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Andrés Lajous

Las restricciones del miedo

Andrés Lajous es maestro en planeación urbana por el Massachusetts Institute of Technology y activista político. Actualmente es colaborado ...

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    29 de octubre de 2010

    Desde el domingo pasado se han publicado dos tipos de críticas a las poco concurridas elecciones vecinales. Una dice que el problema está en pretender zafar del sistema de partidos la elección abierta de un órgano administrativo. A estos críticos, la idea misma de los comités ciudadanos formados por personas que no militan abiertamente en partidos, y con campañas políticas no partidistas les parece una suerte de populismo institucionalizado. Es el reconocimiento legal de la (¿falsa?) disyuntiva, entre ciudadanos independientes y ciudadanos partidistas. Sin los partidos que usan recursos públicos, que tienen organización, experiencia y mal que bien representan a grupos amplios de la sociedad, una elección no tiene sentido —dicen—. Es una farsa disfrazada de “pureza” ciudadana.

    El segundo tipo de críticas, son las utópicas, las que auténticamente imaginan que las elecciones vecinales deberían de reflejar al ciudadano activo de la democracia ateniense. El ciudadano ideal que prioriza lo público y lo compartido sobre cualquier otra cosa. Estos críticos no les queda más remedio que la frustración y el desencanto. No es que la instituciones no sean democráticas —dicen— sino que las y los ciudadanos somos apáticos, no nos interesa el quehacer público, somos egoístas que no distinguen lo importante de lo irrelevante.

    Creo que ambos diagnósticos están equivocados. El problema que tuvieron las elecciones vecinales fue la combinación entre el temor de los partidos representados en la ALDF, y las reglas de campaña. Desde la elección que se hizo en 1999 de comités inocuos, la ALDF no había permitido su renovación. El PRI, en la elaboración de la primera ley hizo todo para que la creación de los comités no cambiara la administración pública local, el PAN argumentó que sería un mecanismo para que el gobierno extendiera sus redes clientelares, y el PRD titubeó alrededor del tema argumentando que la oposición los usaría para minar el trabajo de los Delegados y del GDF. Es decir, ningún partido imaginó, antes de la última reforma a la ley (que por fin le da más atribuciones a los comités), que tal vez, el trabajo administrativo de la ciudad sería más efectivo si más personas participan en decisiones públicas a nivel hiper-local.

    Una vez que el PRD decidió cambiar la ley, y convocar a la elección de comités ciudadanos recientemente, sostuvieron altas restricciones a las campañas de los comités. Según la ley las propuestas de los integrantes de las planillas sólo pueden ser difundidas, durante las dos semanas previas a la elección, en papel impreso en blanco y negro de mano en mano. Esto quiere decir que nadie puede hacer difusión con posters o con la voz.

    La información política siempre es difícil de obtener. Adquirirla toma tiempo y esfuerzo. Cuesta. Nadie realmente lee las plataformas de los partidos, ni siquiera sus militantes, porque suele ser un gasto de tiempo que tiene pocos beneficios. Las campañas políticas lo que hacen es bajar los costos de adquirir información. No es que el IEDF o GDF tengan que difundir mejor que hay elecciones, sino que los participantes tendrían que tener amplias posibilidades para hacer llegar la mayor información posible a los electores al menor costo que puedan, imaginando que convencerán a más votantes. En una elección todos usamos atajos mentales, unos nos convencemos con una sonrisa, otros nos espantamos con un grito, unos más simpatizamos por una frase, y algunos decidimos a partir de propuestas; o una combinación de todas las anteriores. Sin estos elementos que nos permiten evaluar la información para decidir, es difícil imaginar qué razón existe para votar.

    El IEDF informó que 9% del electorado votó. No es ni sorprendente ni desalentador. Si algo se ha aprendido en países con este tipo de mecanismos —como Uruguay, Brasil e India— es que las personas aprenden, la participación sube conforme va quedando más claro cuáles son las funciones que están en disputa. Así son todos los experimentos, y los experimentos institucionales no tienen por qué ser diferentes. Se prueba, se evalúa, se corrige, se aprende, y se vuelve a intentar.

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