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Francisco Rojas

Violencia y desconfianza

En la Administración Pública, como miembro del Gabinete Presidencial:

Ø Director General de Petróleos Mexicanos durante 8 años (198 ...

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    15 de junio de 2010

    Más allá de la indignación —en algunos genuina y en otros impostada—, el vandalismo que culminó con la destrucción de una puerta que data de 1731 y que, irónicamente, es la entrada a la SEP, indica que algo marcha mal en la sociedad y en las instituciones del Estado, cuya primera obligación es garantizar la seguridad de la nación de acuerdo con el orden jurídico vigente.

    En su expresión más simple, el Estado es la organización de las personas que habitan en un territorio, tienen un pasado común y acuerdan ciertas normas de comportamiento para vivir en paz y con seguridad. Cuando la gente acata las leyes y las autoridades las hacen cumplir, se dice que existe un Estado de derecho. ¿Esto es lo que se está perdiendo en México? ¿Será por eso que la gente no confía en el gobierno ni en las instituciones, sobre todo de procuración de justicia?

    El gobierno de la ciudad es responsable de dar seguridad a los empleados, recintos y bienes de los tres poderes de la Unión que tienen su sede principal en el DF. El gobierno de la República, por su parte, debe preservar el orden, la seguridad y la paz interior con los instrumentos y atribuciones que le otorgan la Constitución y las leyes, incluida la violencia legítima.

    Ninguna de las dos instancias de gobierno actuó oportunamente, no hay detenidos ni información verosímil sobre quiénes fueron responsables de la negligencia: ¿la policía capitalina?, ¿el gobierno de la ciudad?, ¿los mandos de la Policía Federal?, ¿la Secretaría de Gobernación? No se sabe; esa información se ha ocultado o se ha pretendido falsificar y minimizar. ¿Olvidó la SEP asumir su responsabilidad y actuó como otras autoridades que prefieren que los problemas estallen antes de prevenirlos? ¿Son propios de un Estado de derecho el incumplimiento de las leyes por las autoridades y su violación por grupos delictivos o cubiertos con disfraces gremiales? ¿Se reduce la democracia a una ficción pasajera, a un autoengaño, cuando grupos y autoridades actúan al margen o en contra de las leyes?

    Desde que se trivializó el ejercicio del gobierno y degradó la investidura presidencial, la gente ha perdido su identidad con las instituciones de la república. El binomio delincuencia-impunidad tiene al país sumido en la desconfianza y la población está indefensa ante individuos y grupos capaces de amedrentar a las autoridades que deberían garantizar la seguridad. Cunde por el país la voluntad de los más fuertes y abusivos, como en las sociedades sin ley.

    ¿Qué está pasando con las leyes que pueden ser violadas impunemente por organizaciones violentas o se tuercen para disolver instituciones que no son gratas al poder en turno? ¿Son las leyes suficientes, completas, y pertinentes o ha dejado de ser funcional el orden jurídico de la nación?

    ¿Es por los crímenes impunes y la violencia asociada al narco y su combate que se explica por qué México es considerado uno de los países más violentos y con menor estabilidad política, por debajo de Bahamas o Namibia, según el Banco Mundial?, y, ¿por qué la confianza de la gente y los empresarios en las instituciones judiciales de México ha caído de 42 puntos en el año 2000 a 30 en 2008, superado ampliamente por Bahamas, Chile, Costa Rica y Kuwait, entre otros?

    ¿Somos una población a merced de la delincuencia, indefensa y sin autoridades que nos den la seguridad y justicia a que tenemos derecho? ¿Se ha perdido la confianza en las instituciones y en los funcionarios electos o designados para ejercer la autoridad y hacer cumplir las leyes? ¿Vivimos en un Estado de derecho cuando cualquier grupo de desaforados puede hacer lo que le venga en gana sin temor a la ley o a la autoridad?

    La gobernabilidad de un país consiste en preservar la estabilidad política y garantizar la seguridad, generar confianza en las instituciones de justicia y hacer valer el Estado de derecho. La gobernabilidad actual es precaria porque no se está cumpliendo con esos requisitos, y no porque exista una supuesta “generación del no” que impida cambios en las leyes, cuando las que hay no se aplican. ¿Habrán olvidado algunos el juramento pronunciado al asumir sus cargos de cumplir y hacer cumplir las leyes?

    Coordinador de los diputados federales del PRI



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