuneración se asocia a la producción y al precio internacional del petróleo.

    En los hechos, el contratista reemplaza a Pemex degradando los derechos de propiedad de la nación sobre los hidrocarburos, ya que el contrato genera derechos de particulares sobre la producción y las reservas, y mengua el control del Estado al ceder decisiones estratégicas para el país. En caso de controversia, se establece el arbitraje de un tribunal internacional, que puede imponer decisiones contrarias al interés nacional y permitir que intereses extranjeros tengan injerencia en decisiones trascendentales sobre el patrimonio del país.

    El contrato nulifica los beneficios de la licitación pública, mediante la firma de un convenio modificatorio. El contratista puede renovar y prorrogar a su propio costo, permisos que sólo puede obtener Pemex por tener la exclusividad en la explotación de los hidrocarburos.

    En síntesis, se pierde la exclusividad del Estado en ésta área estratégica y entrega la renta petrolera a particulares, por lo que resulta lamentable la actuación de los “Consejeros Profesionales” designados a partir de la controvertida reforma energética de 2008 cuya misión fundamental es garantizar la administración eficiente de esta área estratégica para el desarrollo del país y preservar la legalidad de sus actos. Lejos de ello, se han convertido en el instrumento que legitima la privatización de facto del patrimonio nacional.

    alejandro.encinas@congreso.gob.mx

    Coordinador de los Diputados Federales del PRD



    ARTÍCULO ANTERIOR
    Editorial EL UNIVERSAL Un Hoy No Circula más justo


    PUBLICIDAD.