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Diego Ernesto Díaz Iturbe

Transparencia legislativa, reforma indispensable

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    09 de marzo de 2010

    Hoy existe una sombra sobre una pieza clave de nuestra frágil democracia, la transparencia legislativa dista mucho de ser lo que de ella habíamos esperado. Pero, ¿qué es lo que se necesita para conseguir transparentar al Congreso? ¿Cómo lograr que las comisiones publiquen sus actas de reunión? ¿Cómo saber en qué serán gastados los más de 1,200 millones de pesos para los grupos parlamentarios de ambas cámaras este año? La respuesta es más simple de lo que parece; sin embargo, es necesario entender el andamiaje institucional y el desarrollo del derecho de acceso a la información en el país para comprenderlo.

    La razón por la que la Cámara de Diputados se niega a publicar datos tan elementales como las asistencias al pleno, a pesar de estar obligada por ley, es la misma por la que el Comité de Transparencia del Senado se reúne sin orden, controles ni obligaciones. Todo reside en el diseño institucional que no castiga el incumplimiento ¿por qué? Los legisladores son los jueces de su propia apertura, en vista de que no se encuentran bajo la jurisdicción del Instituto de Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).

    La LX Legislatura optó por reformar el Reglamento de Transparencia para instaurar su propio órgano garante formado por comisionados experimentados que gozarían de autonomía presupuestaria y de gestión. Sin embargo, en el papel, muchas ideas que parecen buenas se convierten en fantasías, pues a un año de la reforma no hay nombramientos ni cumplimiento.

    El Senado es peor, en él se rigen por un acuerdo parlamentario que no tiene el nivel jerárquico de un reglamento y que es un instrumento hecho para cumplir sin servir. Por esto es casi imposible conocer el funcionamiento de las comisiones y la distribución de recursos en los grupos parlamentarios, donde la discrecionalidad y la falta de fiscalización han permitido atrocidades como la compra de edificios como la “Torre Azul” para los senadores del PAN, o los constantes cambios de vehículos por modelos de ultimo año, devoluciones millonarias, seguros de gastos médicos para atención en el extranjero y muchos más abusos. Es inútil pretender que las cámaras se autorregulen, un error del diseño institucional.

    La Ley Federal de Transparencia no exime al Poder Legislativo de cumplir con los mismos ordenamientos que se le exigían al Ejecutivo —detallados en su Artículo 7—; sin embargo, lo clasifica como “otros sujetos obligados”. Esta clasificación reitera que la Ley, y por lo tanto el Instituto, fueron diseñadas sólo para el poder presidencial, al no contar con el instrumento que es el verdadero motor de la transparencia: el IFAI.

    Hoy todo estado del país tiene un órgano garante, como el IFAI. Empero, existe una diferencia crucial entre ellos y es que en las entidades federativas el órgano garante tiene jurisdicción sobre el Legislativo. Es aquí donde vale la pena ver a los estados, en el país existen más de una docena de leyes de transparencia que rebasan a la ley federal, alguna vez vanguardista pero ahora al borde de la obsolescencia. Por ejemplo, la Ley de Morelos tiene jurisdicción sobre el Legislativo e incluso puede sancionar económica y penalmente a quienes la violen. Casos similares se dan en Aguascalientes, Jalisco y DF. Los resultados son más que evidentes, en el ámbito local es posible conocer con mayor detalle el actuar de los legisladores y en consecuencia exigir más de ellos y generar una verdadera rendición de cuentas.

    El IFAI ha sido una pieza de importancia vital para labrar el presente de la transparencia, desde su intachable labor hasta sus esfuerzos por llevar al nivel constitucional el derecho de acceso a la información pública. Hoy es ejemplo a seguir en muchos sentidos y es incluso un referente internacional. Sin embargo, ha sido rebasado por instituciones hermanas regionales. Es tiempo de que el IFAI se ponga al nivel que han alcanzado los órganos garantes en varios estados del país.

    Ahora que se habla de reformar al Estado es fundamental primero garantizar la transparencia legislativa, pues de poco servirá poder reelegir a los legisladores si no existe la posibilidad de generar distinciones entre aquellos que han cumplido sus promesas de campaña, quienes han mantenido un vínculo estrecho con sus representados, de aquellos que sólo persiguen intereses de grupo. Aprobar la reelección legislativa sin un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas vinculante es sólo propiciar cacicazgos y dinastías parlamentarias.

    Para conseguir que la transparencia arribe a las cámaras legislativas no es necesario crear nuevas leyes ni reformar la Constitución —pues el IFAI ya cuenta con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión— basta con modificar Ley de Transparencia y derogar su Artículo 61 que otorga a los demás poderes el carácter de “otros sujetos obligados” y los deslinda de la jurisdicción del IFAI. Con un órgano garante fortalecido y con facultades sobre el Legislativo sin duda mejorará sustancialmente el estado de la transparencia legislativa y de inmediato se fortalecerá la rendición de cuentas y el poder de la ciudadanía.

    Director de Impacto Legislativo



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