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Editorial EL UNIVERSAL

Impunidad cero a amigos del fisco

Inspiración en el interés público, responsabilidad, búsqueda de la verdad, de permanente justicia y del cumplimiento de los derechos humano ...





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    11 de marzo de 2010

    Dice el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que en 2007 no pudo cobrar la friolera de 74 mil millones de pesos. Argumenta dos cosas: la primera, que sale más caro el caldo que las albóndigas, es decir, que el costo de cobrar esos créditos es muy alto. También arguye la imposibilidad práctica de buscar a personas supuestamente fallecidas o sin bienes inmuebles para embargar. Dicho esto, se queda de brazos cruzados mientras se niega a revelar el nombre de los contribuyentes a quienes perdonó, así como los criterios empleados para dejar a cada uno liberado de esa carga. Sospechoso, por decir lo menos.

     

    Cuando el señor Raúl Canseco Gastón, un ciudadano común, le pidió al SAT que justificara las razones precisas, caso por caso, de esas condonaciones, la institución respondió que no tiene la obligación de informar sobre el asunto, ya que a todos los contribuyentes los protege el secreto fiscal. El ciudadano acudió entonces al IFAI, el cual, en un hecho sin precedentes, instruyó al SAT a dar los nombres de los beneficiarios, así como las razones.

     

    El Instituto Federal de Acceso a la Información dijo que, en efecto, el secreto fiscal está previsto en nuestras leyes para proteger a los contribuyentes de la difusión de sus datos. Sin embargo, esto no incluye a quienes no lo son, porque han dejado de cumplir con su obligación tributaria. Sólo eso nos faltaba, que el secreto fiscal sirviera para cubrir a los incumplidos.

     

    También resolvió el IFAI que la lista de nombres de quienes se beneficiaron de la exención es un documento de interés público. Tiene mucho sentido, ya que cada centavo recaudado, o perdido, tiene impacto en el presupuesto de la nación, y por tanto, en las políticas públicas, en las obras de infraestructura, en los apoyos al campo, en las becas escolares, etcétera. Para darse una idea, el monto perdonado en 2007 es 6 veces mayor al que en ese periodo se asignó al programa Oportunidades, buque insignia del combate a la pobreza del gobierno federal. Equivale a un tercio del hoyo fiscal que citó el Ejecutivo para justificar el alza de impuestos. Claro, suponiendo que estos 74 mil millones son los únicos acumulados en el sexenio. No sabemos todavía si el SAT regaló más dinero a otros consentidos en años previos o posteriores, pero es de suponerse que así fue.

     

    Si esa práctica se repitió en el último lustro, el gobierno federal dejó escapar casi 4% del PIB anual, la mitad del gasto educativo en México en un ciclo fiscal.

     

    Sólo nos queda esperar que esta resolución del IFAI no sea usada para pretextar la intención que algunos integrantes del gabinete presidencial tienen para minar la fuerza del instituto y la definitividad de sus decisiones. Cuando el IFAI resuelve como ahora, la sociedad debe responder defendiéndolo del acoso externo.

     



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