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Jorge Zepeda Patterson

La deuda oculta de Calderón

Jorge Zepeda Patterson. Economista, sociólogo y columnista político. Fundó la revista Día Siete, distribuida por EL UNIVERSAL, entre otros ...

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    20 de febrero de 2011

    En enero de 2003 el gobierno mexicano demandó, por primera vez en la historia, al gobierno estadounidense en la Corte Internacional de Justicia por la violación de los derechos consulares de Joe Medellín y otros connacionales (Medellín confesó haber participado en la violación y asesinato de dos estadounidenses 10 años antes). Fue condenado a muerte en Texas, pero la SRE aseguró que las irregularidades del juicio obligaban a suspender la sentencia y reabrir el caso. La respuesta inicial del gobierno estadounidense fue tajante: se trata de “una inaceptable, injustificada e inapropiada intrusión de México en el sistema criminal de justicia de Estados Unidos”. Curiosamente es justo lo que ahora el gobierno mexicano responde al gobierno francés.

    En aquella ocasión, Juan Rebolledo, asesor jurídico de la SRE, justificó esa “intrusión” ante las cortes internacionales porque “la historia del servicio exterior mexicano es, en gran medida, la historia de la defensa de nuestros connacionales que, allende la frontera, enfrentan un mundo de barreras culturales, malos tratos y explotación, no exentos de prejuicios raciales, que los colocan en situación de enorme vulnerabilidad ante las autoridades del país de destino”.

    Las similitudes entre el caso de Joe Medellín y Florence Cassez están a la vista, salvo que ahora el gobierno mexicano se halla en el lado contrario de la palestra. En aquella ocasión el Ejecutivo consideraba que tenía el derecho y la obligación de defender a un paisano juzgado bajo condiciones irregulares en un país extranjero; ahora acusa de intervencionismo al gobierno francés.

    Desde luego también hay diferencias entre Medellín y Cassez. Lo de Medellín palidece frente a las irregularidades del juicio de Cassez. En el caso de la francesa no sólo se violó el aviso consular; además está documentado el montaje ilegal de la captura, se falseó el lugar y los términos de la misma, los testigos cambiaron de testimonio luego de la intervención de la autoridad y uno de los cómplices que la acusó reveló que tal declaración se había producido bajo tortura. Hasta la fecha, el secuestrador Israel Vallarta asegura que Florence desconocía su actividad delictiva. Es decir, hay más que dudas razonables de que la autoridad intervino para facilitar o propiciar una condena de culpabilidad.

    Todo lo anterior no significa que Florence Cassez sea inocente, pero justamente ése es el tema, tampoco hay condiciones para convencernos de su culpabilidad. ¿Por qué no iba a tener derecho Francia a defender a su connacional conociendo las irregularidades del expediente?

    Desde luego que Sarkozy ha explotado el caso para favorecerse políticamente. Y claro que Calderón se ha subido al ring porque se siente, por fin, apoyado por una causa emocional que une a muchos mexicanos. En la práctica ambos, Calderón y Sarkozy, se han enfrascado en un pleito de machos por motivos egoístas y han olvidado sus responsabilidades de jefes de Estado. No hay nada más fácil que inflamar el masiosare popular con la xenofóbica acusación de intervencionismo de una potencia contra nuestras instituciones.

    Tal indignación abreva en la esquizofrenia. Podemos aplaudir el documental Presunto culpable, que deja claro las terribles falencias de nuestro sistema de justicia y su inclinación a fabricar culpables y, al mismo tiempo, enfurecernos porque los franceses ponen en duda el dictamen de nuestros jueces. Puertas adentro reconocemos la ruindad y corrupción de nuestros tribunales; puertas afuera los defendemos como si fueran instituciones infalibles, impecables.

    No me extraña que la televisión haya linchado a Cassez, considerando que este medio fue cómplice pillado en la mascarada del montaje inicial. Al igual que García Luna, la televisión asumió que demostrar la maldad de Cassez restaría importancia a aquella fabricación para violar el debido proceso. Y a eso se dedicaron. Pero sí me resulta desconcertante que líderes de opinión como Isabel Miranda de Wallace o Alejandro Martí, testigos y víctimas de la ineficacia y la corrupción de nuestro sistema de justicia, hayan militado acaloradamente a favor de este discurso patriotero que avala un montaje judicial.

    Del otro lado, es gratificante que la llamada “comentocracia” haya evolucionado de un apoyo mayoritario a la estridencia nacionalista, a un análisis de las razones y sinrazones del caso Cassez de manera analítica y madura. En los últimos días, la mayoría de los columnistas han cuestionado los despropósitos de Sarkozy, pero han reconocido también las irregularidades que subyacen en este juicio.

    El misterio detrás de todo esto es la manera en que el Estado mexicano se ha dejado arrastrar a una crisis política con Francia, simplemente para apoyar la obsesión de Genaro García Luna por generar castigos ejemplares a modo. Se sabe que la debilidad de Calderón por este funcionario le ha llevado a tomar partido en sus frecuentes querellas en contra del Cisen y del Ejército. No es un secreto la molestia creciente de los mandos castrenses por esa debilidad del mandatario. Pero resulta inexplicable la pasividad de la Presidencia ante los aprietos en que le han metido las maniobras de García Luna.

    Calderón aseguró en una carta a Sarkozy que Cassez podría purgar su condena en Francia de acuerdo con el convenio de Estrasburgo suscrito por México, lo cual ahora niega. Y el entonces procurador Medina Mora le aseguró al enviado especial de Sarkozy, el procurador de París, que no habría sentencia definitiva en contra de Cassez hasta después de la visita del mandatario galo a México en marzo del 2009. Pero los jueces sentenciaron mientras el enviado de Sarkozy iba en su vuelo de regreso a Francia. García Luna precipitó esa sentencia, me aseguró una fuente diplomática, para impedirle a Calderón cualquier margen de maniobra durante la visita de Sarkozy. En este enredo jurídico-diplomático urge preguntarse: ¿Cuál es la deuda de Calderón con García Luna para asumir tantos costos?

    Nos hemos envuelto en la bandera por un caso inconsistente y hemos comprometido nuestra autoridad moral para llevar a una corte internacional cualquier arbitrariedad que padezca un mexicano ante la injusticia de otro país. ¿Cómo explicar el poder de García Luna ante el Presidente?

    www.jorgezepeda.net Twitter: @jorgezepedap

    Economista y sociólogo



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