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John Scott

Efectos del gasolinazo

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    21 de enero de 2010

     

     

     

    En medio de una de las más difíciles coyunturas económicas de tiempos recientes y la necesidad urgente de dirigir al país con visión, claridad y decisión hacia las reformas necesarias para recuperar un cuarto de siglo de crecimiento perdido, el tema que nuestros representantes políticos eligieron priorizar para inaugurar este año del bicentenario no ha sido el planteamiento de un sistema de seguridad social universal, o las reformas política, fiscal, energética, laboral o educativa, sino el aumento de 1% en el precio de la gasolina Magna —el mítico “gasolinazo”—. Más allá de sus efectos para la política de ingresos y subsidios energéticos en México, el episodio ilustra la pobreza del debate sobre las políticas públicas que impera actualmente en el país, desde las múltiples trincheras políticas e institucionales, y aún en los medios de comunicación.

    La mejor ilustración de la coherencia de las políticas de precios y la capacidad gubernamental de comunicar estas políticas la ofrece el último Informe del Vocero de la SHCP (12.01.10): “Con el afán de apoyar a los que menos tienen… los ajustes mensuales a los precios de la gasolina Magna y el diesel primero fueron suspendidos en septiembre de 2007 y reanudados en abril de 2008 y luego volvieron a interrumpirse temporalmente a principios de 2009”. Pocos párrafos después, como si fuera otro gobierno, el mismo informe explica la necesidad urgente de corregir los desajustes acumulados en el precio de la gasolina a riesgo de “subsidiar injustamente a los más ricos… mantener una distorsión de precios llena de buenas intenciones.” (énfasis agregado). ¿Cuál de estas esquizofrénicas afirmaciones es correcta, la que se usó para justificar el congelamiento (y retoma ahora la oposición para mantenerlo), o la que se invoca para eliminarlo? ¿Se apoyó a los pobres, o se subsidió a los ricos?

     

    Afortunadamente para el futuro inmediato del país es el gobierno del segundo párrafo, y del 2010, quien está en lo correcto. En efecto podemos hablar de un verdadero “gasolinazo”, con un sacrificio importante de bienestar para la sociedad, y especialmente para los pobres, pero este no es el de diciembre, sino la decisión original y errática (como describe el mismo vocero de Hacienda con toda seriedad) de convertir una fuente de recursos fiscales importante, eficiente y equitativa, el impuesto especial (IEPS) a las gasolinas, en un subsidio altamente distorsionante y regresivo (inequitativo) entre 2006 y 2009. El espacio disponible sólo permite resumir los costos principales de esta política (para los datos y fuentes detalladas ver …).

     

    Actualmente, el precio al público de la gasolina en México es el más bajo entre todos los países de la OCDE, las principales economías emergentes, y aun América Latina después de Venezuela, Cuba, Ecuador y Bolivia. Entre 2004 y 2008, este precio aumentó apenas 24%, cuando el precio de importación de gasolinas para Pemex aumentó 170%. Las diferencias internacionales en los precios de la gasolina reflejan principalmente impuestos a la gasolina, que en México fueron significativos en la década de los 90, pero se han reducido drásticamente a partir de 2003. Desde 2006, el IEPS a las gasolinas se convirtió en un subsidio que en 2008 representó 218 mil millones de pesos, o 1.8 puntos del PIB, equivalente a casi seis veces el gasto total en Oportunidades o el Seguro Popular.

     

    Increíblemente, el subsidio se anunció como un apoyo a las familias más pobres, a pesar de que 70% del subsidio beneficia al tercio más rico de la población, y apenas 3.5% llega al 20% más pobre. Es decir, al gobierno le pareció una buena idea donar 20 pesos a un rico por cada peso que logra transferirle a un pobre. Dada su magnitud y regresividad, en 2008 el subsidio revirtió el efecto redistributivo de los programas sociales mejor focalizados, como Oportunidades.

     

    Vale la pena contrastar 2008 con 2002, cuando el precio de la gasolina en México superó al de EU en 66%, y el IEPS a las gasolinas recaudó 1.2% del PIB. A pesar de ello, y de un contexto recesivo, en 2000-2002 la pobreza alimentaria disminuyó en 4 puntos porcentuales, precisamente la magnitud que ha aumentado en 2006-2008 a pesar del subsidio masivo.

     

    El subsidio también se justificó como una medida antiinflacionaria, pero los otros países de la OCDE y economías emergentes no han perdido el control de la inflación por permitir el ajuste de sus precios domésticos de gasolinas y energéticos. La inflación en México en 2009 fue de apenas 3.57%.

     

    Entre 2006 y 2009 se asignaron casi 3 puntos del PIB a subsidiar el gasto de los estratos de mayores ingresos y el sobreconsumo de contaminantes, que se hubieran podido invertir en infraestructura para el crecimiento o servicios básicos para los más pobres. Ante coyunturas económicas como la presente, resulta fácil administrativamente ofrecer subsidios generalizados a la población por vía de los precios que aún controla el Estado, como los energéticos, pero podemos extraer dos lecciones importantes de esta historia. Primero, su introducción debe considerar los costos políticos de su eventual eliminación. Un antecedente relevante es el subsidio eléctrico residencial, que se originó cuando los gobiernos de los años 70 relajaron el deslizamiento de los precios de la electricidad en un contexto inflacionario, pasándole el costo político y fiscal a las administraciones subsecuentes hasta que se volvió políticamente inviable su eliminación. Actualmente este subsidio representa 100 mil millones de pesos y ha sido capturado en gran medida por los trabajadores eléctricos, haciéndolo aún más regresivo. Es importante reconocer que la reciente liquidación del caso más extremo de esta captura, LFC, y la capacidad de corregir el rumbo y resistir la presión por mantener congelado el precio de las gasolinas (sin minimizar el costoso error original), representa un golpe de timón histórico por parte de la presente administración que hay que celebrar, apoyar y vigilar.

    Dada la distribución del ingreso que impera en México, cualquier subsidio generalizado al consumo resulta necesariamente regresivo, incluyendo los subsidios generalizados a alimentos y medicinas implícitos en las exenciones al IVA. Para “apoyar a los que menos tienen” se requieren subsidios o transferencias focalizados, como Oportunidades, o subsidios generalizados a bienes alimentarios básicos. Mejor aún sería empezar a construir el sistema de seguridad social universal capaz de proteger a la población ante contingencias económicas como la presente. Tres puntos del PIB no hubieran sido mala inversión en este proyecto.

     

    Profesor investigador del CIDE

    http://www.eluniversal.com.mx/graficos/pdf10/gasolinazo.pdf

     

     



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