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Enrique Peña Nieto

Un Estado eficaz para reducir la violencia



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    10 de enero de 2011

    La lucha contra el crimen organizado es una obligación del Estado mexicano que debe tener como prioridad garantizar la vida y las libertades de la población. El gobierno federal tomó la decisión correcta al enfrentar con determinación a la delincuencia; sin embargo, es necesario replantear la estrategia, ya que el crimen y la violencia tienen su origen en múltiples causas. Por ello, deben enfrentarse con un enfoque integral.

    Si bien la ola de violencia está concentrada en rutas y lugares estratégicos del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y del narcomenudeo (80% de las muertes relacionadas con el crimen organizado han ocurrido en sólo 162 de los 2,456 municipios). Esta situación, además de causar profundos daños sociales, afecta el desarrollo económico y la competitividad del país.

    Asimismo, la generación y reproducción de la violencia está relacionada con la debilidad del Estado para garantizar las condiciones mínimas para la convivencia social, como servicios de salud, educación y empleo. Un estudio enfocado en Ciudad Juárez, señala que las principales colonias en donde residen los jóvenes delincuentes son aquellas con mayores rezagos en servicios públicos, instituciones educativas, áreas verdes y recreativas (Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad, Colegio de la Frontera Norte, 2010).

    A su vez, las instituciones policiales, de procuración e impartición de justicia son poco eficaces, lo que se traduce en que más de 95% de los delitos queden impunes, generando desconfianza y desánimo entre la población.

    En suma, la actual escalada de violencia es la mayor evidencia de que tenemos un Estado ineficaz que, además de no lograr combatir efectivamente la criminalidad, tampoco ha podido generar oportunidades para el desarrollo productivo de la población. En la última década, por ejemplo, el mediocre crecimiento económico ha afectado particularmente a los jóvenes. Entre 2000 y 2009, la tasa de desocupación juvenil se triplicó al pasar de 3.4% a 10%, cancelando la posibilidad de un futuro próspero para muchos mexicanos que iniciaban su vida productiva.

    Para revertir este proceso de deterioro y violencia, necesitamos construir un Estado eficaz que tenga la capacidad de implementar una Estrategia Nacional para Reducir la Violencia con un objetivo muy claro: disminuir de manera significativa el número de homicidios, secuestros y extorsiones en los próximos cinco años. La estrategia no debe limitarse a acciones policiales; necesita incluir a todas las dependencias del gobierno y articularse a través de cuatro pilares.

    Primero, fortalecer la prevención para evitar la delincuencia de manera proactiva, en lugar de reactiva. Para lograrlo, necesitamos una alianza entre el Estado y la ciudadanía para reducir la desigualdad de oportunidades a través de la universalización de la seguridad social, la cual constituye una protección y un vínculo permanente entre el Estado y sus ciudadanos, así como en un sistema educativo de calidad con jornadas escolares completas, para que los jóvenes estén mejor preparados para participar en el mercado laboral, así como reactivar el crecimiento económico para generar los empleos que demandarán.

    De igual forma, hay que expandir servicios básicos como agua potable, alcantarillado, pavimentación, alumbrado público, parques y bibliotecas para que las comunidades puedan desarrollar lazos más sólidos que se traduzcan en mayor capital social. Para que todos estos proyectos no queden en buenas intenciones, se requiere de una reforma fiscal para que el Estado tenga la capacidad de financiar estas grandes transformaciones del entorno social de los mexicanos más marginados.

    Segundo, aumentar el profesionalismo de las policías y la eficacia de las instituciones de justicia. Para ello, necesitamos una policía especializada en el combate al crimen organizado. Si bien se debe reconocer la valentía y los aciertos de nuestras Fuerzas Armadas en esta lucha, éstas no han sido concebidas para brindar seguridad pública a los ciudadanos, por lo que su misión es temporal. Requerimos de una policía que pase del simple uso de la fuerza al uso de la inteligencia y de golpes quirúrgicos a las finanzas de las redes criminales. Además, tenemos que modernizar el sistema penitenciario para que realmente reforme criminales y no los forme.

    Para disminuir la impunidad y la corrupción, requerimos de ministerios públicos profesionales y con mejor capacidad de investigación que aumenten la eficacia en la procuración de justicia. Debemos acelerar la instauración en todo el país del nuevo sistema de justicia penal, acusatorio y oral, para contar con una justicia pronta, expedita y transparente. El Estado de México es una de las primeras entidades que ha adecuado su legislación para realizar estos cambios.

    Tercero, la implementación de estas medidas se debe concentrar primero en los municipios más violentos, como Ciudad Juárez. Después, en los municipios con mayor riesgo de detonar espirales de criminalidad: zonas con poca presencia del Estado y que están cercanas a la ruta del tráfico de drogas. Por último, extenderse al resto del país.

    Cuarto, la estrategia se debe desarrollar bajo el liderazgo del gobierno federal, pero sumando a los gobiernos estatales y municipales, así como a la sociedad organizada y partidos políticos para cimentar una verdadera política de Estado transexenal.

    Por causas distintas y en un contexto diferente, enfrentamos un reto similar al del final de la Independencia y la Revolución: disminuir la violencia y aumentar la estabilidad para garantizar la vida y las libertades de todos. Es un reto que llevará tiempo y mucho esfuerzo; sin embargo, no nos podemos engañar: la única solución es la reconstrucción del Estado para volverlo eficaz en un contexto democrático y global.

    Gobernador del Estado de México



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