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Daniel Gershenson

Acciones colectivas. Fin del principio



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    12 de diciembre de 2010

    En la vida, hay muchas batallas que no transcurren a cielo abierto. Son conflictos de desgaste: soterrados, que duran mucho más de lo debido. Choques de ideas, que marcan el derrotero de sociedades que merecen trascender sus rezagos.

    Hemos venido dando puntual seguimiento a un proceso que se gestó a principios de 2006, y que apenas ahora cierra capítulos en el Poder Legislativo. Me refiero al proyecto de acceso a la justicia para grupos afectados por abusos de proveedores públicos y privados, mediante la implantación de mecanismos jurídicos mejor conocidos como Class Actions o Acciones Colectivas.

    México es uno de los pocos países en nuestro continente que carecen de esta herramienta jurídica que se utiliza para consolidar derechos humanos, defender el medio ambiente, el patrimonio cultural u otras múltiples esferas susceptibles al abuso sistemático y permanente.

    En junio de 2010 se logró aprobar una enmienda constitucional, que abre la puerta para que grupos ciudadanos u Organismos de la Sociedad Civil recurran a jueces federales para resarcir daños masivos con instrumentos legales a gran escala.

    El diablo está en los detalles, y el jueves pasado se aprobó una ley reglamentaria que señala los caminos que deben seguir las colectividades afectadas.

    La reforma pactada en el Senado, que ya aprobó el pleno y debe ser turnada a la Cámara de Diputados, exhibe distintas carencias. Limita el ámbito de competencia a consumo, servicios financieros, medio ambiente y competencia económica. Se cuida también de sustraer, a los distintos niveles de gobierno, de posibles procesos en su contra.

    Pero la principal falla que exhibe la propuesta, consiste en la adopción de un sistema sólo usado por algunos países europeos que se cuentan con los dedos de una mano, y que se conoce como ´Opt-in´.

    La gran ventaja de las Acciones Colectivas reside en el uso estratégico que disuade a los infractores de siempre, y los obliga a modificar radicalmente su escuálida cultura de servicio. Casi todas las naciones recurren a fórmulas incluyentes, donde decenas, cientos, miles o incluso millones de usuarios agraviados pueden obtener resarcimientos si la autoridad judicial dicta sentencia a favor del grupo: modalidad que se conoce como ´Opt-out´, donde los únicos que notifican al juez de sus pretensiones son aquellos que no desean participar en el proceso correspondiente. Los demás ni siquiera tienen que estar enterados de los pormenores. Todos reciben, en su momento, los beneficios. Esta es la responsabilidad de malos proveedores que tienen que pagar, por mandato, las consecuencias de sus actos u omisiones.

    El caso mexicano se vuelve excepción restrictiva a la regla.

    En adelante (y si se vota a favor este proyecto en la Cámara Baja), los promoventes tendrán que acreditar el daño de manera directa ante el juez. Esto protege a los grandes infractores, debido a que los beneficiados no incluyen a la totalidad de la clase y una proporción muy baja cumpliría con los requisitos.

    Sería injusto no reconocer que hay avances, pero éstos son menores y podrían llevar a que el tema se arrumbara indefinidamente porque ´ya se realizaron los cambios que se necesitaban´. Es preciso profundizar la discusión e incorporar las mejores prácticas que ya funcionan, desde hace décadas, afuera de nuestras fronteras.

    Es una lástima que una reforma con éxitos comprobados en el resto de Latinoamérica, Europa y África haya topado con empresarios poco interesados en que la consolidación del bien común y el interés público. Lo que pudo haber sido paso decisivo, terminó siendo una reforma ´peor es nada´. Victoria pírrica para el sector que exhibe mezquindades imposibles de manifestarse, en donde sí son sancionables sus excesos.

    Pero se asoma la meta. Ya se amplió la masa crítica de consumidores indispuestos a seguir siendo rehenes de grandes compañías acostumbradas a la impunidad y el mal servicio. No hay marcha atrás. Un grupo cada vez más grande de ciudadanos exigentes hará que las Acciones Colectivas, de amplio espectro, se vuelvan pronto una realidad en México.

    www.alconsumidor.org Twitter: @alconsumidor

    Presidente de Alconsumidor y Alarbo, AC



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