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Javier Aparicio

Las preguntas de la reforma política



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    24 de enero de 2010

    Hace poco más de un mes el presidente Felipe Calderón presentó una ambiciosa iniciativa de reforma política. Diversos especialistas se han dado a la tarea de discutir las ventajas y desventajas de la iniciativa en conjunto, y de cada una de las 10 propuestas específicas contenidas en ella.

    De acuerdo con la encuesta telefónica realizada por EL UNIVERSAL entre el 14 y 18 de enero, 89% de los ciudadanos opina que hace falta una “reforma política”. Sin embargo, solamente uno de cada cinco ciudadanos ha oído hablar de la propuesta del Presidente, y sólo uno de cada siete logró mencionar alguna de las 10 propuestas. ¿A qué se refiere la opinión pública cuando mayoritariamente cree que hace falta una reforma política? Destacan tres temas poco sorprendentes: la inseguridad, la economía y el empleo, y mayor honestidad de los políticos. Muy pocos mencionan algo siquiera cercano a los temas centrales de la iniciativa, como son la reelección o mejorar las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.

    Estos resultados reflejan los escasos niveles de información política de nuestra sociedad fuera de “tiempos de campaña”. También reflejan, quizá, que los detalles finos del sistema político no son de gran interés para una sociedad acostumbrada a esperar poco de su gobierno (“gane quien gane, aquí no pasa nada”). Sin embargo, al consultar expresamente sobre cada una, ocho de las 10 propuestas de la iniciativa cuentan con un acuerdo igual o mayor a 65%. En contraste, entre 44 y 46% de los encuestados desaprueban la reelección consecutiva de alcaldes y legisladores.

    En los próximos días es posible que la reforma política reciba una mayor atención en los medios y en la arena pública, una vez que los líderes políticos —los principales beneficiarios del statu quo, y por ende los primeros afectados por reformas de este tipo—, se pronuncien respecto de cada una de las propuestas.

    Resulta difícil saber si la reforma propuesta es “buena o mala” en conjunto, pues persigue fines no necesariamente complementarios. El aspecto más importante de la reforma es la reelección consecutiva de alcaldes y legisladores. Por diversas razones, la reelección produciría el mayor impacto en nuestro sistema político: afectaría tanto el vínculo entre ciudadanos y representantes, como la relación entre poderes y las políticas públicas. Pero el statu quo tiene defensores insospechados: no dejan de sorprender los variopintos argumentos con que hoy se defienden las indefendibles “reglas a modo” de nuestro pasado régimen autoritario. Hay que decirlo: sin la reelección, el resto de reformas políticas tendrían un impacto más bien modesto.

    Las candidaturas independientes y la iniciativa ciudadana son la cereza en el pastel para la sociedad civil organizada. A primera vista, su impacto sustantivo quizá no sea grande, puesto que la mayoría de ellas fracasarían en las urnas o en el pleno. Pero no debe desdeñarse que unas y otras tendrían efectos secundarios en la democratización de los partidos y en el proceso legislativo. Las candidaturas independientes, por ejemplo, debilitan la discrecionalidad de las cúpulas partidistas. Otras, como la disminución del tamaño de las cámaras, son relativamente cosméticas pero “venden bien” a pesar de que disminuyen la representatividad del Congreso.

    El resto de las medidas anunciadas pretenden mejorar la coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo: umbral de representación, segunda vuelta, iniciativa preferente y veto parcial. A primera vista, resulta difícil oponerse a tal objetivo, sobre todo tras más de 12 años de parálisis en temas de primera importancia como las llevadas y traídas reformas estructurales. Estas reformas pretenden disminuir la fragmentación del Congreso y dotar de un mayor poder de negociación al Ejecutivo. Pero el diablo está en los detalles porque, a menor fragmentación partidista, menor representatividad y pluralidad del Congreso.

    Varios críticos de la reforma han señalado repetidamente que ésta apunta hacia un bipartidismo y los voceros del gobierno federal responden con juegos de palabras para omitir lo obvio: la apuesta es mejorar la negociación entre poderes con un menor número de actores políticos clave. Y esto no es necesariamente malo. Pero como bien señala Gabriel Negretto, experto en esta materia, “restringir la representación para incrementar la efectividad legislativa del Presidente puede tener como precio la insatisfacción generalizada de la ciudadanía frente a las políticas públicas aprobadas”.

    El debate apenas comienza y aún hay varias preguntas de fondo. Primero, ¿qué aspectos del decálogo son lo que más interesan al Presidente? Segundo, ¿qué aspectos del decálogo pueden interesar hoy día a los líderes del PRI, quienes ya casi se sienten de vuelta en el poder? Tercero, ¿quién dará la batalla por la reelección para con ello dar más poder a los votantes? Y por último, ¿cuándo podremos castigar a los malos políticos con algo más que votos?

    conomics.wordpress.com)

    Profesor-investigador del CIDE



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