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Jorge Javier Romero

Calderón y la historia de México



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    03 de septiembre de 2010

    El Presidente de la República, émulo de los antiguos presidentes de la época clásica del PRI, concluyó su informe con una arenga historicista. Apeló a los momentos cruciales de unidad como los forjadores de los éxitos, mientras que la división ha sido la causa de todos los males. “Había diferencias, sí, pero cuando los mexicanos nos unimos, ganamos la Guerra de Independencia; cuando estuvimos divididos, perdimos la mitad del territorio. Cuando nos unimos, derrocamos a una larga dictadura y logramos una Revolución cuyos beneficios aún perduran”. En cuatro renglones, el Presidente revivió la historia simplificada de la época clásica del PRI: el uso de mitos sacralizados como mecanismo de legitimidad.

    El problema con el esquema de Calderón no es su falsedad histórica, de la que mucho se puede decir, ni su posible intención demagógica, de dudoso impacto, sino que en realidad refleja, tanto una manera de entender el mandato político que se ha reproducido en México desde los tiempos de Juárez, como una idea de nación y pueblo concebidos a partir de esencias de identidad que hacen característicos, diferenciados y excluyentes, a los mexicanos. El bien de la nación, los intereses de la patria, se identifican de acuerdo al proyecto del ganador y se considera traidor, malinchista, trasnochado, o enemigo al renegado o al disidente.

    La conclusión histórica del mensaje de Calderón no se corresponde siquiera con el sentido general del discurso, que una y otra vez hace referencias a la pluralidad y a la necesidad de acuerdos a partir de las diferencias. Lo malo es que el remate no contribuye a esbozar una idea adecuada del modelo de convivencia que debemos construir.

    La historia de México es la historia de los desacuerdos que han terminado cuando una facción se ha impuesto militarmente sobre otras y ha impuesto su proyecto de país, y sobre todo, sus reglas, al resto. Ni la Independencia, ni la Reforma, ni mucho menos la Revolución, han sido producto de la unidad. Al contrario, han sido movimientos cataclísmicos en los que han aflorado las ingentes diferencias y los intereses encontrados de la enorme diversidad nacional. La unidad ha sido impuesta, siempre con un alto grado de negociación de la desobediencia, con manga ancha para que todos aceptaran el dominio. Mientras los mexicanos no entendamos eso, sobre todo mientras, y las élites políticas no entiendan que esa forma de establecer el dominio es la que ha causado estragos en la capacidad económica del país y ha generado la brutal desigualdad existente, no se va a poder construir el nuevo arreglo, el que sustituya la idea de un bien común encarnado en el Presidente de la República por una sociedad diversa que pone reglas consensuales para sus procesos de cooperación y competencia.

    Lo que está en crisis en el país no lo está por falta de la unidad mítica a la que apeló Calderón, sino porque no funcionan ya los mecanismos reguladores de la cooperación y la competencia sociales, en buena medida informales, que operaron durante décadas en México con su cauda de concentración monopolística, privilegios corporativos y exclusión de la mitad de la población de los beneficios. Durante la época clásica del PRI, como herencia directa del porfiriato, fue el arbitraje personal del presidente el que resolvió los conflictos en última instancia. Hoy, con esas reglas del juego social, con esas instituciones, el país no puede seguir adelante.

    No puede, en primer lugar, porque la capacidad arbitraria del presidente se terminó. El antiguo presidente, el de los tiempos del informe ritualizado que año con año mostraba el poder del hombre fuerte, del mandón disfrazado de mandatario, no existen más. La unidad en torno a los objetivos que como faro alumbraba el discurso presidencial no puede ser ya más que la historia de un pasado no tan luminoso como el que ilustraba la propaganda de la época.

    Hoy, en lugar de convocatorias a la unidad, con tufo al monolito ideológico de otros tiempos, el país requiere no de un gran proyecto nacional a la usanza del autoritarismo, sino acuerdos básicos sobre las reglas del juego que permitan la competencia y promuevan la cooperación. Reglas nuevas para la política, para la justicia, para la economía y para la convivencia social. ¿No sería estupenda conmemoración de las fechas míticas de 1810 y 1910 que en lugar de un cataclismo surgiera ahora la semilla de un nuevo pacto nacional que partiera, no de la unidad, sino de la necesidad de convivir entre diversos?

    La unidad que requiere el país no es tanto de objetivos sino de reglas. Se trata de dejar claro qué se vale y qué no y a cambio de qué, de manera apegada a normas explícitas y equitativas a partir de las cuales cada individuo o cada grupo pueda fijarse sus objetivos preferidos sin que estos tengan que ser únicos. Si las reglas son medianamente adecuadas y aceptadas por la mayoría, las condiciones básicas para la prosperidad estarán sentadas, porque el acuerdo sobre las reglas es la condición necesaria, aunque de ninguna manera suficiente, para el desempeño de una economía.

    De lo que se trata al principio de este tercer centenario del país —lo que no deja de ser un mito, pues México no nació hasta 1821, lo que se dio por razones que nada tuvieron que ver con la rebelión de Hidalgo— es de ser capaces de reconocer nuestra diversidad y construir el piso común de igualdad, tanto jurídica como material, sobre el que se pueda fincar una convivencia que logre escapar de la violencia, el enfrentamiento e incapacidad estatal para garantizar la seguridad que han caracterizado a buena parte de la historia patria, en estos tiempos tan glorificada.

    Analista político



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