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Sandra Lorenzano

El poder de los medios y la ilegalidad



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    11 de abril de 2010

    “Es un regalo de la vida que alguien te cuente tu historia”. Francisco Madariaga Quintela, hijo de desaparecidos “recuperado” por las Abuelas

    No hay mucha gente que dude —tanto dentro como fuera de la Argentina— del excepcional lugar que ocupan las Abuelas de Plaza de Mayo en la lucha por los derechos humanos. Su incansable búsqueda de los niños secuestrados durante la última dictadura militar (1976-1983), muchos de ellos nacidos en cautiverio y dados en “adopción” a gente vinculada al poder, ha sido fundamental en la exigencia de verdad y justicia. ¿De qué otro modo que a través de la verdad y la justicia podría construirse una democracia sólida? Sin embargo, en los últimos tiempos han estado en el centro de la polémica recibiendo críticas feroces de la mayor parte de los medios de comunicación del país. ¿La razón? La exigencia de que se investigue la verdadera identidad de los hijos de Ernestina Herrera de Noble, dueña del poderosísimo grupo multimedios Clarín, el más grande del país (integra el diario del mismo nombre, Artear que produce y comercializa Canal Trece de Buenos Aires y las señales de cable TN, Volver, Magazine y Metro, entre otras, junto con decenas de empresas como editoriales, emisoras de radio, televisión, productoras de televisión, internet, telecomunicaciones, imprentas gráficas, correo tradicional y lo que se conoce como servicios de tercerización). Las dimensiones del grupo empresarial hacen que algunos lo llamen “el tercer poder de la Argentina”.

    Y es ni más ni menos que este “monstruo” de las telecomunicaciones el que lidera el ensañamiento contra las Abuelas de Plaza de Mayo y en especial contra su presidenta, Estela de Carlotto. “No queremos que esto se convierta en una guerra”, ha dicho ella en repetidas ocasiones. “Solamente se trata de saber la verdad sobre la identidad de los hijos adoptivos de la dueña de Clarín.” Pero ese adverbio —“solamente”— produce escozor entre los involucrados porque sin duda develaría el alcance de la impunidad incluso en democracia. El aparato de justicia del Estado se está convirtiendo una vez más en cómplice de esta impunidad provocando, entre otras cosas, que la autorización para analizar las muestras de ADN de Marcela y Felipe Noble en el Banco Nacional de Datos Genéticos y determinar así si fueron víctimas del sistemático robo de bebés organizado por los militares como parte del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, se haya encontrado una y otra vez con obstáculos de todo tipo.

    Algunos de los argumentos en contra de los análisis de ADN no apelan directamente a lo jurídico sino a ¿lo ético?, ¿lo afectivo? Son aquellos que hablan del “amor de una madre”, como si el amor y la justicia fueran excluyentes, o como si cualquier tipo de amor pudiera sostenerse sobre una mentira tan grave como el ocultamiento de la propia identidad. Hay que recordar que no estamos hablando de bebés abandonados sino de seres que fueron arrancados de los brazos de sus madres biológicas a las que se torturó hasta la muerte. ¿O nos hemos olvidado de los cuerpos arrojados desde el aire sobre el Río de la Plata? ¿O ya se han borrado de la memoria de la sociedad los horrores de los centros de detención, las picanas, las tumbas NN? A pesar de la lucha por los derechos humanos que llevan adelante diversos organismos, a pesar de que la Escuela Superior de Mecánica de la Armada —el mayor y más terrible campo de concentración de la dictadura— ha sido convertida en un espacio para la memoria, a pesar de la ausencia constante y dolorosa de los 30 mil desaparecidos, hoy la sombra de los sectores más autoritarios de la sociedad crece y busca una vez más hacer tambalear 25 años de (¿precario?) equilibrio democrático. Esa sombra tiene uno de sus núcleos más fuerte en los medios de comunicación; y el caso de Marcela y Felipe Noble Herrera, a quienes se les ha ocultado la verdad sobre su origen, es una de las puntas de lanza de una campaña basada en la mentira y el ocultamiento.

    “Ojalá cuando encuentre a mi nieto, no suceda algo así”, dijo Estela de Carlotto, quien preside la organización que ha recuperado la identidad de más de cien chicos nacidos en cautiverio, pero no aún la del bebé que tuvo su hija Laura Estela, detenida en noviembre de 1977 embarazada de tres meses, y cuyo cuerpo le fue entregado a la familia un año después con la zona del vientre destrozada.

    Cuando en el discurso que pronunció como representante de su propia agrupación, así como de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y de Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia, en el acto oficial del Día de la Memoria (el 24 de marzo último), Carlotto dijo que los cómplices del hambre de hoy son los mismos que sostuvieron ayer la dictadura, vinculó el presente y el pasado con algo más que el ejercicio del recuerdo. La consigna de la marcha fue “Por un Bicentenario sin impunidad, juicio y castigo ya”.

    ¿Será extraño en este contexto que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual recientemente aprobada y que finalmente sustituía a la que fuera promulgada durante la dictadura militar, haya sido suspendida hace pocos días? ¡Ah! Olvidaba decir que, entre muchas otras cosas, la nueva ley pone coto a la expansión de los poderes mediáticos.

    sandralorenzano.blogspot.com Twitter: sandralorenzano

    Escritora



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